El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, condenado a cuatro a?os y medio de prisi¨®n por financiaci¨®n irregular del PP

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a las penas de cuatro a?os y medio de prisi¨®n, nueve a?os de inhabilitaci¨®n para empleo o cargo p¨²blico, otros dos a?os de suspensi¨®n de la misma naturaleza y al pago de una multa de cinco millones de euros al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, del PP, en el marco de la pieza A del conocido como caso Taula. La Secci¨®n Segunda de la Audiencia considera al que fuera mano derecha de la alcaldesa Rita Barber¨¢, que gobern¨® Valencia entre 1991 y 2015, como autor de los delitos continuados de malversaci¨®n y cohecho pasivo cometidos con motivo de la financiaci¨®n de la campa?a electoral del PP para los comicios municipales de 2007. Para ambos delitos, la Sala aprecia la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Grau, de 83 a?os, deber¨¢ indemnizar al Ayuntamiento de Valencia con 388.150 euros, seg¨²n la sentencia dada a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ).

El exvicealcalde ya fue condenado en 2019 por la Audiencia de Valencia a cuatro a?os de c¨¢rcel por aceptar dos relojes de lujo, valorados en 25.000 euros, que le regal¨® un empresario adjudicatorio de varios contratos municipales.

El tribunal impone, adem¨¢s, cuatro a?os de prisi¨®n y ocho de inhabilitaci¨®n para el que fuera director de la Fundaci¨®n Valencia Turismo Convention Boureau (FTVBC), Jos¨¦ Salinas, como cooperador necesario de un delito continuado de malversaci¨®n con la atenuante de dilaciones indebidas. En su caso, deber¨¢ responder de forma solidaria al pago de 210.000 de los 388.150 euros de la responsabilidad civil a la que habr¨¢ de hacer frente el anterior penado.

En cambio, el tribunal ha absuelto por falta de pruebas de los delitos de cohecho, malversaci¨®n y falsedad documental a los otros dos acusados en este procedimiento: la exsecretaria del Grupo Municipal Popular Mari Carmen Garc¨ªa Fuster y el exdirector de la Asociaci¨®n Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Sant¨®n.

La sentencia considera probado que el entonces concejal de Hacienda y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia Alfonso Grau desvi¨® fondos de la fundaci¨®n y la asociaci¨®n mencionadas, que recib¨ªan aportaciones econ¨®micas del Consistorio, para sufragar gastos generados por la campa?a electoral municipal del PP de 2007.

As¨ª, seg¨²n recoge la resoluci¨®n, la FTVBC, entidad de car¨¢cter privado financiada con aportaciones municipales y destinada a la promoci¨®n tur¨ªstica de la ciudad de Valencia, abon¨® al menos 210.000 euros la empresa que gestionaba la campa?a electoral para el PP, Laterne Product Council (LPC).

Del mismo modo, CEyD, dedicada al desarrollo econ¨®mico, cultural, social y tecnol¨®gico de Valencia y financiada mayoritariamente con dinero municipal, pag¨® 178.150 euros a la misma empresa. La sentencia mantiene que dichos pagos se efectuaron por decisi¨®n de Alfonso Grau y que Jos¨¦ Salinas colabor¨® en la ejecuci¨®n de los mismos.

La resoluci¨®n tambi¨¦n considera probado que la empresa de la campa?a del PP, LPC, recibi¨® aportaciones de diversas empresas contratistas con el Consistorio que se dedicaron a sufragar gastos de las actividades de la campa?a electoral del PP de 2007 y que se efectuaron bajo la apariencia de pagos por prestaciones que realmente no se hab¨ªan realizado.

Esos empresarios hicieron dichos pagos para ¡°significarse ante quienes pod¨ªan continuar siendo responsables del gobierno municipal¡±, a fin de ¡°apoyar que la candidatura del Partido Popular continuara gobernando [¡­] y poder, as¨ª, beneficiarse en el futuro de un trato favorable por parte del Ayuntamiento, de las empresas p¨²blicas municipales y de cualesquiera otras entidades en cuyas decisiones pudieran intervenir los gobernantes municipales¡±, seg¨²n detalla la sentencia.

