La Guardia Civil cree que la trama Azud financi¨® dos campa?as electorales del PSPV en 2007 y 2008
La UCO sostiene que los socialistas valencianos se liberaron del pago de gastos de publicidad y buzoneo
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que tres empresas implicadas en la trama Azud corrieron con diversos cargos electorales de las campa?as de los socialistas valencianos en 2007 y 2008. En un informe incluido en el sumario, los agentes se?alan que, de la documentaci¨®n incautada deducen que el PSPV no pag¨® gastos de...
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que tres empresas implicadas en la trama Azud corrieron con diversos cargos electorales de las campa?as de los socialistas valencianos en 2007 y 2008. En un informe incluido en el sumario, los agentes se?alan que, de la documentaci¨®n incautada deducen que el PSPV no pag¨® gastos de merchandising, publicidad y buzoneo de las campa?as en las que Carmen Alborch (2007) fue candidata a la alcald¨ªa y Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega (2008) cabeza de lista por Valencia al Congreso, sino que fueron empresas interpuestas e implicadas en la trama Azud.
En concreto, la financiaci¨®n irregular, que estar¨ªa prescrita, procede, seg¨²n el informe, de una operaci¨®n urban¨ªstica impulsada en la localidad alicantina de Jijona que nunca se desarroll¨®. Seg¨²n ha adelantado ValenciaPlaza, una de las empresas del promotor de dicho desarrollo, Jaime Febrer, abon¨® a una segunda empresa cerca de 260.000 euros que pag¨® facturas de otras cuatro firmas que fueron las que realizaron los trabajos para los socialistas.
El informe de la UCO forma parte de una pieza separada del caso Azud, que investiga el cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones, tanto por parte del PP como del PSOE, y los presuntos delitos de prevaricaci¨®n, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tr¨¢fico de influencias, asociaci¨®n il¨ªcita y grupo criminal.
Tal como indican los agentes en el informe, ¡°la investigaci¨®n desarrollada permite identificar a varios actores que, aparentemente por sus relaciones pol¨ªticas y personales y pese a no ejercer cargo p¨²blico alguno, habr¨ªan percibido comisiones durante el periodo investigado, habi¨¦ndolo hecho en atenci¨®n a sus capacidades para provocar o viabilizar decisiones acordes a los intereses del Grupo Axis [propiedad de Jaime Febrer] provenientes de diferentes Administraciones P¨²blicas¡±. As¨ª, la UCO hila los intentos de Febrer por desarrollar una actuaci¨®n urban¨ªstica para la que precisaba de una desaladora con determinados pagos realizados al abogado Jos¨¦ Luis Vera, vinculado al PSOE y que trabaj¨® para Febrer y que, seg¨²n la UCO, se dedic¨® a la ¡°obtenci¨®n de fondos cuyo destinatario ser¨ªa el PSOE¡±.
¡°Para el pago de esta comisi¨®n se habr¨ªan articulado una serie de operativas que, analizadas de forma conjunta, habr¨ªan tenido la aparente finalidad de encubrir el origen delictivo de los fondos: firma de contratos simulados, emisi¨®n de facturaci¨®n ficticia, interposici¨®n de terceras empresas ajenas al grupo empresarial o simulaci¨®n de prestaci¨®n de servicios; entre otras¡±, sostiene la Guardia Civil.
Seg¨²n el informe, ¡°este no ser¨ªa un caso aislado¡± y apunta, ¡°existir¨ªan otros casos en los que actuaciones administrativas¡± desarrolladas en la empresa P¨²blica Acuamed (dedicada a las desaladoras), que ¡°habr¨ªan propiciado pagos en beneficio del PSOE¡±. Entre las empresas que nombra la UCO como pagadoras est¨¢n Construcciones Luj¨¢n, implicado en el caso Taula y el Grupo Gimeno, cuyo presidente fue condenado por financiaci¨®n ilegal al PP.
En la primera fase de la operaci¨®n, en 2019, la Guardia Civil detuvo al abogado Jos¨¦ Mar¨ªa Corb¨ªn, cu?ado de Barber¨¢, y a su socio, el letrado Diego Elum. En la segunda fase, en mayo del pasdo a?o, se detuvo al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, as¨ª como al subdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio (PSPV) y otras 12 personas. Adem¨¢s, se imput¨® al responsable de Finanzas del PSPV, Pepe Catalu?a, activo hasta 2008. La UCO atribuye a este un papel destacado en la operativa en la que tambi¨¦n se implica a la empresa Facsa a la que el mismo informe atribuye el pago de 70.817 euros para la compra de material electoral del PSOE.