El expresidente de la Diputaci¨®n de Valencia y otros 14 cargos, a juicio por simular contratos en una empresa p¨²blica

El juez instructor del caso Alquer¨ªa ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Diputaci¨®n Provincial Jorge Rodr¨ªguez y a otras 14 personas acusadas por la presunta simulaci¨®n de contratos de alta direcci¨®n en la empresa p¨²blica Divalterra para beneficiar a miembros y simpatizantes de los partidos PSPV-PSOE y Comprom¨ªs, seg¨²n ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n solicita ocho a?os de c¨¢rcel y 20 de inhabilitaci¨®n para Rodr¨ªguez. Y extiende la misma petici¨®n de prisi¨®n al que fuera su jefe de gabinete en la corporaci¨®n provincial, Ricard Gallego, al asesor Manuel Reguart (ambos por cooperaci¨®n necesaria) y para los dos exgerentes de la empresa p¨²blica Divalterra, Agustina Brines (por Comprom¨ªs) y Jos¨¦ Ram¨®n Tiller (por el PSPV). La acusaci¨®n particular, que ejerce el grupo del PP en la Diputaci¨®n valenciana, reclama 18 a?os de prisi¨®n y otros 15 de inhabilitaci¨®n para el expresidente.

Rodr¨ªguez y otros 14 cargos del PSPV y Comprom¨ªs est¨¢n procesados por posibles delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n cometidos al haber contratado irregularmente a siete altos cargos para la empresa p¨²blica Divalterra, con un perjuicio de 1,1 millones de euros para las arcas p¨²blicas. Rodr¨ªguez dimiti¨® de su cargo provincial en junio de 2018 tras ser detenido y a continuaci¨®n puesto en libertad. Ahora es alcalde de Ontinyent por un partido independiente que form¨® cuando los socialistas le vetaron para encabezar la lista en las elecciones municipales de 2019. Rodr¨ªguez gan¨® por mayor¨ªa absoluta, siendo ya investigado.

El titular del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Valencia consider¨® en el auto de procesamiento de Rodr¨ªguez, dado a conocer hace unos d¨ªas, que en Divalterra, empresa de la Diputaci¨®n de Valencia, se nombr¨® arbitrariamente a personas afines al PSOE y a Comprom¨ªs para ocupar altos cargos, incumpliendo la normativa. Divalterra fue la heredera de la antigua Imelsa, que tuvo un papel central en el caso Taula, supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones, vinculada al PP valenciano cuando gobernaba la instituci¨®n provincial.

El magistrado considera que se produjo una contrataci¨®n ¡°simulada y sin observar los requisitos legales ni estatutarios de la empresa de siete altos directivos, m¨¢s otros dos, entre noviembre de 2015 y febrero de 2018¡±, lo que podr¨ªa constituir delitos de prevaricaci¨®n administrativa y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos en su vertiente de administraci¨®n desleal.

Se trataba, adem¨¢s, de personas que nunca hab¨ªan ejercido como altos directivos, por lo que resulta evidente que las finalidades perseguidas no eran las de beneficiar a la empresa p¨²blica, sino a ¡°unos particulares, y m¨¢s a¨²n, y presuntamente, a puros intereses de ¨ªndole partidista¡±. Se produjo as¨ª una ¡°presunta malversaci¨®n, que ha sido cuantificada en la cantidad de 1.122.095,80 euros¡±, se?alaba aquel auto.

Rodr¨ªguez se manifest¨® tras conocer su procesamiento: ¡°Desde el primer momento sab¨ªamos que llegar¨ªamos a juicio oral puesto que era imposible que el fiscal que orden¨® nuestra detenci¨®n y el juez que la autoriz¨® fueran a cerrar el caso, sobre todo, despu¨¦s de la operaci¨®n policial antiterrorista que desplegaron¡±.

La resoluci¨®n de apertura de juicio, notificada este martes, se?ala a la Audiencia de Valencia como ¨®rgano competente, da 10 d¨ªas a las defensas para que formulen sus escritos de conclusiones, y requiere a ocho de los acusados para que depositen fianzas, que van de los 8.227 euros a los m¨¢s de 194.000 euros.