Entre la justicia universal y la divina

El jesuita Segundo Montes comenz¨® su carrera docente en el Externado San Jos¨¦, un colegio de la Compa?¨ªa de Jes¨²s en San Salvador para los cachorros de la ¨¦lite salvadore?a. Uno de sus alumnos, Jos¨¦ Ricardo Espinoza Guerra, lleg¨® a ser con el tiempo el comandante del batall¨®n de soldados que le asesin¨®. Ocurri¨® el 16 de noviembre de 1989, en el campus de la Universidad Centroamericana Jos¨¦ Sime¨®n Ca?as (UCA). San Salvador viv¨ªa la peor ofensiva del izquierdista Frente Farabundo Mart¨ª de Liberaci¨®n Nacional (FLMN) y el Ej¨¦rcito se defend¨ªa a sangre y fuego.

La v¨ªspera del crimen por la noche, un compa?ero de Montes, el tambi¨¦n jesuita Ignacio Mart¨ªn-Bar¨®, llam¨® a su hermana Alicia, que le pregunt¨® cu¨¢ndo iba a mejorar la situaci¨®n en El Salvador, en guerra desde 1980. "Van a tener que morir muchas personas antes de que eso ocurra", respondi¨®. Ignacio Mart¨ªn-Bar¨® fue abatido horas despu¨¦s al lado de Segundo Montes por los soldados del Batall¨®n Atlacatl, la secci¨®n contra insurgentes a las ¨®rdenes de Espinoza.

Junto a Montes y Mart¨ªn-Bar¨® murieron acribillados otros cuatro jesuitas afines a la Teolog¨ªa de la Liberaci¨®n -el m¨¢s conocido, Ignacio Ellacur¨ªa, reputado intelectual y a la saz¨®n rector de la universidad-, adem¨¢s de su ama de llaves y la hija de ¨¦sta. La v¨ªspera, el 15 de noviembre, casi a la misma hora que Mart¨ªn-Bar¨® emit¨ªa esos malos augurios, el entonces coronel -y hoy general- Ren¨¦ Emilio Ponce ordenaba al coronel Alfredo Benavides "asesinar al padre jesuita Ignacio Ellacur¨ªa y no dejar testigos". Benavides traslad¨® a Espinoza la misi¨®n.

Los datos anteriores -la an¨¦cdota amarga del pupilo que se vuelve verdugo; los nombres y apellidos, la orden expresa de eliminar todo rastro de los hechos- aparecen en la querella criminal presentada el pasado 13 de noviembre ante la Audiencia Nacional de Madrid por la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Espa?a (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) de San Francisco (EE UU). Como acusados figuran 15 ciudadanos salvadore?os: 14 de ellos, militares, como autores de las muertes, y uno civil, Alfredo Cristiani, en el momento de los hechos presidente del pa¨ªs y jefe de las Fuerzas Armadas, como c¨®mplice. La querella, pendiente de ser admitida a tr¨¢mite, se basa en el principio de justicia universal (art¨ªculo 23.4 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial), el mismo que permiti¨® la extradici¨®n y el juicio del dictador chileno Augusto Pinochet. Los cargos que se imputan son grav¨ªsimos: cr¨ªmenes contra la humanidad, asesinato, cr¨ªmenes de guerra y terrorismo de Estado.

Pero ?por qu¨¦ ahora? "Porque estos delitos no prescriben. Por eso, y porque 19 a?os despu¨¦s, El Salvador est¨¢ inmerso en una insoportable impunidad. No hablamos s¨®lo de la masacre de los jesuitas, tambi¨¦n del resto de cr¨ªmenes cometidos durante la guerra civil [1980-1992; 75.000 muertos]", dice el abogado Manuel Oll¨¦, presidente de la APDHE. "El juicio que se celebr¨® en 1990 fue fraudulento: hubo ocultaci¨®n de pruebas, amenazas a testigos, etc¨¦tera. Fue un proceso irregular y por tanto inv¨¢lido. Y la Ley de Amnist¨ªa vigente, de 1993, es contraria a todos los est¨¢ndares de derecho internacional y de derechos humanos, y no puede ser aplicada", a?ade Oll¨¦.

