El juez archiva la acusaci¨®n contra el director general que otorg¨® las subvenciones a un hermano de Ximo Puig

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de Valencia ha archivado la causa abierta contra el director general de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica de la Generalitat Valenciana, Rub¨¦n Trenzano, al que el PP acus¨® de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n por las subvenciones concedidas al empresario Francis Puig, hermano del presidente del Consell, Ximo Puig, y a los hermanos Adell Bover, antiguos socios.

En un auto fecha el 10 de mayo, el juez atiende la petici¨®n de su letrado que consider¨® que Trenzano no hab¨ªa incurrido en ninguna conducta delictiva y que no se hab¨ªa acreditado que no se cumplieron los requisitos exigidos para la concesi¨®n de la subvenciones. En el escrito, el instructor afirma que no existen indicios suficientes como para mantener la acusaci¨®n. Es decir, que las ayudas se concedieron legalmente.

Trenzano ya fue absuelto en 2021 de otra querella presentada por el PP en la que le acusaba de supuesta falsedad documental por asegurar, en una carta, que se fiscalizaron las ayudas p¨²blicas a la promoci¨®n del valenciano concedidas a dos empresas de Francis Puig. Seg¨²n el PP, ese control no exist¨ªa. Seg¨²n aquella sentencia, los testimonios aportados durante el juicio sostienen que ¡°se realiz¨® la comprobaci¨®n administrativa de la concesi¨®n de la subvenci¨®n en cada una de sus fases (solicitud, justificaci¨®n y pago) y la comprobaci¨®n material se realiz¨® en el tr¨¢mite de justificaci¨®n en el que adem¨¢s de la documentaci¨®n correspondiente se aport¨® el disco duro¡±.

El PP present¨® la querella en 2019. En este tiempo de instrucci¨®n, el juez no ha llamado a declarar a Trenzano, que ha estado imputado durante estos a?os. La instrucci¨®n se ha dado por concluida, excepto por las diligencias acordadas hasta ahora entre las que no se encontraba la declaraci¨®n del director general. : ¡°Continuar la instrucci¨®n teni¨¦ndole como investigado ser¨ªa tanto como aplicarle la pena de banquillo¡±, apela el juez.

As¨ª, el juzgado considera que la administraci¨®n auton¨®mica no incurri¨® en ning¨²n delito en la concesi¨®n de las subvenciones y que el procedimiento cumpli¨® con la legalidad.

La parte que el juez mantiene abierta, de momento, es la referente a la recepci¨®n de esas ayudas. El instructor destaca as¨ª que las diligencias pendientes est¨¢n encaminadas a determinar si hubo delito de fraude de subvenciones por los investigados o una posible falsedad documentaci¨®n en la actuaci¨®n de Francis Puig o los hermanos Adell Bover, ¡°delitos en los que ninguna participaci¨®n tendr¨ªa Trenzano, pues la querella se dirig¨ªa contra ¨¦l en calidad de director de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica por una presunta ausencia de control en su concesi¨®n, de los que no hay indicio alguno¡±, sentencia.

Durante la instrucci¨®n, el juzgado ha recibido un informe de la Guardia Civil en el que los agentes advert¨ªan: ¡°No va a ser un informe tipo, con conclusiones¡±. ¡°A modo de resumen, se han encontrado varias irregularidades que pueden deberse a errores humanos o inform¨¢ticos de mecanizaci¨®n y otro pudieran tratarse de mala fe¡±, se?alaba tambi¨¦n el informe que, en cualquier caso, no dirim¨ªan cu¨¢les pueden encuadrarse en cada una de las tipolog¨ªas se?aladas. Ante la falta de conclusiones concretas, el titular del juzgado reclam¨® a los Gobiernos de Catalu?a y de la Comunidad Valenciana informaci¨®n sobre las subvenciones recibidas por las empresas en las que trabaja Francis Puig y de las que es accionista, junto con otros socios.

El juez ya cuenta con el informe de la Generalitat de Catalu?a, cuyo sistema para la fiscalizaci¨®n de la concesi¨®n de subvenciones dista mucho del implantado en el Generalitat Valenciana. As¨ª, la de Catalu?a ya ha apuntado que la funci¨®n de la Intervenci¨®n de esa administraci¨®n auton¨®mica se centra en un ¡°control documental dirigido a comprobar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables y el cumplimiento del objeto y la finalidad¡± y que no se exige ¡°la aportaci¨®n de facturas como medio de justificaci¨®n¡±, como s¨ª hace la Generalitat Valenciana. ¡°Los documentos portados se presumen v¨¢lidos y no consta que durante la tramitaci¨®n administrativa se hubieran puesto de manifiesto indicios de falsesas u otra irregularidad similar¡±, concluye la Intervenci¨®n de la Generalitat catalana.

Ahora falta que la administraci¨®n auton¨®mica valenciana aporte su informe para determinar si existieron irregularidades en la concesi¨®n estas ayudas, entre 2015 y 2018, y si se dio un fraude que supere los 120.000 euros, cantidad a partir de la cual se considera un delito de subvenciones.