Latinoam¨¦rica pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU la expulsi¨®n del embajador hondure?o
En otra acci¨®n de rechazo al presidente Micheletti, los Gobiernos exigen al organismo que s¨®lo reconozca a los diplom¨¢ticos designados por el destituido Manuel Zelaya
Los pa¨ªses latinoamericanos cerraron ayer filas en favor del destituido presidente de Honduras Manuel Zelaya, y se?alaron que no aceptar¨¢n la participaci¨®n en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de una delegaci¨®n diplom¨¢tica que no sea la designada por el Gobierno depuesto.
El embajador de M¨¦xico ante la ONU en Ginebra, Juan G¨®mez Camacho, habl¨® en representaci¨®n del grupo latinoamericano para se?alar que "no estamos dispuestos a permitir que ning¨²n pueblo de la regi¨®n experimente cambios antidemocr¨¢ticos". Pidi¨® a la presidencia del Consejo de Derechos Humanos (CDH), a cargo del embajador de B¨¦lgica, Alex Van Meeuwen, que confirme la existencia de una carta enviada por el Gobierno de facto de Honduras "informando del cese del embajador" designado por Zelaya. "En ese caso, la persona que est¨¢ aqu¨ª acreditada no ser¨ªa de ese Gobierno y tendr¨ªa que abandonar la sala", agreg¨® ante la mirada del embajador hondure?o, Delmer Urbizo, a quien hac¨ªa referencia. En realidad, Urbizo ya era embajador durante el Gobierno del depuesto presidente Zelaya, pero la existencia de tal misiva evidenciar¨ªa que ahora representa al Ejecutivo del presidente golpista, Roberto Micheletti.
Brasil y Argentina abrieron el debate en cuanto se abri¨® la sesi¨®n del CDH, que se prolongar¨¢ durante tres semanas, pero aceptaron en que el asunto se discutiese tras los discursos previstos para el apertura.
Por su parte, la Federaci¨®n Internacional de Derechos Humanos (FIDH) apoy¨® ayer la propuesta de excluir a Honduras de la reuni¨®n del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, informa la instituci¨®n.
El secretario general del organismo, Luis Guillermo P¨¦rez, lo justific¨® porque en Honduras, desde el golpe de Estado, se han producido "obst¨¢culos" a la acci¨®n de la justicia, "la limitaci¨®n dr¨¢stica a la libertad de prensa y atentados contra la libertad de expresi¨®n, as¨ª como la militarizaci¨®n de funciones de seguridad e instituciones estatales".
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