115 familias viven en vilo por la venta de una torre en Valencia: ¡°Lleg¨® una carta para tirarnos de casa¡±

¡°?Ad¨®nde voy a ir con mi hija?¡±. Se pregunta indignada Sandra, debajo de su casa. Ella es una de las 115 familias amenazadas con ser desalojadas de sus viviendas de protecci¨®n oficial (VPO) en una torre de 20 alturas y 124 pisos, ubicada en la pedan¨ªa de La Torre de Valencia. Ella, como la inmensa mayor¨ªa de vecinos, ha recibido una carta, un burofax, un escrito, de la empresa propietaria del edificio que le insta a abandonar su hogar el 4 de marzo, como m¨¢ximo. El motivo expuesto: se ha cumplido el contrato, no hay renovaci¨®n y no hay posibilidad de prolongarlo. El no expuesto: la intenci¨®n del grupo ?tica de vender el inmueble a un fondo de inversi¨®n.

Una salida posible, reflejada en el contrato inicial, es la opci¨®n de compra de la vivienda, pero no es factible, se?alan los vecinos, porque los precios son inalcanzables para ellos, m¨¢s de 200.000 euros por un piso de VPO de menos de 50 metros cuadrados, en un barrio a medio construir, a siete kil¨®metros del centro de Valencia, que iba a ser paradigma de la vanguardia arquitect¨®nica y la vivienda social. As¨ª se vendi¨® hace 20 a?os el entonces llamado Soci¨®polis cuando el proyecto fue presentado por la Generalitat y el Ayuntamiento.

All¨ª se alz¨®, como una de sus primeras construcciones, esta torre de viviendas con alquileres sociales, que ahora oscilan entre los 500 y 600 euros. Desde hace unas semanas, algunas pancartas de los vecinos denunciando los que consideran una estafa rompen la uniformidad de la fachada. ¡°Me dijeron de palabra que no habr¨ªa problema para continuar en las casas, pero claro las palabras se las lleva el viento¡±, comenta Salvador, que lleva casi 10 a?os en el edificio. ¡°La carta no deja ninguna opci¨®n, a la calle¡±, apunta Raquel, su mujer. Los precios que piden por la compra son desorbitados, coincidieron el pasado jueves varios vecinos, que se detuvieron en el portal para hablar del problema que los mantiene en vilo desde hace semanas. ¡°No hay derecho, yo no puedo pagar para nada lo que piden. Pensamos en marcharnos, pero ahora estamos con todos los dem¨¢s, aguantando¡±, dice Jes¨²s. ¡°Es un drama: yo ni puedo volver a mi pa¨ªs, a la Rusia de Putin, ni se me ocurre¡±, apunta Elena, ¡°Lleg¨® una carta para tirarnos de casa ?C¨®mo se pueden aprovechar de unos pisos de VPO as¨ª?¡±, cuestiona otra vecina, a¨²n con las bolsas de la compra en la mano.

La casu¨ªstica es variada. Algunos viven en el edificio desde que se inaugur¨® en 2012. Otros llevan apenas tres meses, como Pedro y Alejandra. En algunos contratos m¨¢s recientes hab¨ªa una cl¨¢usula que estipulaba la obligaci¨®n de dejar la vivienda si el edificio se vend¨ªa. Otros no han sido avisados del desalojo, como afirma el polaco Piotr, por ejemplo. Todos los vecinos consultados esperan que las negociaciones entre la propietaria y la Generalitat lleguen a buen puerto. Una portavoz del grupo ?tica confirm¨® el pasado viernes a este peri¨®dico las conversaciones, pero declin¨® pronunciarse y responder a preguntas ¡°mientras el expediente est¨¦ en curso¡±.

El secretario auton¨®mico de Vivienda, Alejandro Aguilar, explica que la intenci¨®n de la Generalitat es ejercer el derecho de tanteo, de compra preferente, si se cumplen todas las condiciones en un momento de emergencia habitacional. La semana que viene se tasar¨¢n los pisos y continuar¨¢ el procedimiento que puede acabar con la compra por 18,8 millones de euros de todo el inmueble, incluidos garajes, trasteros y bajos comerciales, que pasar¨ªan al parque p¨²blico de viviendas con alquileres asequibles. El pasado viernes por la tarde, Aguilar y la concejala de Pueblos, Luc¨ªa Beamud, se reunieron con los vecinos para exponerles la intenci¨®n de la Consejer¨ªa de Vivienda y Arquitectura Bioclim¨¢tica, que dirige el vicepresidente segundo H¨¦ctor Illueca, de Unides Podem.

Los vecinos se aferran a esta posibilidad que no contempla la compra, solo el alquiler a precios tasados en funci¨®n de la capacidad socioecon¨®mica de los vecinos. El precio de arrendamiento oscila entre el 25% y 30% de los recursos econ¨®micos del arrendado, un porcentaje que se reduce atendiendo a los casos, como la presencia de menores con diversidad funcional y otros condicionantes.

Aguilar se remonta al origen del edificio para explicar la situaci¨®n actual. ¡°El edificio se construye sobre suelo p¨²blico. Fue subastado en 2011 y ?tica se qued¨® con ¨¦l con la condici¨®n de desarrollar primero un proyecto constructivo de viviendas de protecci¨®n oficial en r¨¦gimen de alquiler con opci¨®n de compra a los 10 a?os¡±, se?ala. Pero entonces se fijo un coeficiente para establecer la cuant¨ªa de la venta que inclu¨ªa la subida del IPC, sin un ¨ªndice protector m¨¢ximo a pesar de tratarse de VPO, lo que ha disparado su precio. ¡°Este es un ejemplo de c¨®mo una norma para VPO puede permitir los fines especulativos. Insisto: todo esto deriva de venta suelo p¨²blico residencial, con un alquiler asequible, que acaba con la p¨¦rdida de recursos p¨²blicos¡±, apunta Aguilar, que critica a la administraci¨®n auton¨®mica, entonces regida por el PP, responsable del proyecto. En este sentido, la propietaria del edificio estar¨ªa cumpliendo con la normativa de entonces para sus intereses, sin cometer ninguna presunta ilegalidad. La Generalitat ya adquiri¨® a finales del pasado a?o al grupo ?tica un edificio de 76 viviendas por casi 10 millones de euros, que iban a ser desahuciadas en el Puerto de Sagunto por la venta del inmueble.

Aguilar recuerda tambi¨¦n el inter¨¦s de la Generalitat por ampliar el parque p¨²blico de viviendas de alquiler social. Desde 2018, ha adquirido 1.262 viviendas con una inversi¨®n de 75 millones: 818 viviendas por el decreto de tanteo y retracto con una media de 56.000 euros por vivienda, 342 por compra directa (61.000 euros de media) y 102 por concurso (82.000), seg¨²n los datos proporcionados por la consejer¨ªa. Hay, no obstante, una lista de espera de casi 14.000 familias en la Comunidad Valenciana para recibir una vivienda p¨²blica.

El Gobierno valenciano, por otra parte, pretende relanzar los proyectos de habita La Torre, en lo que se llamaba con anterioridad Soci¨®polis, y ha reactivado la obra del que ha sido el paradigma del abandono, una estructura de un edificio vandalizado y paralizado 11 a?os, que albergar¨¢ 84 viviendas de alquiler social, el 40% para j¨®venes, con un presupuesto total de 23,5 millones de euros, 15,1 millones aportados por la Generalitat y 8,4 por los fondos europeos.