Jueces y abogados debaten sobre la constitucionalidad de la reforma

El Tribunal Supremo de Estados Unidos celebr¨® esta ma?ana su segunda sesi¨®n del juicio sobre la constitucionalidad del mandato individual, el art¨ªculo de la ley de reforma sanitaria que obliga a los ciudadanos a contratar un seguro m¨¦dico o a pagar una penalizaci¨®n en el caso contrario. El abogado general del Estado, Donald Verrilli -que ya particip¨® en la sesi¨®n de ayer- defendi¨® de nuevo al Gobierno de Obama y la constitucionalidad de la ley. Paul Clement, el letrado que m¨¢s casos ha defendido ante la corte en los ¨²ltimos a?os, argument¨® en contra de la reforma.

¡°La Ley de Cobertura Sanitaria Asequible responde a un problema fundamental en nuestro sistema sanitario y en nuestra econom¨ªa. Las p¨®lizas de seguros se han convertido en la ¨²nica manera de pagar por los seguros m¨¦dicos. A¨²n as¨ª el sistema es insuficiente para el 80% de los americanos, que no consiguen una cobertura efectiva¡±, declar¨® Verrilli durante su presentaci¨®n del caso.

Los defensores de la constitucionalidad de la reforma sostienen que ¨¦sta responde a un problema de car¨¢cter nacional: hay 50 millones de estadounidenses que carecen de seguro m¨¦dico, cuando uno de ellos necesita atenci¨®n m¨¦dica, las aseguradoras deben pag¨¢rsela a los hospitales y, para cubrir esos gastos, elevan el precio de las p¨®lizas de los ciudadanos que s¨ª tienen seguro. El Gobierno estima que las familias pagan de media 1.000 d¨®lares extra cada mes para cubrir ese margen.

Presentaci¨®n del caso

¡°El Congreso respondi¨® con la legislaci¨®n espec¨ªficamente al hecho de que los millones de d¨®lares por gastos no compensados de ciudadanos enfermos sin seguro m¨¦dico est¨¢n siendo transferidos a otros participantes del mercado de seguros¡±, aleg¨® Verrilli.

Clement, el representante de los 26 Estados que han reclamado la inconstitucionalidad del mandato individual, centr¨® sus argumentos en los l¨ªmites que la Cl¨¢usula de Comercio impone al Congreso a la hora de regular sobre el mercado. ¡°La cl¨¢usula otorga al Congreso la facultad de legislar sobre los mercados que ya existen. Pero en absoluto le da competencias para obligar a los ciudadanos a participar en ning¨²n mercado¡±, afirm¨®.

El presidente del Tribunal, el juez John Roberts, no ha parecido muy convencido por este argumento y ha forzado a Clement a explicarse mejor: "el argumento principal del Gobierno es que todos formamos parte de este mercado, un mercado muy distinto del de los coches, y que ¨¦l est¨¢ regulando c¨®mo pagarlo".

"Con todos mis respetos, se?or presidente, creo que lo primero que habr¨ªa que preguntarse es de qu¨¦ mercado estamos hablando. Porque es evidente que la ley del Gobierno act¨²a sobre el mercado de los seguros sanitarios y el Gobierno no puede afirmar que todo el mundo est¨¢ en ese mercado. El gran problema es precisamente que no todo el mundo est¨¢ en ese mercado y lo que ¨¦l quiere es que todos entren a formar parte del mismo¡±, contest¨® Clement.

La juez Ginsburg se postul¨® del lado del Gobierno ofreciendo otro de los argumentos en esta direcci¨®n, explicando que el Congreso debe intervenir porque ¡°si el Gobierno ya nos obliga a pagar por servicios de la seguridad social que no queremos, ?por qu¨¦ no nos pueden hacer comprar seguros m¨¦dicos privados?¡±.

Si el Gobierno ya nos obliga a pagar por servicios de la seguridad social que no queremos, ?por qu¨¦ no nos pueden hacer comprar seguros m¨¦dicos privados?

El papel del Gobierno federal

Ginsburg mostr¨® con este argumento la principal diferencia que separa a los denunciantes y al Gobierno de Obama, a los jueces conservadores y a los m¨¢s liberales. ¡°El Gobierno federal no debe ser aquel que tiene todos los poderes¡±, declar¨® despu¨¦s el juez conservador Antonin Scalia, se?alando una de las m¨¢s claras oposiciones a la constitucionalidad de la ley. El juez Kennedy defender¨ªa despu¨¦s que cuando la legislaci¨®n le dice al ciudadano que debe efectuar una compra -en este caso, un seguro- ¡°eso cambia la relaci¨®n del individuo con el Gobierno de manera fundamental¡±.