Pero el prop¨®sito de la APDHE y el CJA va m¨¢s all¨¢: no se trata s¨®lo de impedir la impunidad, tambi¨¦n de "complementar la acci¨®n de la justicia en El Salvador. Lo deseable ser¨ªa que con esta causa se ayude a desterrar todos los impedimentos legales para los juicios pendientes", concluye Manuel Oll¨¦.

Hasta el momento, las dos causas promovidas por la UCA en El Salvador no han progresado, aunque el rector Jos¨¦ Mar¨ªa Tojeira no desespera. "Preferir¨ªamos que la justicia funcionara aqu¨ª y en eso seguimos trabajando. Aunque no la hemos promovido, nos gustar¨ªa que la querella de Madrid hiciera caer en la cuenta a las autoridades de El Salvador de la importancia de que funcionen internamente las estructuras jur¨ªdicas y de protecci¨®n de los derechos humanos. Esta querella es en buena parte el resultado de la negaci¨®n del sistema judicial salvadore?o a hacer justicia, y del Ejecutivo a cumplir con las recomendaciones internacionales que est¨¢ obligado a seguir", explica Tojeira. Por ejemplo, las de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas revisar el caso con est¨¢ndares internacionales, revocar la Ley de Amnist¨ªa e indemnizar a los familiares. "Desde 1999, el Estado salvadore?o se niega a cumplir cualquiera de esas recomendaciones", a?ade el jesuita. En paralelo, la UCA ha presentado dos demandas en el sistema de protecci¨®n de derechos humanos de la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA).

No s¨®lo los jesuitas de la UCA esperan consecuencias positivas de esta iniciativa. Las organizaciones de derechos humanos salvadore?as se aferran a ella con vehemencia. "Para nosotros es la ¨²nica esperanza, aunque lamentablemente no creemos que la querella vaya a impulsar el sistema judicial salvadore?o. Contemplamos la posibilidad de incorporarnos a la causa", apunta Mar¨ªa Silvia Guill¨¦n, directora de la Fundaci¨®n de Estudios para la Aplicaci¨®n del Derecho. Su organizaci¨®n forma parte de la Comisi¨®n Pro Memoria Hist¨®rica de El Salvador.

"Ninguna de las personas responsables del crimen ha sido llevada ante la justicia. En su lugar, muchos de ellos ocupan importantes posiciones pol¨ªticas en el pa¨ªs", se lee en la querella. En efecto, incluso detenta el poder el mismo partido que en 1989: la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena). El presidente, El¨ªas Antonio Saca, ha cerrado filas en torno a su antecesor: "El presidente Cristiani es el presidente de la paz; nos sentimos muy orgullosos de ¨¦l". Saca declar¨® adem¨¢s que "abrir heridas del pasado no es la mejor forma de reconciliaci¨®n; ya los salvadore?os nos hemos reconciliado bastante".

Si la querella se admite a tr¨¢mite, algo que Oll¨¦ ve posible "porque, adem¨¢s de reunir todos los requisitos legales, cinco de las v¨ªctimas eran espa?olas", la campa?a para las elecciones presidenciales del pr¨®ximo mes de marzo podr¨ªa dar un vuelco, al salpicar al candidato de Arena la inculpaci¨®n de Cristiani en este caso de terrorismo de Estado, el m¨¢s conocido de todos los perpetrados en el marco de los conflictos civiles que desangraron Centroam¨¦rica a finales del pasado siglo. "Si la querella prospera, podr¨ªa forzar un cambio de Gobierno; las encuestas favorecen hoy a la izquierda", afirma el polit¨®logo salvadore?o ?scar A. Fern¨¢ndez.

Pero m¨¢s all¨¢ de la coyuntura pol¨ªtica o judicial, lo que tambi¨¦n revela el caso jesuitas es que, seg¨²n los activistas de derechos humanos, la guerra civil salvadore?a se cerr¨® en falso -como la dictadura argentina con las leyes de Punto Final, anuladas por inconstitucionales-, y que la impunidad, la ineficacia y la inoperancia judiciales y la falta de reparaci¨®n hacia las v¨ªctimas son lastres que socavan gravemente el armaz¨®n institucional del pa¨ªs.

