El jefe de la 'caravana de la muerte', condenado a seis a?os

La Corte Suprema chilena conden¨® ayer a seis a?os de c¨¢rcel efectivos, sin el beneficio de libertad antes de cumplir la totalidad de la pena, al general Sergio Arellano Stark, de 88 a?os, por el asesinato de cuatro prisioneros pol¨ªticos en octubre de 1973, en uno de los 75 cr¨ªmenes que cometi¨® la caravana de la muerte. Se trataba de una comitiva militar enviada por el dictador Augusto Pinochet en helic¨®ptero que viajaba de ciudad en ciudad para ejecutar a partidarios del Gobierno del derrocado presidente socialista Salvador Allende mientras ¨¦stos se encontraban detenidos; en muchos casos, tambi¨¦n hizo desaparecer sus cad¨¢veres.

?sta es la primera de varias sentencias que se esperan por los cr¨ªmenes de la caravana de la muerte, uno de los casos emblem¨¢ticos de violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura chilena (1973-1990), y por el cual estuvo procesado el propio general Pinochet. La Corte Suprema impuso adem¨¢s una pena similar de seis a?os de c¨¢rcel al ex fiscal militar de la ciudad de Linares en 1973, Carlos Romero, y de cuatro a?os al coronel retirado Mario Cazenave y a los suboficiales Jos¨¦ Parada y Julio Barrios. Cuatro magistrados votaron a favor del fallo y uno en contra, por la supuesta prescripci¨®n del crimen y no por la inocencia de los condenados.

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El tribunal determin¨® tambi¨¦n que el fisco deber¨¢ pagar una indemnizaci¨®n por da?os morales equivalente a 97.000 euros a cada una de las dos querellantes en el caso. Desde 2005, los tribunales chilenos han condenado ya en 37 ocasiones a responsables de cr¨ªmenes durante la dictadura.

Acusaciones

Los militares fueron responsabilizados del asesinato de cuatro j¨®venes militantes socialistas -Te¨®filo Arce (26 a?os), Jos¨¦ Sep¨²lveda (22), Segundo Sandoval (19) y Mauricio Gonz¨¢lez (20)- que estaban detenidos en la c¨¢rcel p¨²blica de la ciudad de Linares, 310 kil¨®metros al sur de Santiago, un mes despu¨¦s del golpe militar que derroc¨® a Allende, en septiembre de 1973.

Al llegar a Linares, la comitiva al mando de Arellano, que hab¨ªa sido investido de poderes especiales dictados por Pinochet, orden¨® al coronel al mando de la Escuela de Artiller¨ªa, Gabriel del R¨ªo, ejecutar a los prisioneros. Del R¨ªo se neg¨®, un gesto por el que ayer, 35 a?os despu¨¦s de los asesinatos, le permiti¨® quedar en libertad, seg¨²n determin¨® el fallo judicial. Tras su negativa, Arellano orden¨® al fiscal militar que cumpliera su orden.

La versi¨®n de esa ¨¦poca se?al¨® que los cuatro socialistas hab¨ªan intentando arrebatar las armas a sus centinelas durante una diligencia judicial, y que todos murieron en un fallido intento de fuga.

Sin embargo, las investigaciones posteriores realizadas ya en democracia concluyeron que la versi¨®n del r¨¦gimen fue falsa, por las contradicciones sobre el lugar donde ocurri¨® el crimen y la imposibilidad f¨ªsica de que cuatro personas maniatadas intentaran arrebatar las armas a los militares que los custodiaban. Incluso, de haberlo logrado, el hecho de que todos los prisioneros murieran resulta inveros¨ªmil.

El juez del caso, V¨ªctor Montiglio, que hab¨ªa aplicado la autoaminist¨ªa de la dictadura a los militares implicados en el caso de la caravana de la muerte, recibir¨¢ ahora la sentencia de la Corte Suprema y tendr¨¢ que resolver d¨®nde cumplen su condena.

Los cr¨ªmenes de esta comitiva militar tuvieron un doble sentido desde la perspectiva de Pinochet: por una parte, le permitieron atemorizar a la poblaci¨®n y, a la vez, asegurar el control de un Ej¨¦rcito en el que no todos sus miembros estaban conformes con el r¨¦gimen.