El Supremo se inclina a favor de la ley de Arizona contra los indocumentados

Por segunda vez en este curso judicial, el Tribunal Supremo de Estados Unidos abord¨® ayer una ley de alto voltaje pol¨ªtico y, como ocurri¨® anteriormente con la reforma sanitaria, los magistrados parecen inclinados a contradecir al Gobierno y declarar la validez de la ley de Arizona que permite la identificaci¨®n de los inmigrantes ilegales. La decisi¨®n, que puede representar un hito en la pol¨ªtica norteamericana sobre la inmigraci¨®n, no se anunciar¨¢ hasta el mes de junio.

Ninguno de los jueces que intervino en la vista, ni conservadores ni liberales, expresaron p¨²blicamente serios reparos con el hecho de que el Estado de Arizona autorice a la polic¨ªa a reclamar los documentos a las personas que hayan sido detenidas como sospechosas de otras faltas o delitos, como una violaci¨®n de las normas de tr¨¢fico. Esa autoridad, as¨ª como la declaraci¨®n de delito a la solicitud de un empleo por parte de los inmigrantes irregulares, hab¨ªan sido suspendidas por tribunales de escala inferior. Ni la falta de papeles ni la b¨²squeda de trabajo son delitos federales en este pa¨ªs.

El abogado Paul Clement, que represent¨® al Estado de Arizona, sostuvo que la ley, no solamente no invade competencias del Gobierno federal, sino que le ayuda en su misi¨®n de perseguir la inmigraci¨®n ilegal. ¡°El Estado no interfiere simplemente por entregar a las autoridades federales la informaci¨®n sobre un detenido que, adem¨¢s, reside de manera ilegal en este pa¨ªs¡±, dijo.

La juez Sonia Sotomayor, de origen puertorrique?o y de la que se espera la m¨¢s firme oposici¨®n a la ley, argument¨® que no ten¨ªa inconveniente en que Arizona puede desempe?ar esa funci¨®n complementaria, aunque expres¨® dudas sobre c¨®mo van a garantizar las autoridades de ese Estado que no se va a violar la Constituci¨®n al mantener arrestados a los sospechosos por encima del tiempo legalmente permitido. La representaci¨®n del Estado no dej¨® claro cu¨¢nto tiempo se puede necesitar para comprobar que un sospechoso carece de documentos de residencia.

Los jueces Antonin Scalia y John Roberts, ambos del bando conservador, se situaron claramente del lado de la defensa de la ley. ¡°Estamos hablando de conseguir que abandonen el pa¨ªs aquellas personas que carecen de derecho a estar aqu¨ª. Yo no tengo ning¨²n problema con eso¡±, manifest¨® Scalia.

Roberts explic¨® que, desde su punto de vista, la ley simplemente obliga a la polic¨ªa de Arizona a proporcionar al Gobierno federal los nombres de aquellas personas que residen en el pa¨ªs de forma ilegal. ¡°Las autoridades federales pueden decidir que no quieren deportar a esa persona, y quedar¨ªa en libertad¡±, a?adi¨®. Roberts respald¨® la sospechas de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, presente ayer en la sesi¨®n, de que la Administraci¨®n de Barack Obama, en realidad, no quiere aumentar las deportaciones, bien por razones pol¨ªticas o por la falta de los recursos econ¨®micos necesarios para hacerlo. ¡°Da la sensaci¨®n de que el Gobierno no quiere saber cu¨¢ntos indocumentados hay en el pa¨ªs¡±, dijo el juez.

El abogado del Gobierno federal, Donald Verrilli, argument¨® contra la ley que ¡°no se puede dejar que cada Estado regule de manera distinta un asunto que tiene implicaciones para todo el pa¨ªs¡±. Eso puede perjudicar, cit¨® como ejemplo, las relaciones con M¨¦xico. ¡°No podemos aplicar ¨²nicamente las leyes que gusten a M¨¦xico¡±, contest¨® Scalia.

No podemos aplicar ¨²nicamente las leyes que gusten a M¨¦xico¡± Juez Antonin Scalia

Como sucede con la reforma sanitaria, que el Supremo examin¨® el mes pasado, la decisi¨®n sobre la ley de Arizona, contra la que se moviliz¨® de forma extraordinaria la poblaci¨®n hispana, sospechosa de que estaba dise?ada para hostigar a los inmigrantes mexicanos, llegar¨¢ en un momento de plena efervescencia de la campa?a de las elecciones presidenciales. Cualquiera que sea el fallo, situar¨¢ el asunto de la inmigraci¨®n, muy controvertido de por s¨ª, en el primer plano del debate pol¨ªtico.

Eso no es una buena noticia para el candidato republicano, Mitt Romney, que est¨¢ tratando de reconciliarse con el voto latino despu¨¦s de varios meses de haber defendido una posici¨®n radicalmente antiinmigraci¨®n que ha provocado grandes recelos entre los electores de esa comunidad.

Para el presidente Barack Obama, que critic¨® la ley de Arizona desde un principio y argument¨® contra ella en los tribunales, una decisi¨®n del Supremo a favor de esa legislaci¨®n le da la oportunidad de prometer nuevas iniciativas a favor de los inmigrantes en un segundo mandato. En realidad, los dem¨®cratas est¨¢n ya empezando a hacer campa?a en ese sentido. El influyente senador Charles Schumer ha anunciado que, si los jueces mantienen la ley de Arizona, su grupo presentar¨¢ en el Congreso propuestas para eliminarla por la v¨ªa legislativa.