La Generalitat ultima la compra directa de la torre en la que viven 115 familias amenazadas de desalojo

El secretario auton¨®mico valenciano de Vivienda, Alejandro Aguilar, se reuni¨® la tarde del mi¨¦rcoles con los vecinos de un edificio con 124 viviendas de protecci¨®n oficial en Valencia, amenazados de desalojo, y les comunic¨® que la Generalitat est¨¢ ultimando la compra de todo el inmueble con la propietaria. No ser¨¢ por el derecho de tanteo y retracto, como era la intenci¨®n inicial, por las diferencias ...

El secretario auton¨®mico valenciano de Vivienda, Alejandro Aguilar, se reuni¨® la tarde del mi¨¦rcoles con los vecinos de un edificio con 124 viviendas de protecci¨®n oficial en Valencia, amenazados de desalojo, y les comunic¨® que la Generalitat est¨¢ ultimando la compra de todo el inmueble con la propietaria. No ser¨¢ por el derecho de tanteo y retracto, como era la intenci¨®n inicial, por las diferencias entre las tasaciones de los t¨¦cnicos de la administraci¨®n y el precio marcado por el grupo ?tica, que pretend¨ªa vender la torre a un grupo de inversi¨®n. La propietaria notific¨® a los inquilinos, que ocupan 115 pisos del edificio, que ten¨ªan que abandonar las viviendas antes del 4 de marzo, por la conclusi¨®n del contrato de alquiler. ¡°Como no es viable por un problema en la tasaci¨®n, estamos trabajando la v¨ªa de la compra directa del inmueble. La respuesta del propietario ha sido positiva y estamos ahora en el proceso de valorar la oferta y de su formalizaci¨®n¡±, se?al¨® Aguilar a este peri¨®dico.

Cuando sali¨® a la luz la intenci¨®n de la propietaria de vender la torre, construida sobre suelo p¨²blico, transcendi¨® la cifra de 18.8 millones de euros, la oferta que deb¨ªa igualar la Generalitat en aplicaci¨®n del derecho de tanteo. Ahora el precio ser¨¢ otro, si bien el secretario auton¨®mico ha evitado dar cifras de momento. El edificio est¨¢ situado en la pedan¨ªa de La Torre, dentro del complejo que se llam¨® Soci¨®polis cuando se present¨® hace 21 a?os y que se qued¨® a medio construir. En un plazo de una o dos semanas se puede concretar la operaci¨®n.

Aguilar asegura que la ley permite la compra directa por parte de la Administraci¨®n por razones excepcionales. Esto es: por una emergencia habitacional, por la necesidad de residencias m¨²ltiples, por falta de parque p¨²blico y por el incremento del alquiler, entre otras causas.

Raquel, una de las vecinas afectadas que ha asistido a la reuni¨®n, manifest¨® a este peri¨®dico que el objetivo principal es mantener sus casas, independientemente de la f¨®rmula que emplee la Generalitat de compra directa o por derecho de tanteo para adquirir el inmueble. En este sentido, muestra su confianza en Vivienda, bajo la competencia del vicepresidente segundo, H¨¦ctor Illueca, de Unides Podem, para que finalmente se llegue a un acuerdo. Aguilar tampoco desvel¨® a los vecinos el precio de la compra, si bien sugiri¨® que la oferta de la propietaria era asumible por la administraci¨®n.

Una parte de los vecinos no tendr¨ªa que abandonar sus casas el 4 de marzo, seg¨²n les han explicado desde la oficina municipal del derecho a la vivienda. ¡°Nos dijeron que aquellos inquilinos que firmaron sus contratos despu¨¦s de 2019, cuando entr¨® en vigor el cambio de la ley, tienen derecho a 10 a?os de alquiler, sin opci¨®n a compra¡±, indica Raquel. Ella es una de las inquilinas que entr¨® al inicio, hace tambi¨¦n 10 a?os, y por tanto, se tendr¨ªa que marchar porque no ha ejercido el derecho a compra que s¨ª ten¨ªa en su contrato por su elevado precio, muy superior al de una vivienda de protecci¨®n oficial (VPO). La normativa de hace 15 a?os, con el PP en el gobierno, permit¨ªa incrementar los precios de las VPO sin aplicar un ¨ªndice corrector, lo que estimulaba la especulaci¨®n con este tipo de vivienda, seg¨²n Aguilar.

El secretario auton¨®mico incide en que la prioridad es que 115 familias no se queden en la calle. Por ello, han acudido a la compra directa. La Generalitat ya adquiri¨® por derecho de tanteo a finales del pasado al grupo ?tica un edificio con 76 viviendas en el Puerto de Sagunto que iba a vender en una caso muy similar al de La Torre. Ahora est¨¢ negociando con el mismo grupo. Aguilar incide que en la consejer¨ªa no se han detectado posibles operaciones urdidas entre empresas, entre vendedor y supuesto comprador, encaminadas a buscar la intervenci¨®n de la Generalitat con el fin de que acabe adquiriendo el inmueble con dinero p¨²blico.

El responsable pol¨ªtico recuerda la acuciante necesidad de vivienda social y de aumentar el parque p¨²blico en un momento de emergencia habitacional incuestionable, con la subida de precios en el mercado inmobiliario. Para ello, la Generalitat cuenta con una partida presupuestaria para este a?o de 36 millones de euros. Una vez adquiridos los inmuebles, la administraci¨®n ofrece alquileres sociales cuyo importe no puede superar el 25% o el 30% de la renta de unidad de convivencia, con posibilidad de bonificaciones. De modo que los alquileres pueden oscilar entre los 50 hasta 400 euros.