La Fiscal¨ªa investiga el aval de la Generalitat a los encausados por el Tribunal de Cuentas
El ministerio p¨²blico indagar¨¢ la legalidad de la actuaci¨®n del Instituto Catal¨¢n de Finanzas tras una denuncia de Ciudadanos
El aval concedido por la Generalitat a los 34 excargos del Gobierno catal¨¢n encausados por el Tribunal de Cuentas amenaza con desplegar un nuevo frente judicial vinculado al proc¨¦s. El primer paso lo ha dado este mi¨¦rcoles la Fiscal¨ªa, que abri¨® diligencias de investigaci¨®n para averiguar si ha habido delito en la concesi¨®n de un aval por p...
El aval concedido por la Generalitat a los 34 excargos del Gobierno catal¨¢n encausados por el Tribunal de Cuentas amenaza con desplegar un nuevo frente judicial vinculado al proc¨¦s. El primer paso lo ha dado este mi¨¦rcoles la Fiscal¨ªa, que abri¨® diligencias de investigaci¨®n para averiguar si ha habido delito en la concesi¨®n de un aval por parte del Instituto Catal¨¢n de Finanzas (ICF) para que los afectados cubran los 5,4 millones de fianza que les ha impuesto el ¨®rgano fiscalizador del Estado.
El fiscal superior de Catalu?a, Francisco Ba?eres, ha ordenado a la Fiscal¨ªa de Barcelona que ¡°practique las actuaciones procedentes para el esclarecimiento de los hechos¡±. En un plazo m¨¢ximo de seis meses, las diligencias pueden ser archivadas o bien transformarse en una denuncia o querella ante los juzgados. La investigaci¨®n del ministerio p¨²blico es fruto de una denuncia presentada por Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, que denuncia que el aval ¡ªuno de los mecanismos previstos en el decreto aprobado por el Gobierno catal¨¢n para salir en auxilio de los encausados¡ª es una ¡°operaci¨®n fraudulenta¡±.
Las diligencias se ci?en solamente a la junta de gobierno del ICF, el ¨®rgano que la semana pasada aprob¨® el mecanismo del aval en una votaci¨®n muy dividida y solo dos d¨ªas despu¨¦s de que tres de sus miembros independientes presentaran la dimisi¨®n. El partido naranja tambi¨¦n hab¨ªa incluido en su denuncia a tres miembros del Govern: el presidente Pere Aragon¨¨s, el consejero de Econom¨ªa Jaume Gir¨® y la consejera de Presidencia Laura Vilagr¨¤. La Fiscal¨ªa, sin embargo, ha ordenado que esa parte se archive porque ya existe un procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) impulsado por Vox.
El alto tribunal catal¨¢n ha aclarado, en un comunicado, que tiene sobre la mesa dos querellas contra miembros del Govern por el aval en el Tribunal de Cuentas. Ninguna de las dos ha sido a¨²n admitida a tr¨¢mite, lo que significa que ni siquiera en el plano formal se ha iniciado, por ahora, una investigaci¨®n. Solo la de Vox ha sido registrada, paso previo para que se reparta al magistrado ponente y este recabe la opini¨®n del fiscal antes de decidir sobre su admisi¨®n.
Tras conocer las diligencias abiertas por la Fiscal¨ªa, el consejero Gir¨® ha insistido en que el aval del ICF ¡°tiene una solidez jur¨ªdica total y absoluta¡±. ¡°Respeto las decisiones de todo el mundo, incluso de aquellos partidos que quieren sacar r¨¦dito pol¨ªtico del sufrimiento de las personas, ya estamos acostumbrados¡±, dijo en alusi¨®n a las denuncias de Ciudadanos y Vox. Gir¨® lament¨® lo que califica de un nuevo intento de ¡°judicializar la pol¨ªtica¡±, informa Camilo S. Baquero.
El aval es uno de los mecanismos previstos en el decreto que aprob¨® el Gobierno catal¨¢n para proteger a funcionarios y cargos p¨²blicos inmersos en procesos judiciales. Gir¨® intent¨® que alguna entidad financiera espa?ola avalara las fianzas pero, al no lograrlo, tuvo que recurrir al aval directo del ICF.
La investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa y las querellas ante el TSJC se unen a las dudas que el aval ha suscitado en el Tribunal de Cuentas. El ¨®rgano fiscalizador duda de la legalidad de afianzar con dinero p¨²blico las cantidades presuntamente malgastadas por ex altos cargos catalanes en la gesti¨®n de fondos p¨²blicos: 5,4 millones de euros en la promoci¨®n exterior del proc¨¦s.
Informes clave
El tribunal ha pedido un informe a la Abogac¨ªa del Estado, que en los pr¨®ximos d¨ªas deber¨¢ analizar si el aval cumple con la ley. Con ese informe en la mano, los instructores decidir¨¢n si aceptan el aval del ICF presentado por 29 de los 34 ex altos cargos. De lo contrario, y si los afectados no prestan fianza suficiente ¡ªmediante cuentas bancarias o propiedades¡ª, iniciar¨¢ el proceso de embargo.
Otro informe jur¨ªdico clave ¡ªaunque no es vinculante¡ª es el que debe emitir esta misma semana el Consejo de Garant¨ªas Estatutarias de Catalu?a. El consejo analiza las caracter¨ªsticas del fondo creado por el Govern para avalar a encausados y se pronunciar¨¢, tambi¨¦n, sobre si se ajusta a le ley. El l¨ªder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, asegur¨® que su grupo apoyar¨ªa esta iniciativa si contaba con el aval de ese organismo de control.
La Generalitat tom¨® la determinaci¨®n de avalar directamente a los 34 ex altos cargos cuando faltaban pocas horas para que se cumpliera el plazo dado por el Tribunal de Cuentas para presentar las fianzas. Gir¨® hab¨ªa asegurado, en rueda de prensa, que el Govern no recurrir¨ªa al ICF para no poner en riesgo a los funcionarios. Solo un d¨ªa despu¨¦s, y tras no hallar una salida en el sistema bancario, rectific¨®.
La votaci¨®n en el ICF dividi¨® al organismo. El consejero delegado, V¨ªctor Guardiola, se abstuvo. Los tres consejeros dominicales (nombrados por la Generalitat) votaron a favor de la operaci¨®n, mientras que tres independientes lo hicieron en contra. El empate a tres lo deshizo, con su voto de calidad, Albert Castellanos, presidente de la junta de gobierno. Se dio otra circunstancia singular: otros tres miembros independientes de la junta (Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger) dimitieron de sus cargos dos d¨ªas antes de que se aprobara el aval. El consejero Gir¨® record¨® ayer que esos tres consejeros ten¨ªan el mandato caducado y se mostr¨® comprensivo con su dimisi¨®n: ¡°Estaban en su derecho al ver la que se ha montado en la opini¨®n p¨²blica¡±.