El PSOE busca el poder en Orihuela tras cuatro alcaldes del PP imputados

Una moci¨®n de censura fraguada entre concejales del PSOE y Ciudadanos, con la ayuda externa de Cambiemos, y firmada ante notario arrebatar¨¢ la alcald¨ªa de Orihuela (Alicante) al PP. Los 14 concejales del nuevo gobierno municipal igualar¨¢n la mayor¨ªa con la que, hasta este mes, la formaci¨®n naranja hab¨ªa facilitado la segunda legislatura al mando de Emilio Bascu?ana, el alcalde que en el pleno extraordinario de ma?ana deber¨¢ entregar la vara de mando a la socialista Carolina Gracia. Acabar¨¢n as¨ª m¨¢s de tres d¨¦cadas de poder popular en la ciudad alicantina, solo interrumpido durante una legislatura desde 1987 y repartido entre cuatro alcaldes: Luis Fernando Cartagena, Jos¨¦ Luis Medina, M¨®nica Lorente y Emilio Bascu?ana. Los cuatro vencieron en las urnas con un apoyo mayoritario o suficiente y los cuatro acabaron sentados ante un tribunal por diferentes causas judiciales, entre el simple hurto y la corrupci¨®n en cadena.

Las diferencias entre Bascu?ana y los cinco representantes de Ciudadanos, Jos¨¦ Aix, Luisa Bon¨¦, Mar Ezcurra, ?ngel Noguera y Antonio S¨¢nchez, han acabado por dinamitar el gobierno. Sus encontronazos se evidenciaron desde el principio, con continuas trifulcas y desencuentros que se suced¨ªan a pleno sol y sin que nadie tratara de evitar su irrupci¨®n en los titulares de prensa. El acuerdo entre populares y liberales repet¨ªa el esquema que hab¨ªa asegurado para ambos partidos las riendas de la Diputaci¨®n Provincial o el Ayuntamiento de Alicante. Y Orihuela, la hist¨®rica capital de la comarca de la Vega Baja del Segura, lim¨ªtrofe con Murcia, no era un municipio cualquiera. Con 80.000 habitantes y unas proporciones geogr¨¢ficas descomunales, que llegan a encajonar localidades enteras en su t¨¦rmino municipal, era un bot¨ªn demasiado jugoso que el PP no se pod¨ªa permitir perder, como sucedi¨® en las elecciones de 2011, cuando un tripartito formado por Los Verdes, PSOE y CLR-Claro, un partido local, otorg¨® las llaves de la alcald¨ªa al ecologista Monserrate Guill¨¦n.

Inicialmente, el traje de dos piezas de PP y Ciudadanos dise?ado tras los comicios de 2019 parec¨ªa creado a medida para la ciudad. Pese a ser el pueblo de Miguel Hern¨¢ndez y Ram¨®n Sij¨¦, la monumental, episcopal, agr¨ªcola y, en las ¨²ltimas d¨¦cadas, tur¨ªstica Orihuela representa buena parte del argumentario que defienden ambas formaciones. Atravesada por los ¨²ltimos coletazos del r¨ªo Segura y rodeada de cultivos, la capital de la Vega Baja sit¨²a en todos los mapas la defensa del trasvase Tajo-Segura, en eterna lucha con la red de desaladoras que pretende instaurar la izquierda. Tambi¨¦n es el castillo que blinda el uso del castellano y que frena su progresiva implantaci¨®n en los centros educativos, como capital de la ¨²nica comarca de la Comunidad en la que el valenciano solo se escucha en una localidad, Guardamar del Segura. Como fort¨ªn del PP, se persiguen las bajadas de impuestos, el anticatalanismo y, desde que el Gobierno auton¨®mico baraja implantar una tasa tur¨ªstica, aprovecha sus 18 kil¨®metros de costa, repletos de residentes extranjeros y colindantes con Torrevieja, para ejercer de palad¨ªn antitasa.

