¡®Caso Azud¡¯: sobornos a pol¨ªticos registrados como gasto empresarial
La trama corrupta vinculada al Ayuntamiento de Valencia consideraba las mordidas como un gasto m¨¢s de sus proyectos, como si se tratara de impuestos
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Un azud es una barrera que se hace en los r¨ªos para desviar parte del caudal. Las ramificaciones de una investigaci¨®n por una denuncia an¨®nima en la Agencia Tributaria contra el cu?ado de Rita Barber¨¢, Jos¨¦ Mar¨ªa Corb¨ªn, hicieron que la Guardia Civil acabara poni¨¦ndole este nombre. Fue el mismo guardia civil que bautiz¨® el caso Erial, el caso Taula o el caso Lezo, todos ellos inspirados en alg¨²n detalle metaf¨®rico de las corruptelas detectadas, sobre todo, entre cargos del PP.
Las operaciones de Azud, investigadas en Valencia, ten¨ªan un com¨²n y aportador caudal, pero no de agua, sino de dinero convertido en comisiones il¨ªcitas, mordidas, sobornos. El origen, el empresario Jaime Febrer, un hombre que hac¨ªa gala de saber manejar a los pol¨ªticos, tanto del PP como del PSOE y que ofrec¨ªa contactos a otros constructores, seg¨²n fuentes empresariales. Amante del golf y de los ¨²ltimos modelos de Porche, dise?¨® el operativo, extendido entre 1999 y 2013, con el que, primero, generaba dinero en met¨¢lico para pagar las comisiones y, luego, manejaba a pol¨ªticos y funcionarios, a los que tambi¨¦n agasajaba con obsequios, hasta el punto de ¡°colonizar diversas instituciones p¨²blicas¡±, tal como describe el fiscal Anticorrupci¨®n a lo largo del sumario, cuyo secreto se ha levantado esta semana.
El azud Febrer desviaba a izquierda y derecha, aunque la participaci¨®n, implicaci¨®n y el caudal derivado al margen derecho es muy superior al de la izquierda. En total unos siete millones de euros, en lo que ha podido desvelar la investigaci¨®n. Ahora, es defendido por el hasta este s¨¢bado portavoz socialista en las Cortes, el abogado Manolo Mata.
Y, entre todas las operaciones investigadas, la jueza que instruye el caso destaca una, la denominada ¡°colegios¡±: ¡°Esta trama es paradigm¨¢tica en la medida que entran en su consecuci¨®n la pr¨¢ctica totalidad de las personas investigadas y fundamentalmente aquellas a quienes se les abonaron grandes cantidades de dinero como comisiones il¨ªcitas¡±, se?ala en un auto.
Tambi¨¦n resulta paradigm¨¢tico c¨®mo los empresarios, dispuestos a pagar mordidas, a que su caudal se reparta entre pol¨ªticos y funcionarios, las incluyen como costes. As¨ª lo demuestra uno de los documentos intervenidos durante los registros que exhibe una tabla de costes ¡°cuya raz¨®n de ser no es otra que la de recoger el importe y motivo de los diferentes costes que presenta la operaci¨®n¡±, seg¨²n relata la Guardia Civil. En esa tabla aparecen tres cantidades que ¡°se agrupan bajo un concepto gen¨¦rico denominado como ¡®otros gastos¡±, se?ala el mismo informe. En un momento dado, al lado de esas tres cantidades aparecen: 360.000 euros para ¡°N¡±, 300.000 euros para ¡°R¡± y 1,2 millones de euros para ¡°A¡± que los agentes atribuyen a N¨¦stor Ram¨ªrez, decano de los servicios jur¨ªdicos del Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, portavoz del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valencia y Alfonso Grau, vicealcalde del mismo ayuntamiento y mano derecha de Rita Barber¨¢. En el caso del socialista, su papel, seg¨²n la juez, era no poner ¡°escollo alguno¡± a las operaciones urban¨ªsticas.
Mordidas normalizadas
Como si de un pago normal se tratara, igual que se pagaban proyecto, impuestos y honorarios, los empresarios calculaban las mordidas como un gasto m¨¢s del negocio. Fue en 2007. La investigaci¨®n del caso G¨¹rtel hab¨ªa comenzado pero a¨²n no se hab¨ªa destapado. Fue el a?o de la celebraci¨®n de la Copa Am¨¦rica en Valencia. Y el posterior a la visita del Papa y anterior a la celebraci¨®n del primer gran premio de F¨®rmula 1 en el circuito urbano de la capital.
