Junts pacta tener las competencias en inmigraci¨®n y m¨¢s dinero para transporte a cambio de no obstruir la validaci¨®n de los decretos
Los de Puigdemont tambi¨¦n han logrado la supresi¨®n del art¨ªculo que seg¨²n ellos pon¨ªa en riesgo la amnist¨ªa y una reforma de la ley de sociedades para revertir la huida de empresas
Junts per Catalunya ha optado este mi¨¦rcoles por no participar en la votaci¨®n para convalidar los tres reales decretos presentados por el Gobierno, algo que ha permitido la aprobaci¨®n de dos de ellos. Ese giro de guion de ¨²ltimo minuto, justifica la formaci¨®n independentista, ha sido a cambio de una serie de concesiones del Ejecutivo entre las que destacan la supresi¨®n del art¨ªculo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento civil (que seg¨²n ellos pod¨ªa torpedear la amnist¨ªa), l...
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Junts per Catalunya ha optado este mi¨¦rcoles por no participar en la votaci¨®n para convalidar los tres reales decretos presentados por el Gobierno, algo que ha permitido la aprobaci¨®n de dos de ellos. Ese giro de guion de ¨²ltimo minuto, justifica la formaci¨®n independentista, ha sido a cambio de una serie de concesiones del Ejecutivo entre las que destacan la supresi¨®n del art¨ªculo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento civil (que seg¨²n ellos pod¨ªa torpedear la amnist¨ªa), la ¡°transferencia¡± a la Generalitat de las competencias sobre inmigraci¨®n (aunque el acuerdo habla de delegaci¨®n) y trabajar para que las empresas que se fueron por el proc¨¦s vuelvan a Catalu?a. Este ¨²ltimo punto se har¨ªa mediante la reforma de la ley de sociedades y en la nota explicativa no se menciona ya la posibilidad de que haya multas que se hab¨ªa planteado esta semana.
El partido fundado por Carles Puigdemont, expresident huido de la justicia espa?ola en B¨¦lgica, se ha negado a participar en la votaci¨®n en la sesi¨®n del Congreso (celebrada en la sede del Senado) para dejar claras sus reticencias tanto con el fondo de los tres decretos (el de trabajo, medidas anticrisis y el ¨®mnibus) como en que se presentaran sin negociar previamente con ellos el contenido. El articulado sobre empleo ha ca¨ªdo finalmente, pero a causa de la negativa de Podemos. Junts no particip¨® en la votaci¨®n, pero mantuvo en secreto la maniobra. Esperaban as¨ª que se celebrara una reuni¨®n expr¨¦s de la Ejecutiva del partido en Barcelona, dando luz verde al pacto obtenido por M¨ªriam Nogueras en Madrid.
Junts y PSOE han estado negociando todo el d¨ªa, de cara a intentar que el partido independentista abandonara el ¡®no¡¯ que hace d¨ªas anunciaba y que siempre hab¨ªa descartado que se abstuviera en la votaci¨®n. Incluso en los momentos m¨¢s complicados, desde el Gobierno central y el PSOE estaban confiados en que habr¨ªa espacio para llegar a un pacto y el calado de los acuerdos da pistas sobre que las conversaciones llevaban d¨ªas cocin¨¢ndose. ¡°Esta aventura la iniciamos, las dos partes, conociendo los riesgos. No lo han hecho bien y cuando se han puesto a hacerlo bien seguramente ya era demasiado tarde. No podemos acompa?arles en ese error suyo, est¨¢n a tiempo de rectificar¡±, hab¨ªa advertido Nogueras en la ¨²nica intervenci¨®n que ha hecho en el pleno antes de las votaciones, donde el ¨¦nfasis ha estado en recordar al Gobierno que no puede actuar como si tuviera una mayor¨ªa monol¨ªtica.
La f¨®rmula elegida por Junts para manifestar su desacuerdo con los textos tiene mucho de teatral, pues los de Puigdemont han logrado sobre el papel rascar contrapartidas importantes y que tensionar¨¢n la relaci¨®n con ERC, quien al final tendr¨¢ que jugar un rol en implementarlas. Con todo, en Junts pueden decir que no han dado sus votos al Gobierno de Pedro S¨¢nchez, aunque en la pr¨¢ctica inhibirse en la votaci¨®n tiene el mismo efecto de apoyo a los dos textos que s¨ª han salido adelante.
Entre las medidas que Junts arranc¨® al Ejecutivo de S¨¢nchez se encuentra, por ejemplo, la publicaci¨®n inmediata de los datos que permitir¨¢n que la Generalitat calcule las balanzas fiscales y ¡°la delegaci¨®n de las competencias sobre inmigraci¨®n en la Generalitat¡±, mediante la v¨ªa del art¨ªculo 150.2 de la Constituci¨®n espa?ola ¡°a trav¨¦s de una ley org¨¢nica espec¨ªfica por Catalu?a¡±. En intervenciones p¨²blicas, sin embargo, desde Junts han utilizado tambi¨¦n la palabra traspaso, que implica un cambio de titularidad. Desde hace meses, varios alcaldes de Junts denuncian abiertamente que grupos de inmigrantes son responsables de la inseguridad en sus municipios, un coqueteo con posiciones xen¨®fobas que tambi¨¦n busca marcar perfil ante el auge de formaciones como Alian?a Catalana, que gobierna en Ripoll con un discurso pro secesi¨®n e islam¨®fobo.
El acuerdo incluye tambi¨¦n la rebaja del IVA del aceite al 0% y la asunci¨®n por parte del Estado de la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte p¨²blico. En la capital catalana y su ¨¢rea metropolitana, esa ayuda se sufragaba de la siguiente manera: el Gobierno daba el 30%, la Generalitat aportaba directamente el 10% y la Autoridad Metropolitana del Transporte daba otro 10%. El partido independentista no especifica hasta donde asumir¨ªa el Ejecutivo central y desde La Moncloa agregan que este punto a¨²n tiene flecos por cerrar. La pol¨¦mica sobre la supuesta posibilidad de multar a las empresas que huyeron tras el proc¨¦s y no devuelvan su sede a Catalu?a no ha ido a m¨¢s. El acuerdo no hace referencia a esa posibilidad, sino que habla de la petici¨®n de derogar el decreto de 2017 que simplificaba el mecanismo de salida. Si eso sucede, sin embargo, el proceso de retorno ser¨ªa m¨¢s dif¨ªcil, pues tambi¨¦n se tendr¨ªa que votar en junta de accionistas, en el caso de las cotizadas, y no solo el consejo de Administraci¨®n.
En la nota de Junts tambi¨¦n se destaca que su cambio de posici¨®n en el Congreso es fruto de haber logrado ¡°un acuerdo para mejorar el autogobierno y las condiciones de vida de los catalanes¡±. Otra de las contrapartidas, por ejemplo, es lograr que en la reforma de la normativa de gobiernos locales se reconozca la singularidad hist¨®rica de Catalu?a ¡ªque quede especificada y blindada la organizaci¨®n, por ejemplo, de los gobiernos comarcales y las llamadas veguer¨ªas¡ª o m¨¢s dinero para la digitalizaci¨®n de la justicia, pasando de los 1,2 millones de euros acordados en 2021 a los 6,5 millones ahora prometidos.
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