Presupuesto prorrogado

Nada de esto, sin embargo, ha servido para que los nueve concejales del PP y los cinco de Ciudadanos acerquen posturas. De hecho, ni siquiera han sido capaces de pactar unos presupuestos municipales, prorrogados desde 2018. Las cuentas oriolanas son anteriores a la dana que inund¨® la ciudad en 2019, cuando cayeron 500 litros por metro cuadrado que borraron todos los accesos al n¨²cleo urbano por carretera y anegaron las calles y los terrenos que lo circundan. Son anteriores al estallido de la pandemia, a las restricciones de movilidad, al cese de la actividad y la crisis comercial y de suministros desencadenada el pasado verano. Son anteriores a la invasi¨®n rusa de Ucrania, la subida de la inflaci¨®n y el encarecimiento desmedido de la electricidad y los combustibles. La necesidad de activar un presupuesto nuevo es la principal raz¨®n que esgrime el PSOE para el fichaje de los liberales y para convencer a los ediles de Cambiemos, la marca local de Podemos, de sacar adelante la inminente moci¨®n de censura.

La figura del alcalde Bascu?ana tampoco ha ayudado demasiado, seg¨²n manifest¨® su futura sucesora, Carolina Gracia. Y no solo por su car¨¢cter, poco proclive al consenso, en palabras de la concejala socialista, que cuenta con el respaldo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Pese a que esta semana obtuvo el refrendo de la direcci¨®n auton¨®mica del partido, con el l¨ªder popular Carlos Maz¨®n a su lado, el primer edil, m¨¦dico de profesi¨®n, tiene pendiente un juicio por presunta apropiaci¨®n indebida de fondos p¨²blicos. Seg¨²n la fiscal¨ªa, entre 2007 y 2014 percibi¨® m¨¢s de 200.000 euros como director territorial en Alicante de la Consejer¨ªa de Sanidad, sin que consten informes con su firma ni su presencia en despacho alguno. Una imputaci¨®n que entibia el apoyo del PP, que a¨²n se escuda en la presunci¨®n de inocencia.

Con su paso por los banquillos, Bascu?ana prolonga el legado de sus antecesores en el cargo. Con ¨¦l, todos los alcaldes populares de Orihuela han protagonizado alguna causa. El primero fue Luis Fernando Cartagena, quien lleg¨® a ser consejero de Obras P¨²blicas en el Gobierno de Eduardo Zaplana. Fue condenado a cuatro a?os de c¨¢rcel por apropiarse de 48.000 euros que unas monjas recaudaron para ayudas sociales y que Cartagena decidi¨® esconder bajo la tapa de un piano e ir adelgaz¨¢ndolo poco a poco. Despu¨¦s estall¨® la trama de corrupci¨®n masiva conocida como caso Brugal, que envi¨® a juicio tanto a Jos¨¦ Manuel Medina como a M¨®nica Lorente, ambos absueltos despu¨¦s de que un juez declarara ilegales los pinchazos telef¨®nicos que evidenciaban, presuntamente, su implicaci¨®n en la adjudicaci¨®n irregular de la contrata de basuras municipal. No obstante, Medina fue condenado y posteriormente absuelto de un delito de prevaricaci¨®n y Lorente, condenada por firmar el contrato de obras de una plaza que hab¨ªa inaugurado 17 d¨ªas antes.

La exalcaldesa est¨¢ imputada tambi¨¦n en el juicio, actualmente en curso en la Audiencia de Alicante, de la rama de Brugal relativa a la adjudicaci¨®n del plan zonal de residuos de la Vega Baja, en el que la acusaci¨®n pide para ella cuatro a?os de reclusi¨®n. En este caso, el principal acusado es Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll, expresidente de la Diputaci¨®n Provincial y exl¨ªder del PP en Alicante, que supuestamente ama?¨® la ubicaci¨®n de un vertedero comarcal para la Vega Baja en una finca ubicada en una de las pedan¨ªas oriolanas, Torremendo, y negociada por dos empresarios, Enrique Ortiz y ?ngel Fenoll, a cambio de diferentes contraprestaciones econ¨®micas y regalos como dos pisos, vacaciones en yate, viajes o el respaldo econ¨®mico a una televisi¨®n local.