La SAREB paraliza el desahucio de 17 familias de Arganzuela
La inmobiliaria arrendadora quebr¨® en 2015 y desde entonces 50 personas, 10 de ellas menores, batallaban para no ser expulsadas. El juzgado ha admitido la petici¨®n
La SAREB ha solicitado pasada la una de la tarde de este martes la paralizaci¨®n del lanzamiento de 17 familias de Arganzuela que viven en un edificio de su propiedad. Y lo ha justificado sobre la base de la vulnerabilidad de nueve inquilinos, tras coordinarse con los servicios sociales municipales. ¡°Se les ofrecer¨¢ un alquiler social en el mismo edificio¡±, explica un portavoz de la entidad. Sobre las dos y media de la tarde, el juzgado ha aceptado la solicitud, por lo que, al ser un ¨²nico auto, frenar¨¢ la actuaci¨®n judicial para todas las familias, aunque el proceso de desahucio para aquellas ...
La SAREB ha solicitado pasada la una de la tarde de este martes la paralizaci¨®n del lanzamiento de 17 familias de Arganzuela que viven en un edificio de su propiedad. Y lo ha justificado sobre la base de la vulnerabilidad de nueve inquilinos, tras coordinarse con los servicios sociales municipales. ¡°Se les ofrecer¨¢ un alquiler social en el mismo edificio¡±, explica un portavoz de la entidad. Sobre las dos y media de la tarde, el juzgado ha aceptado la solicitud, por lo que, al ser un ¨²nico auto, frenar¨¢ la actuaci¨®n judicial para todas las familias, aunque el proceso de desahucio para aquellas que no hayan sido declaradas vulnerables seguir¨¢ su curso.
Se trata de 50 vecinos, 10 de ellos menores, que viven en la finca de la calle de C¨¢ceres n¨²mero 7 del distrito de Arganzuela, en Madrid. La inmobiliaria Gir Building Group Corporaci¨®n, empresa propietaria del edificio, quebr¨® a principios de 2015 y, antes de desaparecer, anunci¨® que dejar¨ªa de cobrarles. Un administrador de la entidad, que ocupaba uno de los bajos, recib¨ªa el pago en met¨¢lico cada mes y emit¨ªa los recibos. Este empleado se esfum¨® sin dejar rastro, y 30 familias se quedaron sin saber c¨®mo o d¨®nde ingresar las rentas. Cinco a?os despu¨¦s, 17 de ellas se enfrentaban hasta hoy a la tercera notificaci¨®n de desahucio, a pesar de estar activo el Real Decreto 37/2020 que en teor¨ªa los detiene mientras duren los efectos de la pandemia. La fecha marcada por el juzgado era este mi¨¦rcoles, 14 de julio, a las diez de la ma?ana.
Gloria, la esposa de Juli¨¢n, est¨¢ dentro de la lista de familias que no tendr¨¢n que marcharse: ¡°Estamos medio contentos. Sobre todo por mi nieto, que vive con nosotros desde hace tres a?os, no quer¨ªa cambiar de barrio, ni de amiguitos¡±. EL PA?S ha tenido acceso al listado de pisos que se transformar¨¢n en alquiler social: un bajo, un primero, dos segundos, dos terceros y tres quintos, nueve en total.
A¨²n esta ma?ana, seg¨²n relatan varios vecinos, dos hombres se ha acercado al portal ofreciendo dinero. Es la tercera vez que vienen en un mes. ¡°Nos ofrecieron 5.000 euros a cada piso por irnos¡±, relata Juli¨¢n. Hoy han vuelto y les han ofrecido el doble, 10.000 euros. ¡°Al decirle que nos van a regularizar a nueve, han cambiado de opini¨®n¡±, explica. ¡°Ya no les interesaba y se han ido¡±.
El inmueble, que ocupa una parcela de 682 metros cuadrados y fue construido en 1926, contiene 70 viviendas, 40 de las cuales pertenecen a propietarios particulares. Las 30 de la inmobiliaria pasaron a la Sociedad de Gesti¨®n de Archivos procedentes de la Reestructuraci¨®n Bancaria, la SAREB. Hubo una primera y ¨²nica vista en los juzgados de Plaza de Castilla al principio del proceso, en el que cada familia pudo exponer sus condiciones y aport¨® la documentaci¨®n requerida. ¡°Preguntamos d¨®nde ir ingresando el alquiler¡±, explica Juli¨¢n de las Mozas, exrepartidor de carne jubilado de 68 a?os y vecino del segundo. ¡°Nos dijeron que esper¨¢ramos a que nos comunicasen el n¨²mero de una cuenta bancaria¡±. Pero esta informaci¨®n nunca les lleg¨®.
