Visto para sentencia el juicio por malversaci¨®n a un expresidente socialista de la Diputaci¨®n de Valencia

Con las ¡°¨²ltimas palabras¡± de varios de los 14 acusados, entre ellos el expresidente de la Diputaci¨®n de Valencia y actual alcalde de Ontinyent, el exdirigente socialista Jorge Rodr¨ªguez, ha acabado este mi¨¦rcoles el juicio por el caso Alqueria tras casi dos meses y medio de sesiones ¡ªy cuatro a?os de investigaci¨®n¡ª y sin que las partes hayan movido sus posiciones. Ahora queda en manos de la Audiencia Provincial de Valencia decidir sobre la legalidad o no, y en este caso la prevaricaci¨®n o malversaci¨®n que implicar...

Con las ¡°¨²ltimas palabras¡± de varios de los 14 acusados, entre ellos el expresidente de la Diputaci¨®n de Valencia y actual alcalde de Ontinyent, el exdirigente socialista Jorge Rodr¨ªguez, ha acabado este mi¨¦rcoles el juicio por el caso Alqueria tras casi dos meses y medio de sesiones ¡ªy cuatro a?os de investigaci¨®n¡ª y sin que las partes hayan movido sus posiciones. Ahora queda en manos de la Audiencia Provincial de Valencia decidir sobre la legalidad o no, y en este caso la prevaricaci¨®n o malversaci¨®n que implicar¨ªa, de nueve contratos a altos directivos que se realizaron en Divalterra, una empresa p¨²blica de la Diputaci¨®n, al entrar a gobernarla el PSPV y Comprom¨ªs, partidos de los que eran militantes o afines los contratados, seg¨²n las acusaciones.

Una hipot¨¦tica absoluci¨®n podr¨ªa relanzar la carrera de Rodr¨ªguez, que cuando estall¨® el caso y fue detenido estaba entre los candidatos para suceder al frente del PSPV al actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Imputado y sin poder presentarse a la reelecci¨®n con los socialistas, Rodr¨ªguez fue elegido por mayor¨ªa absoluta para seguir al frente de la alcald¨ªa de Ontinyent con un nuevo partido.

Durante todo el proceso, y tambi¨¦n en sus conclusiones de hace unos d¨ªas, la Fiscal¨ªa y las acusaciones particulares han defendido que las contrataciones fueron ¡°al margen de la legalidad¡±, que no eran necesarias y que supusieron un ¡°quebranto para las arcas p¨²blicas¡± de 1,1 millones de euros. ¡°La ¨²nica cualificaci¨®n de m¨¦rito o capacidad [de los contratados] fue su afinidad a un partido pol¨ªtico determinado¡±, afirm¨® el fiscal Pablo Ponce, que insisti¨® en que Divalterra, antigua Imelsa y epicentro como tal del caso Taula, ha sido siempre ¡°un chiringuito¡±.

Anticorrupci¨®n ha mantenido su petici¨®n de pena, que en el caso de Rodr¨ªguez y otros cuatro acusados es de ocho a?os de c¨¢rcel y 20 de inhabilitaci¨®n absoluta.

En su declaraci¨®n durante el juicio, un mando de la UDEF (la unidad de delincuencia econ¨®mica de la Polic¨ªa Nacional) explic¨® que tanto Rodr¨ªguez como los distintos gerentes de Divalterra conocieron informes que alertaban de la posible ilegalidad de los contratos, y destac¨® que no se llevaron al consejo de administraci¨®n para evitar su fiscalizaci¨®n. Adem¨¢s, uno de los denunciantes, Jos¨¦ Luis Pellicer, que era responsable del departamento jur¨ªdico de la empresa p¨²blica y secretario de su consejo, asever¨® que la entonces cogerente Agustina Brines (Comprom¨ªs) le inform¨® de que ¡°ten¨ªa instrucciones de Rodr¨ªguez de contratar a siete personas¡± y le remarc¨® que ya ten¨ªa ¡°los nombres y apellidos¡±.

Ignorancia de la ilegalidad

Ninguno de los acusados ha asumido su responsabilidad por la realizaci¨®n de esos contratos: o bien han defendido que eran legales o que no hab¨ªa informes que acreditaran su ilegalidad. Aseguran que s¨®lo tuvieron acceso a ellos cuando estall¨® el caso. De hecho, han afirmado que contaban con el visto bueno del entonces asesor jur¨ªdico de Divalterra, Jos¨¦ Luis Vera. En su comparecencia como testigo, Vera asegur¨®, por el contrario, que advirti¨® verbalmente de la ilegalidad, aunque no supo explicar por qu¨¦ en un informe de 2016 no lo expres¨® as¨ª y admiti¨® que siguieran los contratados hasta determinar su r¨¦gimen laboral. ¡°No lo s¨¦, estar¨ªa loco ese d¨ªa¡±, dijo como respuesta.

Jorge Rodr¨ªguez defendi¨® su actuaci¨®n con el argumento de que podr¨ªa haber nombrado a una decena m¨¢s de asesores si hubiera querido enchufar a alguien, y cifr¨® en 1,2 millones de euros el ahorro que eso le supuso a la Diputaci¨®n. Tanto Rodr¨ªguez como otros acusados han aprovechado este mi¨¦rcoles el turno de ¨²ltima palabra para hacer gala de su confianza en la justicia, pero tambi¨¦n ha habido cr¨ªticas al proceso. ¡°Esto no lo curar¨¢ ya nadie¡±, ha afirmado muy afectada la exgerente Agustina Brines.

De Alqueria a Azud, Taula o Erial

Manuel Mata, exs¨ªndic [Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana] y abogado de uno de los encausados, ha sostenido que el caso Alqueria ha estado montado ¡°sobre algo que no existe¡±, ha defendido la legitimidad que ten¨ªa Divalterra como parte de la Diputaci¨®n para nombrar altos directivos y ¡°hacer pol¨ªtica¡± y ha subrayado que se trataba de cargos ¡°de libre designaci¨®n¡± para los que se pod¨ªa escoger a quien se creyera oportuno. Que este caso no se deber¨ªa haber enjuiciado por la v¨ªa penal, sino en todo caso por la contencioso-administrativa, ha sido otro de los argumentos m¨¢s usados por ¨¦l y por otras defensas.

Pero Mata ha ido m¨¢s all¨¢ y ha apuntado a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, al fiscal Pablo Ponce concretamente, como ¡°mu?idora¡± de algunas de las investigaciones sobre corrupci¨®n m¨¢s sonadas de los ¨²ltimos a?os. ¡°Da la sensaci¨®n de que la Comunidad Valenciana, entre 2015 y 2019, ha sido un experimento de un fiscal. Ha pasado en Taula, en Azud y en Erial. En un caso son denuncias an¨®nimas, en otro los papelitos del sirio, y aqu¨ª no sabemos qu¨¦ se le ilumin¨® a los denunciantes para presentar esta querella¡±, ha reprochado, tras deslizar que podr¨ªa tratarse de ¡°un montaje¡± en el que habr¨ªa participado Vera.