Asesinado a tiros un juez israel¨ª en Tel Aviv
Las autoridades hebreas descartan la autor¨ªa palestina
Un desconocido ha acabado esta tarde con la vida de un juez israel¨ª en una ciudad al norte de Israel. El ministro de Justicia hebreo, Yosef Lapid, ha rechazado a ¨²ltima hora de esta tarde que cualquier grupo terrorista palestino est¨¦ detr¨¢s de este asesinato. "De lo que estamos seguros en este momento es de que no ha sido una acci¨®n de terroristas palestinos", ha dicho el ministro a la radio israel¨ª, saliendo as¨ª al paso de un comunicado emitido por las Brigadas de los M¨¢rtires de Al Aqsa en el que reivindicaban su autor¨ªa.
El cad¨¢ver del magistrado, Adi Azar, ha sido hallado esta tarde en el interior del coche que conduc¨ªa, en las proximidades de su domicilio, en la ciudad de Ramat Hashar¨®n. El asesino, seg¨²n testigos presenciales, iba vestido como un agente de seguridad y ha efectuado los disparos desde una motocicleta en la que luego ha huido.
La edici¨®n electr¨®nica del diario Yediot Aharonot arroja otra versi¨®n del asesinato del magistrado, de 49 a?os. Seg¨²n este peri¨®dico la muerte de Adi Azar es la represalia del extremismo palestino por la muerte, tambi¨¦n hoy, en una explosi¨®n de un dirigente del liban¨¦s Partido de Dios (Hizbul¨¢), Ghaleb Awali, en Beirut.
El asesinato ha causado una gran conmoci¨®n en la sociedad israel¨ª, ya que nunca antes se hab¨ªa producido un atentado contra un juez. De hecho, el atentado ha tenido como inmediata consecuencia la suspensi¨®n de las negociaciones entre el Partido Laborista, en la oposici¨®n, y el Likud para formar un gobierno de unidad nacional. As¨ª lo han informado fuentes de ambos partidos poco despu¨¦s de la muerte del magistrado.
Estas dos formaciones negocian la posibilidad de que los laboristas se sumen al Gobierno de Ariel Shar¨®n, en franca minor¨ªa desde que hace dos meses hizo aprobar su plan de desconexi¨®n de la franja de Gaza. En paralelo, los ministros de Justicia y de Seguridad Interior se reunir¨¢n ma?ana con car¨¢cter de urgencia para decidir si el aparato judicial necesita refuerzos en la vigilancia de sus instituciones y funcionarios.
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