Iguales ante el dolor pero no ante la ley

Durante un incendio en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el norte de M¨¦xico, 46 ni?os y ni?as bajo la atenci¨®n de una guarder¨ªa murieron y muchos otros quedar¨¢n con secuelas permanentes. Y aunque en M¨¦xico cada vez tenemos una relaci¨®n m¨¢s casual con las cifras de la muerte -ri?as entre narcotraficantes, ejecuciones o enfrentamientos armados se cuentan ya en miles-, la muerte de los ni?os y las ni?as en una guarder¨ªa sigue siendo una tragedia que despunta.

Las investigaciones, todav¨ªa en curso, han revelado que la propiedad de la guarder¨ªa, directa o indirectamente, involucraba a funcionarios del gobierno estatal, que la unidad de protecci¨®n civil local no advirti¨® el peligro que constitu¨ªa una bodega contigua, arrendada por una dependencia del gobierno estatal, con inflamables y papel, que las instalaciones no eran apropiadas para una guarder¨ªa, que las puertas de emergencia estaban encadenadas; circunstancias que se agravan por tratarse de un centro de cuidado infantil subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las revelaciones seguramente continuar¨¢n, sum¨¢ndose a la larga lista de decisiones tomadas en todos los niveles de gobierno que confirma y ampl¨ªa la desconfianza en nuestras autoridades.

Tras lo ocurrido en Hermosillo, el delegado estatal del organismo de salud federal que entrega los subsidios, el IMSS, ha renunciado ya, y es probable que haya sanciones administrativas para los involucrados. Pero la sensaci¨®n que se mantiene en la opini¨®n p¨²blica es que la intrincada red de alianzas y favores pol¨ªticos, la cercan¨ªa de los due?os de la guarder¨ªa con los c¨ªrculos del poder y la extendida corrupci¨®n de las instituciones mexicanas cubrir¨¢ todo, otra vez, con un manto de olvido e impunidad. Habr¨¢ algunos responsables, quiz¨¢ algunas renuncias m¨¢s, pero la maquinaria seguir¨¢ operando como siempre.

A la opini¨®n p¨²blica mexicana, estoy seguro, le encantar¨ªa equivocarse por primera vez. Con gusto cambiar¨ªa su capacidad de prever c¨®mo va terminar el incidente por una respuesta institucional estructurada e inteligente. Una respuesta que sancione administrativa o penalmente a los responsables de cualquier violaci¨®n a reglamentos o leyes, o a¨²n mejor una respuesta que busque una transformaci¨®n estructural y, hasta donde se pueda, definitiva del problema encontrado.

Y el problema encontrado tras la tragedia de Hermosillo no es s¨®lo la seguridad de las guarder¨ªas. Es la sensaci¨®n de que los subsidios y las concesiones se entregan a unos cuantos, que la ley se aplica con discrecionalidad dependiendo del origen o la vinculaci¨®n pol¨ªtica de los actores y que los mecanismos de rendici¨®n de cuentas pueden sintetizarse en un informe descomunal que se imprime para benepl¨¢cito ¨²nico de los estantes donde se guarda. Problemas que, si se quiere, son comunes a muchas democracias en el mundo, pero que ning¨²n ciudadano en su sano juicio puede calificar como normales.

Encarar la muerte de los ni?os y ni?as de la Guarder¨ªa ABC de Hermosillo, tendr¨¢ que ser algo cualitativamente distinto a lo que hemos visto en el pa¨ªs. La opini¨®n p¨²blica espera responsables, investigaciones cre¨ªbles, pero sobre todo un cambio profundo en la forma en la que se hacen las cosas.

Explicar con total claridad qui¨¦nes y c¨®mo reciben los subsidios federales es un buen principio. El acceso a la informaci¨®n es punto de partida. Pero la cadena de responsabilidad completa deber¨¢ hacer lo propio: el delegado estatal, los concesionarios de las guarder¨ªas, los funcionarios municipales y los responsables administrativos. Y la comunidad, por su parte, deber¨¢ estar preparada para actuar en consecuencia.

Los padres y madres de familia tal vez tengan que dedicar algunas horas al a?o a revisar las instalaciones de la guarder¨ªa, verificar los certificados que han entregado otras autoridades o exigir auditor¨ªas independientes. Aunque en apariencia dif¨ªcil, son estas medidas de control social las que han aumentado la calidad de los servicios b¨¢sicos en la India o en las escuelas privadas en Connecticut, en los Estados Unidos. El control social complementa al control del gobierno, y confirma o refuta la ineficacia de las administraciones p¨²blicas al intentar supervisarse a s¨ª mismas.

La tragedia de Hermosillo confirma nuestra solidaridad en momentos de desgracia. Podemos entender la amargura que cada familia enfrenta y su innombrable frustraci¨®n. Pero ser solidario, aunque deseable, no es una respuesta sist¨¦mica ante el problema. Como mexicanos, nuestro sentido de la protecci¨®n colectiva hasta ahora se ha limitado a hacer nuestro el dolor del ca¨ªdo y a compartir la indignaci¨®n de otros. Nos hace falta la parte activa: transformar nuestro dolor e indignaci¨®n en acciones colectivas que muestren nuestra capacidad de organizaci¨®n social, de coordinaci¨®n y de exigencia ciudadana ante las autoridades. Nos hace falta construir una respuesta sist¨¦mica e integral a la seguridad de las guarder¨ªas o, por qu¨¦ no, a la calidad de nuestras escuelas. De no conseguirlo, los mexicanos seguiremos siendo iguales ante el dolor y la muerte, pero no ante la ley y los derechos que ¨¦sta nos otorga.

Director de la ONG Transparencia Mexicana, cap¨ªtulo M¨¦xico de Transparencia Internacional