Ofensiva general contra la Espa?a plural

Todo vale para intentar derribar al Gobierno. Lo vimos ya en la pasada legislatura, pero la coalici¨®n progresista no solo resisti¨®, sino que sac¨® adelante un extenso paquete de medidas legislativas de gran calado. Contra el pron¨®stico de la derecha y de las encuestas, esa mayor¨ªa revalid¨® en las ¨²ltimas elecciones generales un resultado suficiente, aunque muy ajustado, para emprender una segunda legislatura. Y ya van dos. La fuerte polarizaci¨®n pol¨ªtica entre esa mayor¨ªa de gobierno y la oposici¨®n de derechas refleja en realidad la creciente disociaci¨®n entre dos ideas de Espa?a cada vez m¨¢s a...

Todo vale para intentar derribar al Gobierno. Lo vimos ya en la pasada legislatura, pero la coalici¨®n progresista no solo resisti¨®, sino que sac¨® adelante un extenso paquete de medidas legislativas de gran calado. Contra el pron¨®stico de la derecha y de las encuestas, esa mayor¨ªa revalid¨® en las ¨²ltimas elecciones generales un resultado suficiente, aunque muy ajustado, para emprender una segunda legislatura. Y ya van dos. La fuerte polarizaci¨®n pol¨ªtica entre esa mayor¨ªa de gobierno y la oposici¨®n de derechas refleja en realidad la creciente disociaci¨®n entre dos ideas de Espa?a cada vez m¨¢s alejadas. La Espa?a con vocaci¨®n jacobina y epicentro en Madrid, sostenida por un nacionalismo reaccionario con ra¨ªces franquistas que siempre estuvo ah¨ª, agazapado, dentro y fuera del PP. Y la Espa?a plural representada por la alianza entre la izquierda y las fuerzas pol¨ªticas perif¨¦ricas, incluidos los partidos de centro-derecha vasco y catal¨¢n.

Las dos grandes crisis con voluntad de ruptura que ha vivido el pa¨ªs despu¨¦s de la Transici¨®n, el Plan Ibarretxe y el proceso unilateral de independencia de Catalu?a, han despertado un nacionalismo retr¨®grado que cabalga a lomos de un sentimiento de orgullo nacional herido por el independentismo. Para combatir la idea de la Espa?a plural, lo prioritario ahora es quebrarle las piernas a la mayor¨ªa de gobierno. Como sea.

Cuando la fuerza electoral no es suficiente, esas derechas siempre echan mano del poder que le otorga haberse reproducido y perpetuado como ¨¦lite decisoria en los aparatos del poder central del Estado. Y por supuesto, en la administraci¨®n de Justicia, que est¨¢ adquiriendo un papel desproporcionado. Disponer de la llave del C¨®digo Penal le permite invadir el ¨¢mbito no solo del poder ejecutivo, sino tambi¨¦n del legislativo.

La imputaci¨®n de Carles Puigdemont por terrorismo, despu¨¦s de cuatro a?os de l¨¢nguida instrucci¨®n, justo cuando se est¨¢ negociando la ley de la amnist¨ªa, indica que hay un largo brazo judicial que trabaja para aplicar la ley en defensa de una determinada concepci¨®n de Espa?a. Por eso hemos asistido a tantos debates jur¨ªdicos sobre la interpretaci¨®n de los tipos penales, desde la pol¨¦mica sobre el alcance del delito de rebeli¨®n a la actual sobre el de terrorismo. Nunca como ahora hab¨ªa sido tan ostensible e intensa la interferencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en la agenda pol¨ªtica y legislativa.

La derecha pol¨ªtica siempre ha estado en los entresijos del poder judicial, por una especie de ¨®smosis, pero con la democracia ha utilizado adem¨¢s los resortes legales para colonizarla. En primer lugar tratando de controlar el ¨®rgano de gobierno de los jueces, que decide los puestos jurisdiccionales m¨¢s importantes y por eso el PP lleva cinco a?os neg¨¢ndose a renovarlo; la Audiencia Nacional, un artefacto que act¨²a como brazo pol¨ªtico centralizador de causas; el Tribunal Constitucional y el propio Tribunal Supremo. Solo hay que ver la composici¨®n de la Sala de lo Penal que ha ratificado la teor¨ªa de que Tsunami Democr¨¤tic es una organizaci¨®n con vocaci¨®n terrorista, y el historial profesional de algunos de sus miembros para comprobarlo. Hay un poder concertado que trabaja desde todos los frentes en la defensa jur¨ªdica de una determinada idea de Espa?a. Estamos, como advert¨ªa el magistrado Mart¨ªn Pall¨ªn, en la manifestaci¨®n m¨¢s expresiva del Gobierno de los jueces.

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