La mayor¨ªa del Supremo pone en duda la reforma sanitaria de Obama

Con la presidencia de Estados Unidos en el alero, una mayor¨ªa de jueces del Tribunal Supremo mostraron ayer de forma inequ¨ªvoca sus dudas sobre la autoridad del Gobierno para obligar a los ciudadanos a adquirir un seguro de salud, la piedra angular de la reforma sanitaria de Barack Obama, la obra cumbre de su gesti¨®n. Todav¨ªa queda una jornada de audiencias y, probablemente, varias semanas de reflexi¨®n antes de conocerse un veredicto, pero parece anticiparse un terremoto pol¨ªtico de graves consecuencias.

Los nueve jueces del Supremo escucharon ayer argumentos sobre el aspecto m¨¢s controvertido de la ley: la obligaci¨®n a disponer de un seguro ¨Ccon ayudas p¨²blicas a quien lo precise- o pagar una multa si no se hace. El principal abogado del Estado, Donald Verrilli, sostuvo que esa imposici¨®n es imprescindible para la sostenibilidad del sistema y est¨¢ basada en el apartado de la Constituci¨®n que la da al Gobierno federal la potestad de regular el comercio. El abogado de los 26 estados que han denunciado a la Administraci¨®n central, Paul Clement, defendi¨® que obligar a los ciudadanos a comprar cualquier cosa, aunque sea un seguro de salud, es anticonstitucional porque viola los derechos individuales m¨¢s b¨¢sicos.

Cinco de los nueve jueces que integran el m¨¢s alto tribunal ¨Clos cinco de tendencia conservadora- formularon o hicieron comentarios a lo largo de la sesi¨®n que muestran con bastante claridad sus simpat¨ªas con la posici¨®n de los denunciantes. Los otros cuatro magistrados, de tendencia progresista, sostuvieron, por el contrario, una l¨ªnea de argumentaci¨®n muy similar a la del Gobierno. Si se mantiene ese divisi¨®n, la reforma sanitaria ser¨ªa paralizada por el Supremo, al menos su apartado principal, precisamente el que garantiza la cobertura universal.

Algunos expertos no descartan que los comentarios escuchados en la sesi¨®n de ayer sean parte de una estrategia deliberada de parte de los jueces para obtener mejores argumentos, por lo que ser¨ªa imprudente llegar a conclusiones precipitadas sobre la decisi¨®n final. Pero la persistencia con la que los magistrados conservadores, incluido el m¨¢s moderado de todos ellos, Anthony Kennedy -en quien estaban depositadas casi todas las esperanzas de Obama- se quejaron del intento de intromisi¨®n por parte del Gobierno en la actividad privada, no parece un indicador muy halag¨¹e?o para el presidente.

Kennedy sostuvo que el mandato de un seguro m¨¦dico equivale a obligar a los ciudadanos a hacer algo que no quieren hacer. ¡°Esto cambia la relaci¨®n entre el Gobierno y los individuos de una forma fundamental¡±, dijo. ¡°El Gobierno tiene muy dif¨ªcil la justificaci¨®n¡± de esta medida, advirti¨®.

En sus manos, pese a todo, est¨¢ la suerte de este caso. Los otros jueces conservadores fueron a¨²n m¨¢s rotundos en sus cr¨ªticas al seguro obligatorio. Antonin Scalia lo compar¨® con la posibilidad de forzar a los ciudadanos a comprar br¨®coli o a hacerse socios de un gimnasio, y precis¨® que ¡°se supone que el Gobierno federal no es un Gobierno con todos los poderes sino con poderes limitados¡±. Samuel Alito manifest¨® que ¡°este mandato es obligar a la gente a entregar un importante subsidio a las compa?¨ªas de seguros¡±. John Roberts, presidente del tribunal, quien procur¨® estar m¨¢s comedido, se pregunt¨®, igualmente, si el Gobierno podr¨ªa llegar a exigir a la gente poseer un tel¨¦fono m¨®vil con el argumento de eso facilitar¨ªa la actuaci¨®n de los servicios de socorro en caso de una emergencia. Todos ellos coincidieron en que si se le permite al Gobierno imponer un seguro de salud, no hay raz¨®n para no permitirle despu¨¦s cualquier otra cosa. El quinto juez de esa tendencia, Clarence Thomas, mantuvo su costumbre, desde hace seis a?os, de no formular preguntas, pero est¨¢ considerado el m¨¢s conservador de todos ellos y nadie duda de cu¨¢l ser¨¢ su posici¨®n final.

Del lado progresista, Stephen Breyer, record¨® que el Gobierno central est¨¢ autorizado a actuar en diferentes asuntos protegidos por la Constituci¨®n, y puso como ejemplo la limitaci¨®n de velocidad en las carreteras o la existencia de un banco central. La jueza Sonia Sotomayor defendi¨® la obligaci¨®n a tener un seguro sobre la base de que ¡°no es posible adquirirlo cuando se necesita¡±, por ejemplo en el momento en el que alguien tiene que ser atendido en el servicio de urgencias de un hospital. La jueza Ruth Ginsburg sostuvo que aquellos que no est¨¢n asegurados est¨¢n transfiriendo el gasto a los que s¨ª tienen un seguro, puesto que en alg¨²n momento necesitar¨¢n atenci¨®n m¨¦dica, y que esto crea una situaci¨®n injusta que la reforma de Obama intenta resolver. La jueza Elena Kagan admiti¨® que, con el seguro obligatorio, se produce el efecto de subsidiar a las compa?¨ªas para atender a los enfermos, pero a?adi¨® que eso se equilibra adecuadamente cuando la persona cae enferma y ¡°el subsidiador se convierte en subsidiado¡±.

El veredicto no est¨¢ previsto hasta el mes de junio. Queda tiempo para que los jueces discutan estos argumentos. A la espera de la sesi¨®n de ma?ana, incluso podr¨ªa llegarse a una decisi¨®n intermedia: mantener la reforma pero rechazar el seguro obligatorio. Es dif¨ªcil anticipar c¨®mo se podr¨ªa sostener la ley y la cobertura universal en esas condiciones. Tampoco es f¨¢cil predecir c¨®mo podr¨ªa Obama sobrevivir a un desastre de ese calibre. Todas las opciones, desde la m¨¢s catastr¨®fica ¨Cel impeachment- hasta la m¨¢s optimista ¨Cun reencuentro con sus bases para revitalizar la candidatura presidencial- est¨¢n hoy abiertas.