?scar Fern¨¢ndez califica a El Salvador de "Estado fallido", es decir, "un Estado minimizado, reducido a la m¨ªnima expresi¨®n seg¨²n el modelo neoliberal, en el que impera la transnacionalidad del dinero, las mafias y el crimen organizado, y donde dejan de funcionar las instituciones. Campa la ley del m¨¢s fuerte, de la violencia", explica.

Un solo dato confirma la inoperancia del sistema de administraci¨®n de justicia en El Salvador: seg¨²n un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre impunidad, la eficiencia judicial fue en 2005 de s¨®lo el 3,8%, lo que equivale a decir que el 96,1% de los delitos qued¨® impune. Estos porcentajes se refieren a homicidios, cuya tasa se acerca hoy a la docena diaria. "Ha habido d¨ªas con m¨¢s muertos que durante un d¨ªa de la guerra. No hay paz, la paz es un eufemismo", recuerda Guill¨¦n. "El Salvador tiene uno de los ¨ªndices de compra y tenencia de armas cortas m¨¢s altos del mundo: es un escenario del far west", apostilla Fern¨¢ndez.

La violencia de la guerra ha dado paso a los delitos comunes y a la actuaci¨®n de las redes del crimen organizado, bandas de sicarios y escuadrones armados. Igual que la materia, es la misma violencia repetida, en un bucle de adaptaciones y transformaciones, como si las condiciones estructurales que alimentaron los conflictos b¨¦licos del pasado siglo siguieran ah¨ª, encasquilladas en el bot¨®n de rebobinado de la historia. "Antes hab¨ªa dos bandos, ahora no hay bandos. Y como dice el refr¨¢n: a r¨ªo revuelto...", apunta Fern¨¢ndez.

Muy parecida es la situaci¨®n que se vive en Guatemala, afectada por un proceso de punto final a una guerra civil de 36 a?os (1960-1996; 260.000 muertos) similar al del pa¨ªs vecino. Las investigaciones del juez de la Audiencia Nacional espa?ola Santiago Pedraz sobre el genocidio de la poblaci¨®n ind¨ªgena durante la contienda son otro ejemplo de la globalizaci¨®n de la justicia, igual que los procesos del juez Baltasar Garz¨®n contra Pinochet o contra el genocida argentino Adolfo Scilingo, el ex capit¨¢n de corbeta que fue juzgado en Madrid. En Guatemala, otro fiscal espa?ol, Carlos Castresana, comisionado de la ONU contra la impunidad, lucha con denuedo contra la par¨¢lisis judicial. Constituyen su ¨ªmprobo quehacer miles de casos pendientes de feminicidios, y de matanzas de campesinos, ind¨ªgenas o activistas de izquierdas. Y de religiosos, tambi¨¦n.

Ahora, entre la justicia universal y la justicia divina queda la memoria, el testimonio de las palabras y la obra de los asesinados.

Olvidados por la Iglesia oficial

M¨¢s all¨¢ de la justicia terrenal, hay una tercera dimensi¨®n en los asesinatos de los jesuitas de la UCA; el de ?scar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, en 1980, por orden del mayor Roberto D'Aubuisson, fundador de Arena; el del obispo guatemalteco Juan Gerardi, en 1998, asesinado s¨®lo dos d¨ªas despu¨¦s de presentar un informe que responsabilizaba al Ej¨¦rcito guatemalteco del 90% de las violaciones de derechos humanos durante la guerra... O de las amenazas de muerte, la primavera pasada, al obispo de San Marcos (Guatemala), ?lvaro Ramazzini, por denunciar la injusticia social en una de las di¨®cesis m¨¢s empobrecidas -y m¨¢s ricas en recursos naturales- de Guatemala.

