La fiscal¨ªa acusa a dos exministros argentinos por el accidente del tren

El fiscal argentino que investiga el accidente de tren en el que murieron en febrero pasado unas 51 personas en Buenos Aires acus¨® de ¡°complicidad criminal¡± a dos exsecretarios de Transporte (ministros) del Gobierno de Cristina Fern¨¢ndez de Kirchner, Ricardo Jaime (2003-2009) y Juan Pablo Schiavi (2009-2012). Si bien las pericias judiciales demostraron que los frenos del ferrocarril funcionaban y no supusieron la causa de que se estrellara contra la estaci¨®n terminal de Once, el fiscal Fernando Delgado consider¨® en un dictamen que present¨® el pasado lunes al juez de la causa que las malas condiciones del servicio permitieron que ocurriera la tercera mayor tragedia ferroviaria de la historia argentina.

El juez Claudio Bonadio acept¨® la petici¨®n del fiscal de llamar a declaraci¨®n indagatoria a 30 imputados, entre los que se incluyen Schiavi, Jaime (que hab¨ªa sido secretario de Transporte en todo el Gobierno de N¨¦stor Kirchner, entre 2003 y 2007); los due?os de la empresa concesionaria de trenes TBA, Mario y Claudio Cirigliano; ejecutivos y t¨¦cnicos de esa compa?¨ªa y funcionarios encargados del control del servicio. Jaime, que en 2008 fue el encargado de expropiar la casi quebrada Aerol¨ªneas Argentinas a Marsans, debi¨® renunciar en 2009, tras una derrota del kirchnerismo en elecciones legislativas, porque se le acumulaban las denuncias judiciales por presunta corrupci¨®n.

Uno de los casos en los que a¨²n se le investiga es por los supuestos sobornos en la compra de trenes usados a Portugal y a la empresa p¨²blica espa?ola de comercio exterior P4R. La mayor¨ªa de esos vagones sigue en desuso en talleres ferroviarios de Argentina. A su vez, los Cirigliano son unos poderosos empresarios que cuentan con varios negocios con el Estado argentino. Por ejemplo, sus empresas han ganado las subastas para producir decodificadores de televisi¨®n digital y ordenadores port¨¢tiles que el Gobierno reparte entre la poblaci¨®n pobre y los estudiantes de escuelas p¨²blicas, respectivamente. Tambi¨¦n cuentan con concesiones del Estado nacional para operar l¨ªneas de autobuses y permisos de las provincias para gestionar casinos. Claudio Cirigliano est¨¢ procesado en una causa por presuntas d¨¢divas a Jaime.

En cuanto al accidente de tren en particular, el fiscal Delgado escribi¨® en su acusaci¨®n ante el juez: ¡°El concesionario hizo cuanto quiso, no cumpli¨® con las pautas del contrato; en particular con las inversiones y mantenimiento. Pese a ello, el Estado inyect¨® fondos (en concepto de subvenciones para evitar aumentos del tique), pero los funcionarios deliberadamente optaron por no controlar, refugi¨¢ndose en la sacralidad del expediente, que se convirti¨® en un simple recurso para ocultar la realidad y, eventualmente, proporcionar una explicaci¨®n a los organismos de control y/o a la opini¨®n p¨²blica. Esta connivencia es lo que en derecho penal se denomina complicidad criminal¡±.

El fiscal asegura que TBA recibi¨® desde 2003 unos 324 millones de euros de subsidios, pero los secretarios de Transporte nunca ejecutaban las multas que correspond¨ªan por las fallas en el servicio que se?alaban los organismos de control. Esas sanciones quedaban solo apuntadas en expedientes, pero jam¨¢s se materializaban.

Delgado acusa a los 30 imputados de estrago culposo, es decir, que por negligencia permitieron que ocurriese el accidente. Este delito puede ser penado con hasta cinco a?os de c¨¢rcel. El fiscal afirma adem¨¢s que los exsecretarios y los empresarios cometieron peculado, es decir, la sustracci¨®n de fondos, en este caso, subvenciones, cuya administraci¨®n estaba en manos de funcionarios. Por este delito pueden pasar otros 10 a?os tras las rejas.

Lo que deber¨¢ demostrar ahora el fiscal es que las malas condiciones del servicio provocaron el accidente. Las pericias demostraron que el sistema de freno funcionaba bien. Solo uno de los siete frenos aparentemente estaba roto, pero no fue determinante en el choque. De ah¨ª que ahora las miradas se centren en la responsabilidad del ch¨®fer. Se sospecha que no detuvo el convoy a tiempo. El fiscal se?ala que los trenes eran sometidos a controles de seguridad ¡°informales¡± y ¡°diferidos¡± y que los choferes no dispon¨ªan de veloc¨ªmetros para conducir.