Arranca el juicio de Alquer¨ªa, el caso de posible corrupci¨®n en la Diputaci¨®n de Valencia gobernada por la izquierda

Cuatro a?os despu¨¦s de una sonada operaci¨®n policial que alumbr¨® el llamado caso Alquer¨ªa, ha comenzado este lunes el juicio contra el expresidente de la Diputaci¨®n de Valencia, el socialista Jorge Rodr¨ªguez, y otros 13 acusados de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n por, supuestamente, haber creado una c¨²pula directiva paralela en la empresa p¨²blica Divalterra para beneficiar a militantes y simpatizantes del PSPV y Comprom¨ªs, que gobernaban en coalici¨®n la corporaci¨®n provincial y otras administraciones dentro de los acuerdos del Bot¨¤nic. Las defensas se han quejado de la instrucci¨®n, que han calificado de ¡°inquisitorial¡±.

Tras el derrumbe electoral en los comicios de 2015 de los gobiernos del PP bajo la sombra de una larga etapa de corrupci¨®n, esta fue la primera gran operaci¨®n contra los llamados gobiernos del cambio. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pide ocho a?os de prisi¨®n (que la acusaci¨®n particular, que ejerce el PP, dobla) para Rodr¨ªguez y sus principales colaboradores, entre los que est¨¢n su jefe de gabinete, Ricard Gallego, el asesor Manuel Reguart, y los dos exgerentes de Divalterra Agustina Brines (Comprom¨ªs) y Jos¨¦ Ram¨®n Tiller (PSPV). Los hechos que se juzgan sucedieron el primer a?o de legislatura.

Rodr¨ªguez, entonces alcalde de Ontinyent por el PSPV y presidente de la Diputaci¨®n, ha asegurado que ha llegado ¡°el momento de tratar de hacer justicia y de explicar qu¨¦ es el caso Alquer¨ªa¡±. Se trata ¡°de la posibilidad de que haya siete contratos irregulares¡±, ha limitado. El ahora primer edil de Ontinyent por una formaci¨®n que cre¨® cuando fue dado de baja en el partido socialista ha precisado que es el volumen del dinero cobrado por esas personas en tres a?os (¡°en los que fueron a trabajar¡±, ha remarcado) lo que explica que se haya convertido en un proceso penal. La Fiscal¨ªa cifra el perjuicio econ¨®mico para las arcas p¨²blicas en 1¡ä,1 millones de euros.

¡°Siempre hemos pensado que era algo mucho m¨¢s propio de un juzgado contencioso-administrativo pero que, desgraciadamente, tras una detenci¨®n espectacular, ha acabado en juicio. Ahora, despu¨¦s de casi cuatro a?os, empezamos a ver la luz al final del t¨²nel. Siempre he tratado de dar explicaciones. No es un caso complejo, no es nada del otro mundo. Hablamos de siete contratos que pueden o no ser irregulares¡±, ha defendido Rodr¨ªguez, que ha asegurado que, creando siete ¨¢reas de trabajo, solo intentaron ¡°poner orden en el caos¡± que era la empresa Divalterra, la antigua Imelsa, escenario del caso Taula.

De hecho, el caso Alquer¨ªa naci¨® de una denuncia de dos trabajadores de la empresa provincial que se vieron perjudicados en su posici¨®n org¨¢nica y econ¨®mica cuando se cre¨® una nueva direcci¨®n y que, hasta entonces, formaban parte de la c¨²pula de la empresa provincial en la etapa del PP, cuando Marcos Benavent, el yonki del dinero, era gerente de Imelsa.

Tel¨¦fonos, tabletas y correos

En esta primera jornada, la defensa de Rodr¨ªguez ha insistido en que se declaren violados sus ¡°derechos fundamentales¡±, al entender que fue innecesaria su detenci¨®n, legal pero sin orden judicial y que se extendi¨® durante 31 horas. La petici¨®n se ha realizado, seg¨²n su defensa, en previsi¨®n de que el expresidente de la Diputaci¨®n inicie acciones legales contra los responsables de su detenci¨®n.

Adem¨¢s, ha reclamado que el proceso se retrotraiga a la fase de instrucci¨®n al no haber podido las defensas interrogar a esos denunciantes y a otros testigos, lo que impidi¨® que se sometieran esos testimonios ¡°a contradicci¨®n¡±. Tambi¨¦n que los acusados declaren en el juicio al final, tras las pruebas testificales y periciales.

Igualmente se ha solicitado la nulidad de todas las pruebas obtenidas de los distintos dispositivos electr¨®nicos intervenidos y del volcado de los correos electr¨®nicos al no haberse hecho, en su opini¨®n, con la concreci¨®n al asunto investigado que estableci¨® el auto judicial y haberse hecho la posterior selecci¨®n (siete de diez mil, en su caso) seg¨²n el criterio propio la UDEF. Las defensas han calificado de ¡°inquisitorial¡± la manera en la que se ha dirigido el proceso, en palabras de Javier Boix, abogado de Agustina Brines.

Otras de las cuestiones previas reclamadas por las distintas defensas han sido la expulsi¨®n del PP como acusaci¨®n particular por ¡°falta de legitimidad¡± y tambi¨¦n de Acci¨®n C¨ªvica, y la citaci¨®n como testigos, entre otros, de Jos¨¦ Manuel Orengo, exjefe de gabinete de Rodr¨ªguez y parte activa en los pactos de la reestructuraci¨®n de Divalterra; y del actual presidente de la Diputaci¨®n de Valencia, el socialista Toni Gaspar, y de varios diputados provinciales de aquella ¨¦poca, entre ellos, la actual ministra de Ciencia, Diana Morant.

De ¡®delf¨ªn¡¯ pol¨ªtico ca¨ªdo, a rey de taifa

Suspendido de afiliaci¨®n en el PSPV-PSOE tras su detenci¨®n en junio de 2018, Ferraz, con el exministro Jos¨¦ Luis ?balos como secretario de Organizaci¨®n, vet¨® la candidatura de Rodr¨ªguez para repetir en mayo de 2019 como candidato a la alcald¨ªa de Ontinyent, una decisi¨®n que contradijo la del PSPV, que se hab¨ªa agarrado al secreto de la causa para mantenerlo como cabeza de lista, dado el gran tir¨®n electoral que manten¨ªa.

El entonces delf¨ªn socialista a la sucesi¨®n de Puig, dej¨® el partido y cre¨® el partido La Vall ens uneix, con el que arras¨® en las municipales de mayo de 2019, al repetir la mayor¨ªa absoluta que ya ten¨ªa, pasando de los 14 concejales que ten¨ªa con el PSPV a los 17 actuales. Los socialistas se quedaron sin representaci¨®n. Preguntado por si regresar¨ªa al PSPV si sale absuelto ha despejado dudas: ¡°No es algo que me plantee ahora mismo, estoy centrado en el juicio y en que todo acabe lo mejor posible¡±, ha explicado.