Ambos jueces hac¨ªan referencia a uno de los aspectos claves del argumento contra la reforma: Si el Gobierno, a trav¨¦s del Congreso, puede obligar al ciudadano a comprar un seguro, ?puede exigirle tambi¨¦n que compre otros productos como un veh¨ªculo o un alimento?

El juez Roberts aportar¨ªa tambi¨¦n uno de los argumentos de los denunciantes, alegando que si el Gobierno puede obligar a los ciudadanos a contratar un seguro tambi¨¦n puede obligarles a hacer otras adquisiciones. Sin embargo, Roberts -presidente de la corte- dio indicios de que pod¨ªa respaldar al Gobierno de Obama, especificando despu¨¦s que la norma no obliga a entrar en el mercado de seguros sino que regula c¨®mo se pagan las p¨®lizas.

Los jueces m¨¢s liberales pusieron a Clement otros ejemplos de mercados de seguros, como el que afecta a los veh¨ªculos, en los que el Gobierno ha impuesto a los ciudadanos la obligaci¨®n de contratar p¨®lizas, a lo que el antiguo abogado del Estado durante la presidencia de George W. Bush ha contestado sin dudar. ¡°S¨ª, pero no imponen a los que no tienen coche a contratar uno¡±.

Clement que hasta en dos ocasiones ha reconocido que la reforma sanitaria podr¨ªa aplicarse tal y como est¨¢, ha asegurado, contrariamente a las afirmaciones de Verrilli, que la mayor parte de la gente que est¨¢ fuera del ¡°mercado de seguros sanitarios¡± son gente ¡°en su mayor¨ªa j¨®venes y sanos¡± que no tiene intenci¨®n de contratar un seguro. Para el letrado este es el grupo de personas que quiere ¡°capturar el Congreso¡± para ¡°subvencionar¡± a quienes ya est¨¢n en ¨¦l.

Sonia Sotomayor, la primera juez hispana del Tribunal Supremo a propuesta de Obama en 2009, sugiri¨® que el Gobierno s¨ª puede imponer la compra de un seguro porque los ciudadanos ¡°no pueden contratarlo en el momento que lo necesitan¡±, es decir, al caer enfermos o sufrir un accidente. Sin embargo, jueces m¨¢s conservadores como John Roberts, se mostraron esc¨¦pticos ante esta postura. Roberts lleg¨® a declarar en una de sus preguntas a Verrilli que ¡°una vez que empiezas a regular actividades comerciales entre los Estados, b¨¢sicamente puedes regularlo todo¡±.?

?La reforma crea un mercado o regula el ya existente?

El juez Kennedy exigi¨® a Verrilli que reconociera la responsabilidad que tiene el Gobierno de Obama en este caso, que debe justificar la autoridad que le concede la constituci¨®n para regular el mercado de seguros m¨¦dicos. ¡°Se debe a la naturaleza ¨²nica del mercado¡±, contest¨® el abogado. ¡°La mayor¨ªa de la poblaci¨®n entra potencialmente en el mercado a lo largo de su vida, el 83% va al m¨¦dico una vez al a?o y el 96% una vez en cinco a?os¡±.

El abogado tambi¨¦n defendi¨® que en el caso de la reforma sanitaria, el Gobierno no est¨¢ interviniendo para crear un mercado de seguros -como argumentan los detractores de la ley para alegar su inconstitucionalidad- sino que regula un intercambio econ¨®mico ya existente. ¡°Esa es la verdadera justificaci¨®n de la acci¨®n llevada a cabo por el Congreso¡±, dijo Verrilli.

En su ¨²ltima intervenci¨®n Clement repiti¨® su alegato inicial y ha urgido al Tribunal a que no ¡°d¨¦ un paso sin precedentes ¡° y con su decisi¨®n permita al Gobierno no solo regular el mercado sino ¡°ir m¨¢s all¨¢ facult¨¢ndole a obligar a las personas a formar parte de uno¡±.

Seg¨²n Lyle Denniston, periodista norteamericano que cubre los casos del Tribunal Supremo desde hace 44 a?os, la decisi¨®n final podr¨ªa depender del juez Kennedy. ¡°Si el juez encuentra el principio que limita el poder del Gobierno federal en materia del mandato individual, o puede pensar en uno ¨¦l mismo, el mandato sobrevivir¨¢¡±.