El Tribunal de Cuentas pide un informe a la Abogac¨ªa del Estado ante las ¡°dudas¡± sobre la legalidad de los avales del ¡®proc¨¦s¡¯

El Tribunal de Cuentas ha pedido este martes un informe a la Abogac¨ªa del Estado tras mostrar sus ¡°dudas¡± sobre la ¡°suficiencia y legalidad¡± de los avales presentados por el Institut Catal¨¤ de Finances (ICF), dependiente de la Generalitat, para hacer frente al aseguramiento de los 5,4 millones de euros que se les reclaman a 34 ex altos cargos y funcionarios de la administraci¨®n catalana por su presunta implicaci¨®n en el proc¨¦s independentista, seg¨²n informaron fuentes del Tribunal. El organismo fiscalizador quiere saber si estos avales ¡°pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, que asumen directamente la propia Administraci¨®n auton¨®mica perjudicada¡±, en referencia a la Generalitat. La delegada instructora, Esperanza Garc¨ªa, hace constar en su petici¨®n que el informe se elabore a la mayor brevedad, pese a lo cual la Abogac¨ªa del Estado no tiene un plazo concreto para llevarlo a cabo.

La decisi¨®n del Tribunal supone, por un lado, retrasar su decisi¨®n despu¨¦s de que el pasado jueves ya acordara paralizar los embargos de bienes que hab¨ªa iniciado a primera hora de la ma?ana tras ser informado por los abogados de los ex altos cargos de la inminente llegada de la garant¨ªa. Durante la jornada anterior, se anunci¨® reiteradamente la llegada de los avales, para los que hab¨ªan surgido problemas de tramitaci¨®n, seg¨²n las defensas. Parte sustancial de dichos problemas fueron las dimisiones registradas en el Institut Catal¨¤ de Finances (ICF) a ra¨ªz de este asunto.

Por otro lado, la decisi¨®n del Tribunal de Cuentas supone, de forma clara, un emplazamiento al Gobierno. Dada la relaci¨®n entre el Ejecutivo y la Abogac¨ªa del Estado, organismo nacido para preservar esencialmente los intereses de la Hacienda P¨²blica, la solicitud del informe refleja la voluntad de conocer el criterio del Gobierno en un asunto que afecta al presunto mal uso de los fondos p¨²blicos. El emplazamiento es tanto m¨¢s significativo al llegar en un momento en que el Ejecutivo hab¨ªa dejado claro que la Abogac¨ªa del Estado no iba a continuar actuando en el expediente contra los 34 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat.

El motivo es que una sentencia dictada por el propio Tribunal de Cuentas en 2018 neg¨® que la Abogac¨ªa tuviera legitimaci¨®n activa para participar en el procedimiento sobre el desv¨ªo de dinero p¨²blico para organizar la consulta del 9-N de 2014. El Gobierno argument¨® hace apenas dos semanas que la Abogac¨ªa, por tanto, no presentar¨ªa demanda para que este expediente entrara en su pr¨®xima fase, la del procedimiento que ha de llevar a la celebraci¨®n de una vista oral en la que se establezcan las responsabilidades contables ahora exigidas con car¨¢cter preventivo.

La decisi¨®n del Tribunal de Cuentas ha trascendido durante la rueda de prensa posterior a la reuni¨®n semanal del Ejecutivo catal¨¢n. La portavoz, Patr¨ªcia Plaja, ha insistido en la pulcritud jur¨ªdica del fondo de 10 millones de euros con el que la Generalitat pretende que se abonen las fianzas a los exaltos cargos investigados y ha pedido al Tribunal de Cuentas que ¡°no haga pol¨ªtica¡±, informa Camilo S. Baquero. El decreto ley del Govern, que puso en marcha la f¨®rmula de avales y contraavales, ser¨¢ convalidado por el Parlament este jueves y saldr¨¢ adelante gracias a la mayor¨ªa independentista en la C¨¢mara catalana.

La sesi¨®n de convalidaci¨®n del decreto-ley coincide con la fecha l¨ªmite que tiene el Consejo de Garant¨ªas Estatutarias (CGE) para emitir un dictamen, no vinculante, sobre si la norma se ajusta o no a derecho. Ese informe hab¨ªa sido solicitado por el PSC (que ha evitado cargar contra el fondo directamente, a la espera de la respuesta del ente), pero es clave para el Govern, que considera que si recibe un espaldarazo o las observaciones no son muy de fondo, ser¨ªa muy dif¨ªcil para el ¨®rgano fiscalizador rechazar los avales. Se abre de facto, adem¨¢s, la posibilidad a un choque de trenes jur¨ªdico entre la Abogac¨ªa del Estado y el CGE. El Consejo, sin embargo, siempre suele ser muy cr¨ªtico en su valoraci¨®n de las leyes catalanas y, en muchas ocasiones, ha advertido claramente de que invaden competencias estatales, por ejemplo, en el caso de la del tope de los alquileres.

Paralizado los embargos

El pasado jueves, el tribunal paraliz¨® los embargos de bienes que hab¨ªa decidido a primera hora de la ma?ana para cubrir la fianza impuesta a los 30 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat de Catalu?a que no hab¨ªan entregado los avales necesarios despu¨¦s de que los abogados de estos comunicaron al Tribunal de Cuentas que sus defendidos hab¨ªan decidido acogerse a los avales del ICF para hacer frente al aseguramiento de la millonaria cantidad que se les reclama por los gastos que la administraci¨®n catalana desvi¨® presuntamente a la promoci¨®n exterior del proc¨¦s independentista.

El president Pere Aragon¨¨s pas¨® el pasado s¨¢bado de puntillas sobre la pol¨¦mica desatada por la forma c¨®mo se aprobaron estos avales en el seno del ICF. En un acto en Terrassa (Barcelona), Aragon¨¨s se limit¨® a expresar su agradecimiento a ¡°todos los servidores p¨²blicos¡± por ¡°el compromiso¡± con sus labores y soslay¨® el hecho de que tres consejeros independientes de del ICF hubieran abandonado el cargo antes de votar la aprobaci¨®n de la garant¨ªa por si disconformidad con esta.