Catalu?a podr¨¢ multar a los grandes propietarios que toleren la ocupaci¨®n de sus viviendas

El Gobierno catal¨¢n ha propuesto dos reformas legislativas para luchar contras las ocupaciones ilegales de inmuebles con car¨¢cter delictivo. La consejera de Justicia, Lourdes Ciur¨®, y la de Derechos Sociales, Violant Cervera, han detallado este mi¨¦rcoles que quieren dar ¡°herramientas¡± a varios ayuntamientos que se declaran impotentes para luchar contra actividades que generan ¡°alarma social¡± y degradan los barrios en viviendas ocupadas....

El Gobierno catal¨¢n ha propuesto dos reformas legislativas para luchar contras las ocupaciones ilegales de inmuebles con car¨¢cter delictivo. La consejera de Justicia, Lourdes Ciur¨®, y la de Derechos Sociales, Violant Cervera, han detallado este mi¨¦rcoles que quieren dar ¡°herramientas¡± a varios ayuntamientos que se declaran impotentes para luchar contra actividades que generan ¡°alarma social¡± y degradan los barrios en viviendas ocupadas. A trav¨¦s de modificaciones en el C¨®digo Civil Catal¨¢n y la ley de vivienda, la Generalitat podr¨¢ obligar a los propietarios de estos inmuebles conflictivos, presumiblemente grandes tenedores, a enfrentarse a multas de hasta 90.000 euros si no reclaman a los tribunales un proceso de desalojo. Tambi¨¦n se les podr¨¢ obligar a ceder a la Administraci¨®n estas viviendas para su uso social si no colaboran.

La nueva normativa pretende dar a los ayuntamientos un paraguas jur¨ªdico ¡°s¨®lido¡± para manejar este tipo de circunstancias, ha indicado Ciur¨® en rueda de prensa. Cuando un Ayuntamiento detecte que una finca ocupada ilegalmente produzca actividades que da?en la convivencia en la localidad, solicitar¨¢ al propietario del inmueble que inicie la acci¨®n judicial de desocupaci¨®n. Si en un mes dicho propietario no ha realizado esta acci¨®n ante un tribunal, tanto el Ayuntamiento como la comunidad de vecinos podr¨¢n iniciar el proceso de desalojo. La consejera Ciur¨® ha remarcado que, una vez se presente la denuncia, la decisi¨®n final ser¨¢ del juez, que deber¨¢ contar con pruebas aportadas por estas entidades locales que demuestren los delitos.

Las consejeras apuntan a que los grandes propietarios, como entidades financieras o fondos buitres, son los que ¡°se desentienden¡± de estos conflictos cuando grupos criminales como las ¡°mafias¡± ocupan una vivienda suya para actividades delictivas. Tambi¨¦n han se?alado a la SAREB como ¡°parte del problema¡±. Seg¨²n ellas, muchos de los pisos conflictivos ocupados son propiedad de esta empresa que el Estado controla desde abril al poseer la mayor¨ªa de sus acciones. Cervera ha reclamado al Gobierno central el traspaso de los pisos vac¨ªos de esta entidad, como ya hizo esta semana el consejero de Econom¨ªa, Jaume Gir¨®, para combatir la ¡°emergencia habitacional¡±.

Respecto al calendario, Ciur¨® estima que el tr¨¢mite finalice en varios meses. Despu¨¦s de que se presente la propuesta de modificaci¨®n del C¨®digo Civil, el Govern tiene que aprobar un decreto-ley para que sea ratificado posteriormente en el Parlamento catal¨¢n. En paralelo, la Consejer¨ªa de Derechos Sociales trabajar¨¢ en la modificaci¨®n de la ley de vivienda, que permitir¨¢ imponer multas entre 9.000 y 90.000 euros a los grandes tenedores que no reaccionen a los requerimientos por sus inmuebles ocupados con actividad delictiva.

La consejera de Justicia ha recordado que Catalu?a acumula casi la mitad de las ocupaciones producidas en Espa?a (45%), de las cuales el 75% han sido en la demarcaci¨®n de Barcelona. Los juzgados catalanes tienen 7.345 denuncias interpuestas por ocupaciones en 2021. Las pol¨ªticas han subrayado que esta medida supone un ¡°toque de atenci¨®n¡± a los grandes tenedores y que ¡°no habr¨¢ impunidad¡± ante estos problemas de convivencia.

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