El Tribunal de Cuentas se inclina por rechazar el aval de la Generalitat

El Tribunal de Cuentas se inclina por rechazar el aval que el mi¨¦rcoles present¨® el Gobierno catal¨¢n para prestar la fianza de 5,4 millones reclamada a 34 ex altos cargos p¨²blicos de la Generalitat por gastos indebidos en la promoci¨®n exterior del proc¨¦s, seg¨²n indicaron a EL PA?S fuentes del organismo fiscalizador.

La vuelta atr¨¢s de la Generalitat para recuperar la idea de un aval del Institut Catal¨¤ de Finances (ICF) ha devuelto a su vez a la casilla de salida los c¨¢lculos y valoraciones del Tribunal de Cuentas sobre la posible validez de esta f¨®rmula, que se sigue considerando no id¨®nea en este ¨®rgano de fiscalizaci¨®n. El aval est¨¢ siendo estudiado por la delegada instructora, Esperanza Garc¨ªa. Fuentes del Tribunal subrayan que todos los intentos precedentes de pago por v¨ªas que compromet¨ªan fondos p¨²blicos han sido rechazados hasta ahora.

Es probable que la delegada instructora conteste este mismo jueves a los representantes legales de los investigados sobre la validez del citado aval. Su decisi¨®n, en todo caso, no ser¨¢ la ¨²ltima palabra del Tribunal de Cuentas en este asunto. La resoluci¨®n sobre la forma de pago es recurrible ante la Sala de Justicia, y se da por hecho que habr¨¢ recurso.

Si el aval fuera aceptado, la entidad antiindependentista Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constituci¨®n, que ejercen la acci¨®n popular, impugnar¨ªan la decisi¨®n. Y si fuera rechazado podr¨ªan ser los investigados o el propio Institut Catal¨¤ de Finances los que recurrieran. A tenor de los debates que tuvieron lugar cuando empez¨® a hablarse de la posibilidad de que la Generalitat se hiciera cargo del afianzamiento de la cantidad reclamada, el Tribunal de Cuentas se inclina por inadmitir f¨®rmulas que supongan el empleo de fondos p¨²blicos, en especial si proceden de la Administraci¨®n que en principio fue perjudicada por el mal uso que se hizo de ellos al dedicarlos a unos objetivos para los que las instituciones auton¨®micas no tienen competencias. No obstante, lo parad¨®jico en este asunto es que la Generalitat no se considera perjudicada ni reclama cantidad alguna en este expediente.

Se da por hecho, en cualquier caso, que la ¨²ltima palabra la dir¨¢ la Sala de Justicia, compuesta por tres magistrados. Se trata de su presidente, Jos¨¦ Manuel Su¨¢rez Robledano, que fue propuesto por el PP, Mar¨ªa Antonia Lozano, designada a propuesta del PSOE e IU, y Felipe Garc¨ªa Ortiz, elegido por iniciativa del PSOE. Fuentes del Tribunal de Cuentas interpretan que esta Sala pod¨ªa dar validez a un aval de la Generalitat que hubiera contado con el respaldo de una entidad bancaria, cosa que no ha ocurrido. Sobre todo teniendo en cuenta que la Abogac¨ªa del Estado no va a presentar demanda, por considerar que incurre en falta de legitimaci¨®n activa, ya que el perjuicio no se caus¨® a la Administraci¨®n estatal, sino a la Generalitat.