Barcelona gasta 60.000 euros al d¨ªa en pensiones para familias que han perdido la casa

El Ayuntamiento de Barcelona gasta 22 millones de euros al a?o en pensiones para alojar a familias que han perdido la casa: una millonaria cifra que si se traslada al coste diario, supone 60.000 euros al d¨ªa. Datos de 2021, los ¨²ltimos disponibles. Pese a los esfuerzos del Ayuntamiento en ayudas al pago de vivienda, en evitar desahucios o en ...

El Ayuntamiento de Barcelona gasta 22 millones de euros al a?o en pensiones para alojar a familias que han perdido la casa: una millonaria cifra que si se traslada al coste diario, supone 60.000 euros al d¨ªa. Datos de 2021, los ¨²ltimos disponibles. Pese a los esfuerzos del Ayuntamiento en ayudas al pago de vivienda, en evitar desahucios o en inversi¨®n en construir y ampliar el parque p¨²blico de pisos, las personas alojadas en recursos de emergencia fueron 2.300 al mes de media el a?o pasado. Responden a perfiles diversos: familias que han sufrido un desahucio, solicitantes de asilo, personas en situaci¨®n irregular, migrantes que llegan a la ciudad, ¡®sin techo¡¯ que aceptan un techo, personas que necesitan unos d¨ªas de alojamiento por un incendio, o mujeres v¨ªctimas de la violencia machista. Las familias que esperan acceder a pisos de la mesa de emergencias son 733.

Con alquileres en m¨¢ximos hist¨®ricos, 1.700 desahucios al a?o en la ciudad, una tasa de pobreza que ronda el 15% de la poblaci¨®n catalana (en Barcelona la tasa aumenta por el coste de la vida) y un parque de pisos p¨²blicos que crece pero son insuficientes, el desembolso del consistorio en ayudas y alojamientos de emergencia se ha multiplicado por cuatro respecto a 2017. La raz¨®n es que la media mensual de personas alojadas tambi¨¦n se dispara: porque la falta de alternativas (como los pisos de la mesa de emergencia) deriva en estancias m¨¢s largas de las familias.

¡°Las pensiones deber¨ªan estar destinadas a emergencias sobrevenidas, pero la falta de pol¨ªticas de la administraci¨®n competente en materia de vivienda, la Generalitat, y la falta de vivienda p¨²blica, pese al trabajo ingente del Ayuntamiento, todav¨ªa son lamentablemente un recurso que no es una vivienda pero, al cronificarse la situaci¨®n, da respuesta a muchas familias¡±, reconoci¨® este viernes la teniente de alcalde de Derechos Sociales del Consistorio, Laura P¨¦rez, al presentar un balance de la situaci¨®n en Barcelona. La edil explicaba que es dif¨ªcil calcular la estancia media: ¡°Puede haber una persona que debido a un incendio est¨¦ alojada unas horas, y hay estancias de hasta cuatro a?os¡±.

El Ayuntamiento subraya, adem¨¢s, que, alojamientos temporales a parte, buena parte de las ayudas que piden las familias a los servicios sociales acaban sirviendo directamente o indirectamente para pagar la vivienda: quiz¨¢s se destinan a comprar comida, un gasto que libera recursos para pagar el alquiler, se?ala el consistorio. ¡°El peso del gasto en vivienda y la falta de ingresos provocan que la distancia entre lo que pueden proporcionar los servicios sociales y las necesidades reales de los atendidos aumente¡±, admite el Ayuntamiento. En ayudas al alquiler, la administraci¨®n local ha destinado entre 2016 y 2021, 46 millones de euros (7,6 millones de media anual) a inquilinos de propietarios privados; y siete millones a inquilinos del parque p¨²blico.

Y otra pol¨ªtica preventiva, destacaron la teniente de alcalde y la concejal de Vivienda, Luc¨ªa Mart¨ªn, es la unidad antidesahucios, pionera en Espa?a y que consigue, con mediaci¨®n, frenar el 90% de las ¨®rdenes de desahucio antes de la fecha se?alada. La unidad ver¨¢ crecer su presupuesto y sus recursos: de 1,2 millones d euros a cinco; y de 16 a 43 profesionales, incorporando perfiles con conocimientos jur¨ªdicos y de mediaci¨®n. De 2016 a 2022 la SIPHO (Servicio de Intervenci¨®n en Situaciones de P¨¦rdida de Vivienda y / o Ocupaciones) ha acompa?ado a 14.000 familias.

La concejal de Vivienda se?al¨® que el esfuerzo para ampliar el parque p¨²blico de vivienda ¡°no tiene precedentes¡±: desde 2015 se ha pasado de 7.500 pisos a 11.500 y hay 2.000 m¨¢s en obras, m¨¢s 1.000 en proyecto para 2023, lo que lleva al equipo dela alcaldesa Ada Colau a afirmar que en ocho a?os el parque se habr¨¢ doblado. La inversi¨®n en construcci¨®n en 2015 sumando obra nueva, compras de edificios y pisos y ayudas a la rehabilitaci¨®n era de 31 millones; que saltaron a 122 millones en 2021. Sobre la mesa de pisos de emergencia Mart¨ªn repiti¨® el ¡°mantra infinito¡± de que la aportaci¨®n de la Generalitat de viviendas a esta bolsa (que deber¨ªa ser del 60%) no se cumple y ¡°debe¡± 1.259 pisos si se consideran los que ha aportado la ciudad. Tambi¨¦n exigi¨® al Gobierno (del que los comunes forman parte) que apruebe la Ley de Vivienda y que el texto regule el precio de los alquileres y de un tratamiento distinto a los grandes tenedores.

Nuevo contrato de alojamientos temporales

Las responsables de vivienda y servicios sociales explicaron tambi¨¦n que el nuevo contrato p¨²blico de la empresa que se encarga de buscar los alojamientos temporales tendr¨¢ un presupuesto de 20,5 millones anuales e introducir¨¢ novedades con el objetivo de mejorar la atenci¨®n a las familias. Se incorporar¨¢n nuevas tipolog¨ªas de establecimientos al contrato, como pisos tur¨ªsticos (ya se utilizaron durante la pandemia, cuando en la ciudad no hab¨ªa turismo), residencias de estudiantes o pisos compartidos. Y se exigir¨¢n mejoras en los servicios complementario, visto que muchos usuarios son familias con ni?os y en largas estancias: que tengan espacios de estudio, que puedan acoger mascotas, derecho a cocina, o acceso a neveras y microondas. Adem¨¢s se incorporar¨¢n inspectores para comprobar el estado de los alojamientos en caso de que lo pidan las familias o los servicios sociales.

Es dif¨ªcil calcular el precio al que el consistorio contratar¨¢ estos alojamientos, porque dependen de la tipolog¨ªa, las personas por familia o los servicios que se les ofrece. En el pliegue t¨¦cnico hay cuadros que indican que el coste diario del alojamiento puede oscilar entre 40 o 60 euros, en funci¨®n de si incluye comida; o complementos como lavander¨ªa, transporte o animales. La gerente del ¨¢rea de Derechos Sociales, Laia Claverol, se?al¨® tambi¨¦n que habr¨¢ una mayor fiscalizaci¨®n del servicio y se procurar¨¢ que las estancias en habitaciones sean m¨¢s cortas. Hasta la fecha las empresas que han prestado este servicio al Ayuntamiento son del sector tur¨ªstico.

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