El Gobierno boliviano, a por los jueces

El Gobierno boliviano iniciar¨¢ un proceso contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia que decidieron cambiar de jurisdicci¨®n el caso de la supuesta trama terrorista para atentar contra el Ejecutivo el pasado mes de abril. Una operaci¨®n policial ejecutada y dirigida desde La Paz acab¨® con la vida de tres europeos, detuvo a otras dos personas extranjeras y a una decena de bolivianos bajo sospecha de estar vinculados con el supuesto grupo terrorista.

Los magistrados del m¨¢ximo tribunal boliviano decidieron derivar a la Corte Superior de Santa Cruz la resoluci¨®n del conflicto de competencias surgido entre un juez de esa ciudad y otro de La Paz, que est¨¢ procesando el caso pese a que la operaci¨®n policial, en la que tres europeos fueron abatidos en un hotel, se efectu¨® en Santa Cruz, al igual que las detenciones de los sospechosos, aunque despu¨¦s fueran trasladados a la sede del Gobierno para presentar sus declaraciones ante el fiscal Marcelo Sosa.

El presidente, Evo Morales, se mostr¨® "sorprendido por la decisi¨®n de la Corte Suprema sobre qui¨¦n tiene que juzgar a los terroristas y separatistas". Morales puso en duda las acciones de las autoridades judiciales de Santa Cruz en acontecimientos anteriores como la ocupaci¨®n y saqueo de varias instituciones gubernamentales en septiembre de 2008 por grupos que reclamaron la autonom¨ªa departamental, o en la liberaci¨®n de dos j¨®venes detenidos con armas en las cercan¨ªas de un centro donde Morales iba a presidir un acto de masas.

El vicepresidente, ?lvaro Garc¨ªa Linera, y el viceministro de Coordinaci¨®n Gubernamental, Wilfredo Ch¨¢vez, consideraron un "atropello a la legalidad" la resoluci¨®n de los magistrados. Ch¨¢vez mencion¨® como errores de procedimiento la inhabilitaci¨®n previa de una de las vocales. Adem¨¢s, rechaz¨® que el juez de Santa Cruz haya conocido primero la causa. Ch¨¢vez dice que se han reunido dos hechos distintos: el de un atentado contra un ex asamble¨ªsta y el de la desarticulaci¨®n del grupo presuntamente terrorista, encabezado por el h¨²ngaro boliviano Eduardo Rozsa.

La presidenta subrogante de la Corte Suprema, la decana Beatriz Sandoval, asegur¨® a la prensa local que la decisi¨®n del Ejecutivo es precipitada, pues "lo ¨²nico que se ha hecho es remitir a la Corte que corresponde" la resoluci¨®n del caso en el marco del art¨ªculo 311 del C¨®digo de Procedimiento Penal. "S¨®lo cumplimos con la ley. Parece ser que al Gobierno le molesta una investigaci¨®n transparente y responsable", dijo Sandoval, que suple en el cargo al presidente, Eddy Fern¨¢ndez, procesado desde marzo por presuntas dilaciones procesales, denunciadas por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), empe?ado en acabar con el actual sistema judicial y reemplazarlo por otro que goce de su confianza.

"Esta es una muestra del sistem¨¢tico ataque del Poder Ejecutivo en su intento de desinstitucionalizar al Poder Judicial", declarc¨® el ex magistrado del Tribunal Constitucional Jos¨¦ Antonio Rivera.

El temor de las autoridades gubernamentales es que este caso de presunto terrorismo pueda quedar en el olvido y en la nada. M¨¢s a¨²n ahora, cuando la campa?a electoral ha comenzado a calentar el ambiente pol¨ªtico y se hacen necesarias banderas proselitistas para neutralizar al adversario antes de las elecciones presidenciales del pr¨®ximo 6 de diciembre.

Cuatro meses despu¨¦s de que ocurriese el suceso, las investigaciones del fiscal Marcelo Sosa y de una comisi¨®n de diputados no han terminado a¨²n y no se conocen de manera oficial los motivos y las circunstancias en que fueron abatidos Eduardo Rozsa, el rumano Arpad Magyarosi y el irland¨¦s Michael Mart¨ªn Dwyer.

Dos de los detenidos, el h¨²ngaro Elod Toazo y el boliviano croata Mario Tadic, permanecen encerrados en el Penal de San Pedro de La Paz. El "testigo clave" Ignacio Villa Vargas termin¨® fug¨¢ndose tras asegurar que en la fiscal¨ªa le obligaron a declarar contra varios l¨ªderes pol¨ªticos y empresarios de Santa Cruz para incriminarlos como supuestos financiadores de Rozsa y sus hombres.