El Supremo de EE UU eval¨²a la pol¨¦mica ley de inmigraci¨®n de Arizona

Los jueces del Tribunal Supremo escuchar¨¢n este mi¨¦rcoles los argumentos del caso del Gobierno de Arizona contra Estados Unidos, en relaci¨®n con la ley de inmigraci¨®n del Estado de Arizona y que fue denunciada por la Administraci¨®n Obama. La legislaci¨®n, aprobada en 2010 por la gobernadora republicana Jan Brewer, fue copiada sucesivamente por varios Estados que han desafiado a la autoridad del Congreso para establecer la legislaci¨®n federal en materia de inmigraci¨®n.

La ley de inmigraci¨®n de Arizona, conocida como SB1070, exige a las autoridades locales arrestar a aquellas personas ¡°sospechosas¡± de residir en el pa¨ªs de manera ilegal, una medida que ha despertado todo tipo de cr¨ªticas por la posible discriminaci¨®n contra hispanos. La normativa tambi¨¦n convierte en un delito estatal la inmigraci¨®n ilegal y penaliza a los indocumentados que tengan un empleo. Otros estados, como Alabama, Georgia, South Carolina e Indiana, han aprobado versiones similares de la legislaci¨®n.

La sentencia del Tribunal Supremo llegar¨¢ a finales del mes de junio, en un momento clave para las elecciones presidenciales del pr¨®ximo oto?o. Tanto el presidente Obama, candidato a la reeleci¨®n y opositor a la ley de Arizona, como el aspirante republicano pueden ver c¨®mo sus posibilidades quedan afectadas por lo que determinen los nueve jueces.

El bloqueo de la ley puede provocar una avalancha de propuestas republicanas para endurecer las leyes de inmigraci¨®n a nivel federal. Una decisi¨®n a favor de la constitucionalidad de la legislaci¨®n, en cambio, podr¨ªa impulsar mayores niveles de participaci¨®n del electorado hispano, favoreciendo al Partido Dem¨®crata.

El Gobierno de Obama denunci¨® la ley de Arizona el verano de 2010, impidiendo la aplicaci¨®n de cuatro apartados clave: la obligaci¨®n de todos los ciudadanos del Estado de Arizona a llevar documentaci¨®n en todo momento para demostrar que residen legalmente en el pa¨ªs; la nueva competencia de las autoridades para detener a cualquier persona ¡°sospechosa¡± de ser inmigrante indocumentado e iniciar su proceso de deportaci¨®n; convertir la inmigraci¨®n ilegal en un delito a nivel estatal -contraria a la legislaci¨®n federal-, y la criminalizaci¨®n de las relaciones contractuales entre empresarios e inmigrantes indocumentados.

La Administraci¨®n argument¨® entonces que la ley era inconstitucional porque interfiere con una materia que es competencia exclusiva del Gobierno, entra en conflicto con las leyes de inmigraci¨®n existentes y porque su aplicaci¨®n impondr¨ªa un obst¨¢culo para otras normativas federales. Los defensores de las leyes de inmigraci¨®n m¨¢s restrictivas afirman, por el contrario, que la falta de resoluci¨®n del Gobierno en este ¨¢mbito les obliga a regularlo por su cuenta y que la SB1070 es en realidad un complemento a la ley federal.

¡°Los jueces deber¨¢n determinar qu¨¦ poder corresponde a los gobiernos estatales para legislar en este aspecto o no¡±, explic¨® Lucas Guttentag, experto legal de la Universidad de Yale, durante una conferencia en Washington organizada por el Center for American Progress.

Guttentag record¨® que la corte ha determinado anteriormente que la falta de legislaci¨®n por parte del Congreso no da v¨ªa libre a los Estados para invadir sus competencias: ¡°Si as¨ª ocurriera, Estados Unidos dejar¨ªa de hablar con una sola voz y la ley [de Arizona] habr¨ªa legitimado la discriminaci¨®n¡±.

La legislaci¨®n federal estadounidense establece que no es un delito trabajar sin permiso ni estar en el pa¨ªs de manera ilegal, no penaliza la falta de documentaci¨®n y tampoco permite la detenci¨®n de una persona si no hay una orden judicial previa o no se ha cometido una falta de cualquier tipo. Adem¨¢s, las ¨²nicas autoridades que tienen competencias en este sentido son el Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia de Inmigraci¨®n.

"No podemos permitirnos seguir decidiendo qui¨¦n puede vivir d¨®nde"

¡°Tanto los agentes federales como la polic¨ªa han levantado la voz en contra de las leyes porque destrozan las comunidades, es imposible crear planes de seguridad cuando la poblaci¨®n ve a la polic¨ªa como agentes de inmigraci¨®n¡±, explic¨® Guttentag. ¡°Es un tema de inter¨¦s nacional, por eso debe ser deliberado en el Congreso¡±.

Stacey Abrams, legisladora dem¨®crata en Georgia, con una ley de inmigraci¨®n similar a la de Arizona, explic¨® que la legislaci¨®n ha tenido consecuencias econ¨®micas mucho m¨¢s graves, con p¨¦rdidas de hasta 300 millones de d¨®lares (unos 220 millones de euros), despu¨¦s de quedarse sin mano de obra en la agricultura, el sector principal de la econom¨ªa estatal.

¡°La ley no ten¨ªa nada que ver con la inmigraci¨®n, todo est¨¢ relacionado con el enorme cambio demogr¨¢fico que ha tenido lugar en el sur y el oeste del pa¨ªs¡±, dijo Abrams. ¡°Est¨¢ pol¨ªticamente motivada, mientras que el Partido Republicano ha perdido el apoyo de votantes afroamericanos, hispanos y asi¨¢ticos, su ¨²nica manera de conservar el poder es deshacerse de aquellos que no votar¨ªan por sus candidatos¡±.

La legisladora se refer¨ªa as¨ª al efecto de las leyes contra la inmigraci¨®n ilegal y los recientes esfuerzos para dividir el voto hispano a trav¨¦s de procesos de redise?o de los distritos electorales en Estados como Tejas -con un importante electorado hispano- y que tambi¨¦n est¨¢n pendientes de una sentencia judicial. ¡°Cuando te fijas en cada uno de ellos individualmente, parece que est¨¢n malintencionados, pero de manera global todo cobra sentido¡±, coment¨® Abrams. ¡°Estamos hablando de un cambio profundo en las pol¨ªticas de los Estados del sur de pa¨ªs¡±.

¡°Se estar¨ªa creando un precedente para que los Estados puedan discriminar¡±, a?adi¨® la legisladora. ¡°Cuando proh¨ªbes la contrataci¨®n de inmigrantes indocumentados, est¨¢s quebrantando todo un sector de la econom¨ªa de manera que tiene consecuencias en otros estados. No podemos permitirnos seguir decidiendo qui¨¦n puede vivir d¨®nde¡±.