El pelotazo para Febrer y sus socios, entre los que se encontraba la empresaria M¨®nica Montoro, tambi¨¦n imputada, fue relativamente f¨¢cil, ya que se les evit¨® cualquier fiscalizaci¨®n que hubiera tenido un expediente normal. Para ello ¡°se logr¨® que el Ayuntamiento de Valencia tramitara de forma oculta un expediente administrativo (...) con la participaci¨®n activa de Jorge Bellver¡± que, entonces, era concejal de Urbanismo y actualmente es diputado auton¨®mico, por lo que ha de ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia, tr¨¢mite que ya se ha iniciado.
La operaci¨®n parti¨® de una deuda de cerca de 31 millones de euros contra¨ªda por el Ayuntamiento de Valencia y motivada por una resoluci¨®n judicial que establec¨ªa indemnizaciones a varias congregaciones religiosas a las que se les hab¨ªa restringido el aprovechamiento urban¨ªstico en el terreno en el que ten¨ªan sus colegios. Tal como se?ala la jueza, Alfonso Grau ¡°consigui¨® ostentar la representaci¨®n del Ayuntamiento de Valencia en todo el procedimiento¡±. Y fue ¨¦l quien abander¨® la idea de indemnizar a los colegios en met¨¢lico, una deuda de la que se hizo cargo una empresa, Mediterr¨¢nea de Actuaciones Integradas, a la que se le compens¨® con tres parcelas municipales de uso residencial sobre las que cambiaron el planeamiento con el fin de desafectar el uso dotacional asignado. Seg¨²n un informe de la gerencia del catastro, ¡°la compensaci¨®n a los colegios demandantes con una transferencia de aprovechamiento no era solo l¨ªcita, sino l¨®gica¡±. Pero el Ayuntamiento de Valencia, liderado por Rita Barber¨¢, decidi¨® que, tal como se?ala el citado informe, ¡°el provechoso negocio de la obtenci¨®n de edificabilidad de vivienda libre en zonas privilegiadas pasa a una empresa, a la que se adjudican los solares directamente, sin cumplir con el requisito legal de enajenarlos en subasta p¨²blica¡±. Las artima?as para favorecer a la empresa no acabaron ah¨ª. El caudal ten¨ªa que fluir sin obst¨¢culos. Y no los encontraron en la consejer¨ªa de Educaci¨®n, tambi¨¦n en manos del PP, que suscribi¨® un innecesario uso escolar para las parcelas que los empresarios, ayudados por Alfonso Grau, hab¨ªan escogido minuciosamente. ¡°El proceso fue al rev¨¦s: no se parti¨® a de parcelas innecesarias que se pod¨ªan utilizar para otro fin, sino que se declararon innecesarias las previamente elegidas¡±, se?ala el informe de la gerencia del catastro.
14 millones perdidos
Para culminar el chanchullo, los solares ten¨ªan que tasarse pero se eligi¨® ¡°el sistema residual din¨¢mico, que es el m¨¢s opaco e ininteligible¡±, seg¨²n el mismo escrito. ¡°El que permite mayor subjetividad y es m¨¢s manipulable¡±, a?ade, de manera que el valor de los solares para uso de vivienda libre se tasaron 14 millones de euros por debajo de ¡°su valor real de mercado¡±.
Adem¨¢s de los ya citados, la jueza considera que hubo otras dos personas que cobraron por la operaci¨®n ¡°colegios¡±. Jos¨¦ Mar¨ªa Corb¨ªn conoci¨® a Jaime Febrer a trav¨¦s de Alfonso Grau Alonso, ¡°todo ello por su condici¨®n de estar casado con Mar¨ªa Asunci¨®n Barber¨¢ Nolla, hermana y Jefe de Gabinete de la Alcaldesa de Valencia Rita Barber¨¢, lo que le permit¨ªa conseguir o facilitar los intereses econ¨®micos¡± del empresario Febrer. Seg¨²n consta en el sumario, la investigaci¨®n ha concluido que Corb¨ªn cobr¨® 87.000 euros a trav¨¦s de un contrato por un asesoramiento que la Guardia Civil cree que no existi¨®.
En el caso del abogado Jos¨¦ Luis Vera, la Guardia Civil detalla que, de las anotaciones en las ¡°tablas de coste¡± su participaci¨®n en la operaci¨®n colegios, podr¨ªa haberle reportado 150.000 euros. La jueza le atribuye como cometido ¡°posibilitar y materializar los negocios de Febrer¡± por sus ¡°importantes v¨ªnculos e influencias¡± con los socialistas valencianos y se?ala que los cobros se realizaron ¡°bajo supuestas relaciones comerciales, contratos y facturaciones ficticias realiz¨¢ndose pagos por servicios inexistentes¡±.
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