El error del Consejo Constitucional
Las dos C¨¢maras tendr¨¢n la ¨²ltima palabra sobre el genocidio armenio Siempre y cuando el Parlamento y la justicia no lo reexamine
La ley tiene la ¨²ltima palabra. Y las instituciones de la Rep¨²blica.
De forma que la invalidaci¨®n por el Consejo Constitucional [franc¨¦s] de la ley aprobada por las dos C¨¢maras para la penalizaci¨®n de la negaci¨®n de los genocidios ser¨¢, a ojos de la justicia y hasta que esas mismas C¨¢maras lo reexaminen, la ¨²ltima palabra en este caso.
Aun as¨ª...
El respeto del Estado de derecho y la consideraci¨®n debida a sus reglas no deber¨ªan cegar a los ciudadanos ante ciertos hechos, algunos de ellos preocupantes.
Por ejemplo, las presiones ejercidas por los representantes de Turqu¨ªa antes de la demanda de actuaci¨®n del Consejo.
El Consejo se ha visto seriamente comprometido por el posicionamiento de algunos miembros
Los autocares de manifestantes nacionalistas conducidos bajo las ventanas de los senadores para exigir el derecho a atentar libremente contra la memoria de los muertos y el honor de los supervivientes.
La incre¨ªble carta firmada el 30 de enero por un magnate del CAC 40, el se?or De Castries, a la saz¨®n ¡°copresidente del comit¨¦ cient¨ªfico¡± del Instituto del B¨®sforo ¡ªprincipal grupo de presi¨®n franco-turco¡ª y, por otra parte, presidente de Axa, que, en nombre del futuro de las relaciones entre ambos pa¨ªses, conjuraba a los parlamentarios a deso¨ªr la petici¨®n de los franceses de origen armenio.
La batalla no se sit¨²a en el reconocimiento? ¡°de la memoria hist¨®rica¡±,sino en la elaboraci¨®n de una ley justa
Y la misma composici¨®n del Consejo, cuya imparcialidad, sabidur¨ªa y altura de miras, imprescindibles en una deliberaci¨®n de esta naturaleza, se han visto seriamente comprometidas por una serie de posicionamientos de sus miembros que el semanario Le Canard Encha?n¨¦ recordaba oportunamente.
Como el del exsenador Haenel, cuya pertenencia al Instituto del B¨®sforo nunca ha sido un secreto y, por esa misma raz¨®n, no tom¨® parte en la votaci¨®n, pero al que no le falt¨® tiempo para redactar un informe lamentando que la primera ley, la de octubre de 2001, que reconoc¨ªa el genocidio, ¡°mine los intercambios econ¨®micos bilaterales¡± entre Francia y Turqu¨ªa.
Como el de la abogada Jacqueline de Guillenchmidt, que tampoco pudo votar, puesto que en 2008 fue cosignataria del famoso Llamamiento de Blois ¡°por la libertad de la historia¡± (y cuyo amor por la libertad, dicho sea de paso, a¨²n no la ha llevado a exigir a Ankara la liberaci¨®n de Ragip Zarakolu, el editor turco encarcelado por haber publicado las obras de ciertos historiadores que denunciaban el exterminio programado de los armenios).
El inefable Michel Charasse, cuya reputaci¨®n de ¡°sabidur¨ªa¡± es bien conocida y cuya hostilidad hacia el texto era del dominio p¨²blico cuando el lobby negacionista inici¨® su campa?a.
El presidente del Consejo, el no menos inenarrable Jean-Louis Debr¨¦, que en 2006, cuando era alcalde de Evreux, orden¨® aserrar de una placa en honor de la amistad franco-armenia una inscripci¨®n que evocaba a las v¨ªctimas del genocidio.
Y no entro en las condiciones en las que el caso fue sometido al Consejo y que, seg¨²n varios juristas, podr¨ªan constituir un desv¨ªo de procedimiento.
No se trata, lo repito, de poner en tela de juicio el principio de un fallo que, como toda decisi¨®n de toda asamblea republicana, se considera que carece de autor y trasciende los motivos, las virtudes o, por desgracia, la ausencia de virtudes de aquellos que lo han inspirado.
Pero el confusionismo es tal que no est¨¢ de m¨¢s recordar que esta alta asamblea no es tan alta como nos dicen; que, en todo caso, no es ese Tribunal Supremo a la francesa que pretenden unos y otros; y que se tom¨® bastantes libertades con el art¨ªculo 3 de la orden del 7 de noviembre de 1958, que defin¨ªa sus reglas de funcionamiento y exig¨ªa que sus miembros ¡°jurasen cumplir con sus funciones¡± con la mayor ¡°imparcialidad¡±, ¡°mantuviesen sus deliberaciones y votaciones en secreto¡±, ¡°no adoptasen ninguna posici¨®n p¨²blica¡± ni ¡°emitiesen opini¨®n alguna sobre las cuestiones de la competencia del Consejo¡±.
Y, sobre todo, no est¨¢ de m¨¢s reconfortar a aquellos que han perdido la esperanza ante el carrusel de intereses e influencias organizado en torno a esta noble causa que es la causa de la verdad. No est¨¢ de m¨¢s esperar que la ¨²ltima palabra no sea para los partidarios de una libertad de expresi¨®n que se traicionaron a s¨ª mismos al apresurarse, al d¨ªa siguiente de la votaci¨®n, a recalificar el genocidio de los armenios como ¡°masacre¡± y a ponerse en manos de ciertas ¡°comisiones de historiadores¡± para establecer la ¡°veracidad de los hechos¡± (una maniobra que hemos visto antes): un Consejo desacreditado, por muy constitucional que sea, no puede ser depositario de la verdad; y la decisi¨®n que acaba de tomar no altera, por suerte, el desenlace de una batalla que ganaron hace ya tiempo los historiadores de los genocidios.
No se trata, y lo he dicho cien veces, de la batalla por no s¨¦ qu¨¦ ¡°leyes de la memoria¡± con cuyo fantasma nos amenazan una y otra vez.
Sino de la batalla por el reconocimiento de la singularidad radical de esos acontecimientos propios de los tiempos modernos que son los genocidios.
Una ley por la humanidad.
Una ley por el respeto de esas verdades, tan infrecuentes, cuya transgresi¨®n nos amenaza a cada uno de nosotros, pues apunta a la especie humana directamente al coraz¨®n.
Una ley justa, eminentemente universalista, que esperamos vuelva al orden del d¨ªa de la mano del pr¨®ximo presidente, sea quien sea.
(Traducci¨®n de Jos¨¦ Luis S¨¢nchez-Silva)
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