Otro de los vecinos, de 82 a?os, hab¨ªa heredado el contrato subrogado de su abuelo, que a su vez lo hab¨ªa firmado en 1937, y quiso ir consignando el importe de cada mensualidad en el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 54. La abogada de las 17 familias, Pilar Huete, se indigna al tel¨¦fono: ¡°Ha estado varios a?os pagando religiosamente, y no le ha servido de nada¡±. Explica adem¨¢s que desde el juzgado pueden argumentar que se encuentran ante un procedimiento hipotecario, porque los contratos ya est¨¢n resueltos. ¡°Pero esta situaci¨®n est¨¢ directamente relacionada con el arrendamiento¡±, precisa.
Seg¨²n dicta la Ley de Arrendamientos Urbanos, para contratos de m¨¢s de siete a?os si el due?o es una persona jur¨ªdica, como lo es la extinta inmobiliaria, el inquilino podr¨¢ quedarse en el inmueble ante situaciones en que el arrendador pierda la titularidad de la vivienda, si se han registrado los contratos en el Registro de la Propiedad antes de la situaci¨®n sobrevenida. De otro modo se resuelven. ¡°Pero c¨®mo iban a saber esto las familias¡± contin¨²a Huete. ¡°Ellos ten¨ªan un justo t¨ªtulo, no son okupas, han estado a?os preguntando a qui¨¦n pagar¡±.
Ellos ten¨ªan un justo t¨ªtulo, no son okupas, han estado a?os preguntando a qui¨¦n pagarPilar Huete, abogada de las familias
Marcela Cuadro, vecina del bajo, es la m¨¢s antigua del edificio. Fue, de hecho, la portera desde 1980 hasta su jubilaci¨®n. El m¨¢s reciente es Tarik, llegado a principios de 2015, repartidor de pizzas de una gran cadena. Las amigas Naima y Rashida, de 56 y 63 a?os, llevan tambi¨¦n varios a?os en el inmueble. Naima sigue esperando a que le saquen del ERTE y pueda volver a su trabajo en un restaurante, mientras que Rashida ya est¨¢ jubilada de su trabajo de cocinera, tras m¨¢s de 24 a?os. Con su sueldo y pensiones pagaban el alquiler sin problemas.
De la misma forma lo hac¨ªan Irma, Milagros, Estela Mari, Luz Mar¨ªa o Paola, todas ellas mujeres venidas de Latinoam¨¦rica y que dejaron a los suyos para cuidar de los hijos y mayores de familias madrile?as. Con lo que ganaban pagaban las rentas, que oscilaban entre los 340 a los 550 euros, en funci¨®n del tama?o de los pisos. De acuerdo al catastro, hay ocho de entre 18 y 21 metros cuadrados en el bloque.
Peque?os o grandes, para estas familias estos pisos son su hogar y no quieren irse. Reclaman hacer v¨¢lidos los contratos de alquiler que ten¨ªan en vigor cuando su casero se arruin¨®. Tampoco podr¨ªan irse, aunque quisieran: no tienen posibilidad de asumir hoy el precio medio de los alquileres de Madrid. En Madrid han subido los arrendamientos un 57%.
En la plataforma Stop Desahucios tienen una propuesta de soluci¨®n: ¡°El Ayuntamiento podr¨ªa perfectamente comprar las viviendas¡±. Mercedes Revuelta, activista de la entidad, introduce la posibilidad. ¡°El Ayuntamiento ya firm¨® un convenio con la SAREB para ampliar su parque p¨²blico de vivienda¡±, dice Revuelta. Desde el Consistorio confirman este hecho: ¡°la Sociedad cedi¨® 108 viviendas a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo en enero de 2016¡±. Antes de que venciera el convenio, se compraron para no tener que realojar a los inquilinos. Sin embargo, el edificio de la calle de C¨¢ceres n¨²mero siete no estaba en la bolsa. ¡°Estas viviendas no est¨¢n en el acuerdo, y de momento no nos interesan¡±, explica el portavoz de la empresa p¨²blica.
Estas 50 personas son vulnerables, hemos presentado papeles para justificarlo al juzgado, a los servicios sociales, y a una gestora de la SAREBPilar Huete, abogada de las familias
Pilar Huete explicaba antes de la intervenci¨®n de la SAREB que esperaba que el lanzamiento no se ejecutara. ¡°Estas 50 personas son vulnerables, hemos presentado papeles para justificarlo al juzgado, a los servicios sociales, y a una gestora de la SAREB¡±.
Desde servicios sociales del Ayuntamiento aseguraron el jueves pasado a este peri¨®dico que ya hab¨ªa acuerdo con la entidad para ofrecer un alquiler social a tres familias y que, desde la Junta Municipal, se hab¨ªa solicitado la suspensi¨®n de lanzamiento. Las familias aseguraron que no sab¨ªan nada. Registraron su ¨²ltimo recurso el pasado viernes, sin saber si el juzgado hab¨ªa recibido informes de los trabajadores sociales. La letrada insiste en la situaci¨®n de vulnerabilidad, el t¨ªtulo de arriendo existente, ¡°y por supuesto hay un decreto en vigor que proh¨ªbe que les saquen de sus casas en pandemia¡±.
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