La Audiencia de Valencia juzga la presunta financiaci¨®n irregular del PP de Rita Barber¨¢

La Audiencia de Valencia ha iniciado este martes el juicio por la presunta financiaci¨®n irregular de las campa?as electorales de 2007 y 2011 del PP de Valencia, que entonces lideraba Rita Barber¨¢, fallecida en noviembre de 2016. En el banquillo de los acusados se sientan el que fue mano derecha de la propia Barber¨¢, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, la exsecretaria del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, Mari Carmen Garc¨ªa Fuster y los responsables de una asociaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro y una fundaci¨®n vinculadas al Consistorio que, supuestamente, se dedicaban a aportar fondos para las campa?as electorales.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la acusaci¨®n popular, que representa a Comprom¨ªs, solicitan para Grau nueve a?os de prisi¨®n por un delito de malversaci¨®n y otro de cohecho; cinco a?os para los responsables de las entidades p¨²blicas por malversaci¨®n; y un a?o para Garc¨ªa Fuster por cohecho.

Cinco agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que participaron en la investigaci¨®n han ratificado durante la primera sesi¨®n del juicio los informes que describen la operativa en una cuenta ajena ¡°a ning¨²n tipo de control¡±. Para la campa?a de 2007, el grupo popular firm¨® un contrato con la empresa Laterne por 150.000 euros cuando el coste real de los gastos electorales podr¨ªa haber superado los dos millones de euros, seg¨²n ha calculado uno de los agentes que, en cualquier caso, ha se?alado que ¡°es dif¨ªcil de cuantificar¡±. Esta empresa es, seg¨²n la acusaci¨®n y la UCO, la que sirvi¨® para canalizar ingresos de las entidades municipales y de diferentes empresas adjudicatarias del Ayuntamiento con los que luego se pagaban los gastos electorales. En ella se realizaban aportaciones de ¡°colaboradores y allegados¡± e ingresos en efectivo.

Para los comicios de 2011, en los que Barber¨¢ ratific¨® su mayor¨ªa absoluta, tras la desaparici¨®n del entramado de empresas alrededor de Laterne, por la muerte de su propietario que era amigo del vicealcalde Grau, este ¨²ltimo contact¨® para la campa?a electoral con otra empresa, Trasgos. ¡°Comprobamos que hab¨ªa empresas que solo facturaron con Trasgos antes de las elecciones y durante la campa?a, y eran empresas que ten¨ªan importantes intereses econ¨®micos con el Ayuntamiento. Adem¨¢s, buena parte de ellas eran las mismas que ya hab¨ªan realizado esta misma operativa en 2007¡å, han apuntado los investigadores de la UCO. Para los gastos electorales se firm¨® un contrat¨® de 170.000 euros pero estos fueron, al menos, de 110.000 euros m¨¢s de lo que se hab¨ªa ingresado, seg¨²n ha explicado uno de los agentes. ¡°Se deduce que deb¨ªa de existir otra fuente de ingresos¡±, ha se?alado.

En esa cuenta b ajena al control de la ley de r¨¦gimen electoral fue en la que la Guardia Civil detect¨® tambi¨¦n 50 ingresos de 1.000 euros que concejales diles y asesores del grupo municipal del PP realizaron antes de recibir, a cambio, en mano dos billetes de 500 euros de procedencia desconocida, el conocido como ¡°el pitufeo¡± que la misma Audiencia Provincial de Valencia archiv¨® ante la ¡°notoria ausencia de indicios que justifiquen debidamente la perpetraci¨®n de los elementos objetivos del delito¡±, decisi¨®n que fue posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo.

La primera jornada ha servido para que las defensas de los acusados expongan sus cuestiones previas y han coincidido en alegar la prescripci¨®n de delitos en la presunta caja b para evitar el juicio. El fiscal ha discrepado de las cuentas de los plazos de prescripci¨®n realizadas por los abogados que consideran que no existe un delito ¡°continuado¡± y la sala ha optado por no atender a estas peticiones y exponer que, en cualquier caso, se determinar¨¢ en la sentencia.