El Departamento de Justicia de EE UU apela a la Constituci¨®n para justificar las escuchas de Bush
Un documento elaborado por el fiscal general asegura que el presidente tiene plenos poderes para espiar sin autorizaci¨®n de un juez
El Departamento de Justicia estadounidense ha hecho p¨²blico un documento en el que apela a la Constituci¨®n y a otras leyes para justificar las escuchas telef¨®nicas sin autorizaci¨®n judicial en el marco de la lucha contra el terrorismo emprendida por la Administraci¨®n Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El programa secreto de espionaje a ciudadanos estadounidenses fue revelado por el peri¨®dico The New York Times hace un mes, despu¨¦s de que una fuente no identificada le filtrara desde el Gobierno los pol¨¦micos documentos. Las cr¨ªticas contra la actuaci¨®n de la Casa Blanca se han recrudecido desde entonces y el presidente Bush ha sido acusado de haber quebrantado la ley al autorizar a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en ingl¨¦s) a interceptar conversaciones y correos electr¨®nicos, dentro y fuera de EE UU, de sospechosos de estar vinculados a Al Qaeda. En el seno de la Administraci¨®n se insiste en que el presidente tiene poderes constitucionales para ordenar este tipo de vigilancia, y que el Congreso le autoriz¨® a utilizar los medios necesarios para prevenir futuros atentados.
El documento, remitido hoy al Congreso por el fiscal general estadounidense, Alberto Gonzales, insiste en esta tesis al asegurar que la autorizaci¨®n concedida por la c¨¢mara "sit¨²a al presidente con plenos poderes para autorizar las actividades de la NSA". Las actividades de espionaje a los ciudadanos estadounidenses son "legales en todo sentido", insiste el documento.
Base constitucional
El dossier de 42 p¨¢ginas elaborado por el departamento de justicia tambi¨¦n apela a la Constituci¨®n y a documentos federales y escritos elaborados por anteriores presidentes, tanto republicanos como dem¨®cratas, para justificar la actuaci¨®n de Bush. Incluso recuerda resoluciones de los tribunales y escritos elaborados por expertos en la materia que amparar¨ªan la orden dada por Bush a sus servicios de seguridad. "El presidente tiene la determinaci¨®n de ejecutar toda la autoridad de la que dispone, amparada por la Constituci¨®n, para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos", asegura el informe.
El documento tambi¨¦n pone en duda la constitucionalidad de una ley federal del a?o 1978 que regula las actividades de los servicios de inteligencia y proh¨ªbe expresamente las escuchas dom¨¦sticas sin las debidas garant¨ªas judiciales concedidas por un tribunal especial.
El documento recalca la postura gubernamental de que Bush ten¨ªa autoridad para ordenar el espionaje de los estadounidenses, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y con el benepl¨¢cito del Congreso, que autoriz¨® una resoluci¨®n para el uso de la fuerza tras los atentados del 11-S. El Gobierno insiste ahora en que, a¨²n si la resoluci¨®n del Congreso no crea exenciones a la ley de 1978, ¨¦sta no puede frenar la autoridad del presidente Bush, en su capacidad como comandante en jefe, para permitir las actividades de espionaje en tiempos de guerra.
Cr¨ªticas de grupos de derechos civiles
El informe de Gonzales agrega que las actividades de la NSA no violan una enmienda constitucional que proh¨ªbe los registros sin la autorizaci¨®n previa. Pero esos argumentos no convencen a grupos defensores de los derechos civiles, como el Centro de Derechos Constitucionales y la Uni¨®n Americana de Libertades Civiles, que depositaron hace tres d¨ªas ante los tribunales de Detroit y Nueva York sendas demandas en las que piden que cese el programa de escuchas electr¨®nicas del Gobierno por ilegal e inconstitucional. Tambi¨¦n los dem¨®cratas han aprovechado este ¨²ltimo esc¨¢ndalo para sacar r¨¦dito pol¨ªtico. El ex vicepresidente Al Gore irrumpi¨® en la pol¨¦mica el pasado lunes al asegurar que Bush ha violado "repetida e insistentemente" la ley.
Para frenar estas cr¨ªticas, el secretario de Justicia tiene previsto acudir al Comit¨¦ Judicial del Senado el pr¨®ximo 6 de febrero, donde explicar¨¢ los argumentos legales del gobierno de Bush para autorizar el espionaje.
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