Argentina juega al descr¨¦dito del periodismo

El ejercicio del periodismo en Argentina no est¨¢ sometido a ning¨²n tipo de censura o de control formal. Y sin embargo atraviesa por dificultades serias debido, en parte, al descr¨¦dito a que se le somete desde los medios oficiales del Estado, utilizados permanentemente para ridiculizar a los periodistas cr¨ªticos con el Gobierno, y al uso partidista de los fondos p¨²blicos, que privilegian de manera escandalosa, con publicidad oficial, a los medios cercanos al kirchnerismo.

El descr¨¦dito del periodismo profesional, cuya existencia niegan esos medios oficialistas, se acompa?a con una fuerte defensa del llamado periodismo militante, una especie degradada del oficio, que vive a costa de subvenciones y que se presenta como un modelo de sinceridad.

La presi¨®n que ejercen algunos sectores del kirchnerismo sobre los medios cr¨ªticos ha llegado en ocasiones a personalizarse en algunos periodistas, especialmente de los diarios La Naci¨®n y Clar¨ªn, se?alados en carteles y afiches pegados en la calle.

El caso m¨¢s notorio es un programa que emite diariamente la cadena de televisi¨®n estatal, financiada con fondos p¨²blicos, que se llama 6-7-8, y que est¨¢ dedicado, en exclusiva, a atacar y desacreditar a periodistas no simpatizantes del kirchnerismo y a los pol¨ªticos de la oposici¨®n.

Los periodistas cr¨ªticos o que simplemente intentan el ejercicio profesional de su oficio se ven acosados desde muchos foros pr¨®ximos al oficialismo e ignorados por los organismos oficiales a la hora de participar en cualquier evento cultural que est¨¦ controlado oficialmente. Al mismo tiempo, en torno al kirchnerismo se est¨¢ levantando un nuevo n¨²cleo de medios favorables al Gobierno.

El kirchnerismo mantiene una guerra espec¨ªfica contra el mayor grupo medi¨¢tico del pa¨ªs, el Grupo Clar¨ªn, con el que tuvo buenas relaciones hasta 2007 (autoriz¨® diversas operaciones empresariales que le beneficiaban), pero que ahora es el principal objeto de enfrentamiento. La batalla tiene aspectos inveros¨ªmiles, como que se destine dinero del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales a financiar series de televisi¨®n en las que se dar¨¢ una ¡°versi¨®n oficial¡± de algunos de los litigios en curso con esa empresa. Igualmente ins¨®lito es que, del edificio del Mercado Central y del Instituto Nacional de Estad¨ªstica y Censos (Indec), controlados por la Secretar¨ªa de Comercio, cuelguen desde hace meses carteles, firmados por los trabajadores de los dos centros, en los que se lee: ¡°Clar¨ªn miente¡±.

La batalla se desarrolla fundamentalmente en los tribunales, donde Clar¨ªn intenta paralizar o reformar la nueva Ley de Servicios de Comunicaci¨®n Audiovisual (conocida como Ley de Medios), que fue aprobada en 2009 por el Congreso, con los votos no solo del kirchnerismo, sino tambi¨¦n de otros partidos, como el socialista. La ley fija unas condiciones que afectan directamente a Clar¨ªn y le obligan a desprenderse de importantes activos.

De acuerdo con la ley, las licencias para radio, televisi¨®n en abierto y cable se conceder¨¢n por 10 a?os, prorrogables otros 10, y la Autoridad Federal, de la que depende la interpretaci¨®n de la norma, ser¨¢ quien decida sobre pr¨®rrogas y caducidad, as¨ª como la que vigile sus actividades. De los siete miembros de esa Autoridad, tres, incluido el presidente, ser¨¢n designados por el Gobierno y su grupo; dos por las minor¨ªas parlamentarias; y dos por un Consejo Federal, integrado por 32 miembros, de los que tres representar¨¢n a los prestadores comerciales y el resto a las autoridades provinciales y de diversas entidades p¨²blicas, culturales y sindicales.

La nueva ley fija tambi¨¦n topes a la concentraci¨®n empresarial de manera que un mismo concesionario no podr¨¢ tener m¨¢s de 10 licencias de se?al sonora, televisi¨®n abierta o cable, una medida que, entre otras, afecta a los intereses de PRISA (editora de EL PA?S). Ning¨²n operador podr¨¢ dar servicios a m¨¢s del 35% de la poblaci¨®n total del pa¨ªs o de los abonados, y quien tenga un canal de distribuci¨®n en abierto no podr¨¢ tener uno de distribuci¨®n por cable en la misma localidad. Las compa?¨ªas telef¨®nicas no podr¨¢n brindar servicios de televisi¨®n por cable.