El monstruo paramilitar resucita en Guatemala

Diez a?os despu¨¦s de la firma de la paz que puso fin a una de las guerras civiles m¨¢s sangrientas de Latinoam¨¦rica, los guatemaltecos han podido comprobar que, como en el cuento de Tito Monterroso, el dinosaurio todav¨ªa sigue ah¨ª.

Harapientos y con el horror marcado en el rostro, un centenar de ind¨ªgenas de la comunidad de Los Cimientos (Quich¨¦, en el norte de Guatemala) han llegado a la capital guatemalteca para denunciar que son v¨ªctimas de todo tipo de chantajes por parte de los l¨ªderes de las oficialmente disueltas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Los abusos han llegado hasta el asesinato de quienes se oponen a los caprichos de este grupo.

Los testimonios recuerdan la etapa m¨¢s sanguinaria del enfrentamiento armado, que se sald¨® con 250.000 muertos y desaparecidos. Uno de los refugiados, Pedro Us, denunci¨® ante la prensa local que el grupo de patrulleros, que ahora se autodenominan "l¨ªderes comunitarios", han llegado al extremo de cobrar unos 25 d¨®lares estadounidenses a quienes se ven en la necesidad de abandonar la regi¨®n para trabajar en las fincas en ¨¦poca de cosecha.

Esto, en una regi¨®n donde m¨¢s del 80% de los habitantes vive bajo la l¨ªnea de la pobreza (un euro al d¨ªa). Tambi¨¦n les obligan, como en la guerra, a realizar rondas nocturnas. Quien se opone debe trabajar tres d¨ªas en las tierras de los paramilitares.

Pero los abusos van mucho m¨¢s all¨¢. Estos l¨ªderes aplican el derecho de pernada; los padres, hermanos o las mismas j¨®venes que se oponen a la violaci¨®n son asesinados. Se?alan ?con fechas, nombres y apellidos? hasta 21 casos.

De acuerdo con otro de los refugiados, Diego Pu, las fuerzas de seguridad, alertadas de esta situaci¨®n, llegaron al lugar para intentar apresar a los 17 ex patrulleros, quienes los obligaron a huir tras recibirlos con fuego de fusiles de asalto AK-47, "que conservan desde la guerra, pues nunca se desarmaron".

Para Gustavo Porras, que el 29 de diciembre de 1996 firm¨® la paz en calidad de representante del Gobierno conservador de ?lvaro Arz¨² (1997-2000), las Patrullas de Autodefensa Civil quedaron formalmente disueltas con los acuerdos que pusieron fin al conflicto. Sin embargo, se?ala que muchas estructuras de poder que surgieron con las PAC mantuvieron su dominio en las comunidades aisladas, donde fueron muy fuertes.

"Pero lo que les devolvi¨® el ¨ªmpetu al tema de las patrullas fue la decisi¨®n del Gobierno de Portillo- R¨ªos Montt [2000-2003] de pagarles una indemnizaci¨®n de 20.000 quetzales [unos 2.000 euros]", explic¨® Porras a EL PA?S en una entrevista telef¨®nica. Detr¨¢s de ello, a?ade, "existi¨® una estrategia pol¨ªtica para recobrar su dimensi¨®n masiva y convertirlas en un instrumento de presi¨®n, fuerza de choque y eventual apoyo para un partido pol¨ªtico".

Preguntado acerca de si en las negociaciones originales se contempl¨® la posibilidad de una indemnizaci¨®n para los patrulleros, la mayor¨ªa de ellos arrancados violentamente de las labores agrarias y obligados a realizar feroces tareas de represi¨®n, Porras es tajante: "No. El Ej¨¦rcito nunca plante¨® el tema". Y explica la raz¨®n: "Demandar alg¨²n tipo de resarcimiento hubiera sido admitir que no fueron voluntarios".

A?ade que, al firmarse la paz, los campesinos se vieron libres de sus obligaciones militares, lo que les supuso un alivio toda vez que les permiti¨® volver a sus actividades normales, sin pensar en compensaciones econ¨®micas de ning¨²n tipo. "Esto explica que la indemnizaci¨®n otorgada por el riosmonttismo sea absolutamente artificial: s¨®lo persegu¨ªa dar a las patrullas una dimensi¨®n de masas con fines electorales".

La percepci¨®n de Porras qued¨® confirmada en julio de 2003 cuando, para presionar a favor de la candidatura presidencial de Efra¨ªn R¨ªos Montt, el entonces oficialista Frente Republicano Guatemalteco (FRG, el partido-iglesia hecho a imagen y semejanza del dictador) moviliz¨® a centenares de patrulleros, quienes a lo largo de dos d¨ªas tomaron la capital guatemalteca y provocaron da?os millonarios a la propiedad p¨²blica y privada, ante la total pasividad de la polic¨ªa. R¨ªos Montt fue inscrito, a pesar de la prohibici¨®n constitucional que le excluye de tal derecho por haber ejercido el poder como producto de un golpe de Estado.

Ahora, la llegada a la capital guatemalteca de un centenar de refugiados, entre quienes se encuentran 47 ni?os y 22 mujeres, ha movilizado a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), que ha empezado a coordinar esfuerzos con otras entidades de la Conferencia Episcopal, como la Pastoral de la Movilidad Humana, para darles atenci¨®n b¨¢sica inmediata, mientras que la ODHA brindar¨¢ el apoyo legal necesario para que la denuncia pueda ser debidamente encauzada y los campesinos reciban la protecci¨®n del Estado, dijo a EL PA?S Nery Rodenas, director ejecutivo de la organizaci¨®n humanitaria.