El tribunal ha dictaminado que esos pagos se hicieron a petici¨®n de Alfonso Grau, ¡°quien se prevali¨® de la posici¨®n que ocupaba como teniente de alcalde del Ayuntamiento para conseguir aportaciones econ¨®micas de ¡°las empresas que manten¨ªan relaciones econ¨®micas con la Corporaci¨®n local por importes relevantes o que pod¨ªan tener inter¨¦s en poder acceder a contratar con el Ayuntamiento¡±.

En todo caso, lo hicieron ¡ªprosigue la Sala¡ª ¡°en atenci¨®n a la posici¨®n de poder que ¨¦l ocupaba y a la capacidad que pod¨ªa haber desplegado o pod¨ªa en el futuro desplegar para poder influir en la contrataci¨®n municipal¡±.

Seg¨²n la Secci¨®n de la Audiencia de Valencia, en esa acci¨®n, ¡°cuanto menos colabor¨® en la comisi¨®n de los hechos¡± el entonces director gerente de FTVBC, pues autoriz¨® los pagos y ¡°no cabe plantear como hip¨®tesis razonable¡± que lo hiciera ¡°por error o enga?ado¡±, sino que su colaboraci¨®n fue ¡°necesariamente consciente de su finalidad¡±.

Diferente conclusi¨®n alcanza el tribunal respecto a la campa?a de las municipales de 2011, que tambi¨¦n eran objeto de acusaci¨®n, pues entiende que no hay una prueba evidente del origen de los fondos utilizados por el PP para sufragar los gastos electorales.

¡°La prueba existente y analizada no permite descartar que las facturas analizadas se correspondieran con trabajos efectivamente realizados¡±, precisan los magistrados.

As¨ª, aunque el pago de gastos electorales con los saldos de la cuenta del Grupo Municipal Popular se efectuaron ¡°al margen de la contabilidad del PP y con incumplimiento de las exigencias de la legislaci¨®n sobre financiaci¨®n de partidos pol¨ªticos y de la legislaci¨®n electoral¡±, esos hechos, cuando se cometieron, no eran constitutivos del delito de financiaci¨®n ilegal, a?ade el tribunal. La sentencia, que consta de 370 p¨¢ginas, no es firme y puede ser recurrida en casaci¨®n ante el Tribunal Supremo, concluye la nota del TSJ.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la acusaci¨®n popular, que representa a Comprom¨ªs, solicitaban para Grau nueve a?os de prisi¨®n por un delito de malversaci¨®n y otro de cohecho; cinco a?os para los responsables de las entidades p¨²blicas por malversaci¨®n; y un a?o para Garc¨ªa Fuster por cohecho.

Comprom¨ªs y PSPV han recalcado que la condena por la caja B del PP ¡°demuestra la corrupci¨®n sistem¨¢tica¡± que exist¨ªa en el Ayuntamiento en esa ¨¦poca y, por ello, han exigido a la actual alcaldesa, Maria Jos¨¦ Catal¨¢, del PP, que ¡°pida perd¨®n y reclame hasta el ¨²ltimo c¨¦ntimo robado por el PP¡±. La portavoz de Comprom¨ªs, Papi Robles, ha recordado que se han mantenido ¡°firmes¡± en su personaci¨®n en este caso ¡°de corrupci¨®n del PP¡± y que ¡°ahora, con esta sentencia se confirma lo que Comprom¨ªs siempre denunciamos: la corrupci¨®n sistem¨¢tica que exist¨ªa en el Ayuntamiento, el dopaje electoral del PP y el enriquecimiento personal de Barber¨¢ y su entorno¡±. Por eso exige a Catal¨¢ que ha nombrado en el ¨²ltimo a?o a Rita Barber¨¢ alcaldesa honoraria de Valencia y ha puesto su nombre en el Pont de les Flors, que retire estos reconocimientos institucionales.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanju¨¢n, ha afirmado que esta condena ¡°certifica que los socialistas siempre tuvimos raz¨®n al denunciar que el PP hab¨ªa convertido el Ayuntamiento en un instrumento para enriquecerse¡±. Sanjuan ha recordado que la exportavoz socialista y exvicealcaldesa de Val¨¨ncia, Sandra G¨®mez, ¡°logr¨® sentar en el banquillo a Alfonso Grau por el caso N¨®os y gracias a ello logr¨® que dimitiera como vicealcalde de Val¨¨ncia en una rueda de prensa en la que compareci¨® ante los medios de comunicaci¨®n junto con Barber¨¢, quien lleg¨® a compararlo con Winston Churchill¡±.