Absueltos tres miembros del Sindicato de Inquilinos de Barcelona juzgados por una protesta
La Fiscal¨ªa ped¨ªa para el portavoz y dos activistas afiliados tres a?os de c¨¢rcel por coacciones durante la okupaci¨®n de un local
La juez ha absuelto a Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos, y a dos arrendatarios afiliados, para quienes la Fiscal¨ªa ped¨ªa tres a?os de c¨¢rcel por coacciones en la okupaci¨®n de un local, en el marco de una protesta contra un propietario que se negaba a prorrogarles el alquiler. En su sentencia, la titular del...
La juez ha absuelto a Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos, y a dos arrendatarios afiliados, para quienes la Fiscal¨ªa ped¨ªa tres a?os de c¨¢rcel por coacciones en la okupaci¨®n de un local, en el marco de una protesta contra un propietario que se negaba a prorrogarles el alquiler. En su sentencia, la titular del juzgado de lo penal n¨²mero 11 de Barcelona concluye que no est¨¢ acreditado que en la ocupaci¨®n del local, un centro del Instituto de Belleza Francis que pertenece a la familia propietaria del piso, se empleara violencia e intimidaci¨®n, por lo que absuelve a los activistas al entender que, ante las dudas, es lo m¨¢s ¡°l¨®gico, humano y prudente¡±.
La campa?a reivindicativa que llev¨® a juicio a Palomera y a los dos inquilinos afiliados a su sindicato se centra en la okupaci¨®n del centro de est¨¦tica, donde en octubre de 2018 entre 30 y 40 activistas permanecieron durante cuatro horas hasta que arrancaron un compromiso de la propiedad para renegociar el alquiler de la pareja.
La familia propietaria fue la primera sancionada por el Ayuntamiento de Barcelona por acoso inmobiliario (con dos multas que sumaban 180.000 euros) por el estado de abandono de la vivienda donde resid¨ªan los dos inquilinos encausados, quienes en el juicio describieron que hab¨ªa tuber¨ªas que escup¨ªan aguas fecales contra las ventanas, una plaga de termitas, ratas en el patio de luces y falta de agua potable.
Adem¨¢s, seg¨²n la versi¨®n de la pareja, la propiedad que gestionaba el inmueble (situado en el barrio de Sant Antoni, donde el precio de la vivienda se ha disparado en los ¨²ltimos a?os) se negaba a renovarles el alquiler alegando que en el piso iban a residir familiares, hasta que con la nueva ley se vieron obligados a ofrecerles un arrendamiento social.
En su sentencia, la juez se remite a la declaraci¨®n ¡°seria, clara, contundente y sin contradicci¨®n¡± de los testigos, que explicaron que en el centro irrumpi¨® un gran n¨²mero de personas que no llegaron a impedir la actividad, por lo que, ¡°aparte de las molestias¡±, no hubo ning¨²n episodio de violencia o intimidaci¨®n.
Para la magistrada, no se ha acreditado ¡°la comisi¨®n de un temor racional y fundado¡± a la gerente del local Ana Maria Mas-Beya Fradera, miembro de la familia propietaria que estaba en el centro ocupado, ni que esta se viera obligada a ¡°efectuar lo que no quer¨ªa¡±.