Un caso de espionaje agita de nuevo las instituciones de Brasil

Brasil vive de nuevo una crisis institucional. Esta vez, causada por la informaci¨®n publicada el fin de semana por la revista Veja, seg¨²n la cual el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, y el senador Demostenes Torres han estado sometidos en las ¨²ltimas semanas a espionaje telef¨®nico por parte de los Servicios Secretos de Inteligencia (Abin). Mendes y Demostenes han exigido al presidente del pa¨ªs, Luiz Inacio Lula da Silva, que investigue el hecho inmediatamente.

De hecho, Mendes ha cancelado un viaje a Corea del Sur a la espera de que Lula ofrezca explicaciones y Demostenes ha considerado grav¨ªsimo el hecho de que los servivios secretos esp¨ªen a miembros de dos ¨®rganos independientes del Estado como son el Supremo y el Parlamento. Lula ha calificado las esuchas ilegales de "inaceptables" y de "grav¨ªsima violaci¨®n del derecho de comunicaci¨®n", y ha afirmado que pedir¨¢ explicaciones a los servicios de inteligencia.

Al parecer, fueron tambi¨¦n espiados tanto la ministra de la Presidencia de la Rep¨²blica, Dilma Rousseff, a la que algunos consideran la persona a la que Lula apoyar¨¢ como candidata a la presidencia, y el propio jefe del Gabinete de Lula, Gilberto Carvalho.

Las sospechas recaen sobre alg¨²n grupo hostil a Lula dentro de la misma Presidencia de la Rep¨²blica, que pudo haber practicado las escuchas ilegales tras la detenci¨®n del famoso banquero Daniel Dantas, a quien Mendes concedi¨® la libertad provisional, por lo que fue acusado de favorecer al banquero. Lula ha sido expl¨ªcito: ning¨²n ciudadano ?incluidos los miembros de los tres poderes del Estado? puede ser objeto de escuchas telef¨®nicas ilegales sin una orden judicial.

Por su parte, los servicios de inteligencia han negado el hecho y la Polic¨ªa Federal ha prometido llevar a cabo una investigaci¨®n. Sin embargo, hace tiempo que se denunciaban casos de escuchas telef¨®nicas ilegales a pol¨ªticos, jueces y ministros. Se calcula que m¨¢s de medio mill¨®n de brasile?os tienen su tel¨¦fono controlado, por lo que algunas voces ya hab¨ªan pedido una ley m¨¢s severa sobre el asunto; entre otras cosas, exigen que s¨®lo con una orden judicial expl¨ªcita la polic¨ªa pueda practicar escuchas telef¨®nicas con fines judiciales.