Los cr¨ªmenes cometidos contra miembros de una Iglesia movida por la "opci¨®n preferencial por los pobres" -el lema de los te¨®logos de la liberaci¨®n- interpelan directamente a la Iglesia oficial y subrayan la inacci¨®n de la curia y del Vaticano. "El actual arzobispo de San Salvador, Fernando S¨¢enz Lacalle, se ha manifestado contrario a la querella presentada en Madrid", recuerda ?scar Fern¨¢ndez; "como el Gobierno, es partidario de no levantar polvaz¨®n ".

"Aqu¨ª no tenemos miedo, pero all¨ª mis compa?eros se juegan la vida reclamando justicia", dice el jesuita Juan Carlos Marcos, secretario general de la APDHE, en referencia a sus colegas de la UCA. El te¨®logo espa?ol Juan Jos¨¦ Tamayo, miembro de la junta directiva de esa asociaci¨®n, homologa los casos de la UCA, del arzobispo Romero y del obispo Gerardi. "Hay un paralelismo claro entre todos ellos. Fueron desatendidos en vida y olvidados despu¨¦s de muertos por la Iglesia oficial, por el Vaticano, que los acusaba de desviarse del Evangelio e incurrir en el terreno de la pol¨ªtica. Esa incomprensi¨®n se refleja en la actitud de Juan Pablo II ante monse?or Romero, poco antes de la muerte de ¨¦ste. El Papa le dijo que se llevara bien con el Gobierno y no creara problemas. 'El Santo Padre no me ha entendido, no comprende que El Salvador no es Polonia', le respondi¨® Romero", recuerda Tamayo, muy pesimista sobre el proceso de canonizaci¨®n, en suspenso, del arzobispo salvadore?o. "No se va a reavivar el proceso", dice.

El rector Jos¨¦ Mar¨ªa Tojeira, m¨¢s alentador -o posibilista-, considera sin embargo imparable el camino de Romero a los altares. "Terminar¨¢ imponi¨¦ndose. La devoci¨®n hacia ¨¦l sigue creciendo en el pa¨ªs y su asesinato fue claramente un acto de odio hacia lo que debe ser un obispo cat¨®lico en situaciones de conflicto como las que viv¨ªa El Salvador. No veo que pueda haber excusa [a la canonizaci¨®n]", se?ala el jesuita, que tambi¨¦n cree "posible" la beatificaci¨®n de los m¨¢rtires de la UCA.

Los que para las autoridades de El Salvador o Guatemala eran elementos subversivos y peligrosos marxistas, fueron para Tamayo voz de los sin voz "en la denuncia de la injusticia y la violencia estructural del sistema". "Esta Iglesia es la de la memoria hist¨®rica, la de la justicia social", sentencia el te¨®logo.

Para Carlos Mart¨ªn-Bar¨®, hermano de uno de los asesinados en el campus de la UCA, "los jesuitas vivieron por ese pueblo y murieron por ¨¦l, por que se aplicara la justicia en todas sus formas en un pa¨ªs maltratado por innumerables formas de violencia".

Los familiares de las v¨ªctimas no suscriben la querella presentada en Madrid, porque prefieren apoyar "a los que trabajan all¨ª. Es un apoyo moral, humano. En esta postura creemos interpretar la actitud de nuestros hermanos". El familiar espera que, "tras el brillo fugaz de la noticia [de la presentaci¨®n de la querella]", se conozca m¨¢s y mejor el legado de las v¨ªctimas. "Espa?a, que mira tanto hacia all¨¢, deber¨ªa conocer mejor la obra escrita de los jesuitas de la UCA, y en especial la de Ignacio Ellacur¨ªa: es el an¨¢lisis m¨¢s l¨²cido de la realidad iberoamericana, con un valor y una vigencia enormes. Por eso los mataron", concluye Carlos Mart¨ªn-Bar¨®.

Y es que, pese a la orden expresa de eliminar testigos, el reguero de sangre a¨²n fresca que dej¨® la masacre de la UCA est¨¢ sembrado de huellas, de avisos a navegantes, de recordatorios y claves. Los asesinos no quer¨ªan testigos pero consiguieron m¨¢rtires. M¨¢rtires de la fe, m¨¢rtires de una justicia incumplida.