Caos en las facturas de los Bomberos de la Generalitat: ¡°Cada a?o no se llega con el dinero¡±

Los tel¨¦fonos de cuatro cargos de los Bomberos de la Generalitat y de un empresario estuvieron intervenidos durante un mes por orden de la jueza que investiga las presuntas anomal¨ªas en los contratos de mantenimiento de la flota. Las conversaciones han servido para acreditar que hubo, seg¨²n la magistrada, una ¡°gesti¨®n del dinero p¨²blico irregular y permanente en el tiempo¡±; una realidad que acab¨® siendo ¡°aceptada¡± por los funcionarios y que est¨¢ por ver que sea delictiva. Los pinchazos, sin embargo, no acreditaron la otra l¨ªnea de investigaci¨®n abierta: que esas irregularidades escond¨ªan el pago de una ¡°compensaci¨®n econ¨®mica¡± de la empresa adjudicaria a los funcionarios. No hubo mordidas y tampoco hay indicios de que el nuevo proceso de adjudicaci¨®n abierto por el Departamento de Interior haya sido objeto de ¡°manipulaciones¡±.

El mantenimiento preventivo de los veh¨ªculos de Bomberos est¨¢ externalizado desde 2002. La adjudicataria ha sido siempre la misma empresa, la sevillana Iturri, entre otras cosas porque muchas veces era la ¨²nica que se presentaba a concurso. El problema es que, en los ¨²ltimos a?os, el presupuesto para el mantenimiento se consum¨ªa mucho antes de diciembre, lo que obligaba a Interior a hacer reconocimientos de deuda con Iturri con tal de que ¨¦sta siguiera revisando los veh¨ªculos.

La situaci¨®n se volvi¨® insostenible en 2021: en marzo se hab¨ªa gastado ya el 71% del presupuesto. Interior abri¨® una informaci¨®n reservada. Miquel S¨¤mper, entonces consejero, envi¨® el expediente a la fiscal¨ªa. El ministerio p¨²blico investig¨® los hechos y present¨® una denuncia ante el juzgado, que es el que ahora ha citado a declarar como investigados a siete mandos de los Bomberos; entre ellos, el exdirector general de Incendios y Salvamento de la Generalitat, Manel Pardo, y su sucesor, Joan Delort.

La jueza concedi¨® una intervenci¨®n telef¨®nica de un mes a los Mossos para investigar los hechos que han servido para ¡°corroborar las irregularidades¡±. En una conversaci¨®n, uno de los investigados admite que la pr¨¢ctica de acumular deuda con Iturri se produce desde hace ¡°12 o 14 a?os¡± y que comporta ¡°alteraciones en los albaranes¡±. Llega a decir, seg¨²n el auto judicial, que los desajustes son de tal calibre que el control lo tiene de hecho la empresa y hay que confiar en las facturas que presenta. ¡°La cosa quiz¨¢s est¨¢ mal hecha¡±, afirma.

¡°Cada a?o no se llega con el dinero¡±, admite otro mando investigado que indica que un compa?ero ¡°levant¨® la liebre¡± al negarse a autorizar una reparaci¨®n sabiendo que se hab¨ªa agotado el presupuesto. Un tercer cargo de Bomberos afirma que se facturan servicios ¡°realizados meses antes¡±, pero replica que son los funcionarios los que ¡°han tenido el control sobre lo que ten¨ªa que facturar o no¡±.

De las conversaciones telef¨®nicas no se desprende ning¨²n indicio sobre el pago de comisiones. La jueza andaba tras esa pista porque el exdirector Pardo, al dar explicaciones a una letrada de Interior sobre las irregularidades en los contratos, hab¨ªa hecho menci¨®n a un ¡°2%¡±. Ese porcentaje, seg¨²n fuentes de la defensa, tiene que ver con gastos de gesti¨®n del contrato, pero la letrada ¡ªque declarar¨¢ como testigo ante la jueza¡ª interpret¨® que pod¨ªa ser un indicio de delito.