Un mes de limbo pol¨ªtico en M¨¦xico

A los tradicionales cinco meses de transici¨®n de una presidencia mexicana a otra ¨Cfrente al m¨¢ximo de 10 d¨ªas de Francia- hay que a?adir este a?o la par¨¢lisis pol¨ªtica que supone el recurso para invalidar las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio presentado ante el tribunal electoral por el derrotado candidato del Movimiento Progresista, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, por la supuesta compra de cinco millones de votos por parte del PRI.

El tribunal tiene de plazo hasta el pr¨®ximo 6 de septiembre para emitir un veredicto y hasta que no lo haga no habr¨¢ presidente leg¨ªtimo ni se puede iniciar formalmente el traspaso de poderes entre el presidente saliente Felipe Calder¨®n y el virtual ganador de las elecciones, Enrique Pe?a Nieto. Tambi¨¦n han quedado frenadas en seco las llamadas al consenso para aprobar unas reformas ¨Cfiscal, energ¨¦tica, laboral¡­- consideradas urgentes hace tan solo dos meses por buena parte de la clase pol¨ªtica y la sociedad mexicanas.

Tras una gran campa?a electoral que le aport¨® m¨¢s de 15 millones de votos -1,1 millones m¨¢s que en 2006-, aumentar su representaci¨®n en el Congreso en un 40%, arrasar en el DF y conquistar los Gobiernos de los Estados de Morelos y Tabasco, la coalici¨®n que lidera L¨®pez Obrador argumenta que las elecciones no fueron equitativas porque el PRI super¨® con creces el gasto legal de campa?a que prescribe la Constituci¨®n y por tanto deben ser invalidadas, pero solo las presidenciales, solo las que perdi¨® su candidato.

La denuncia de la compra de votos por el PRI ha motivado a lo largo de este mes estridentes rasgaduras de vestiduras en un pa¨ªs con m¨¢s de un 40% de pobres y donde cualquier ciudadano tiene experiencia cotidiana de tolerancia hacia el fraude; una campa?a de movilizaciones en la calle y en las redes sociales; un fuerte intercambio de golpes y de acusaciones entre los principales partidos y la acumulaci¨®n de testimonios, facturas, documentos, audios y v¨ªdeos como pruebas del supuesto robo electoral que el tribunal deber¨¢ juzgar si son suficientes para desencadenar una crisis pol¨ªtica que implique la convocatoria de nuevos comicios.

Apenas nadie cree que esto vaya a ocurrir, ni tan siquiera los dirigentes del Partido de la Revoluci¨®n Democr¨¢tica (PRD), la formaci¨®n que aport¨® las dos terceras partes del voto conseguido por el conglomerado de fuerzas que desde la socialdemocracia cosmopolita a las tribus de la izquierda radical se reunieron bajo el r¨®tulo del Movimiento Progresista.

La izquierda mexicana tiene razones fundadas para sentirse hist¨®ricamente frustrada, desde la matanza de estudiantes en 1968 hasta la c¨¦lebre ¡°ca¨ªda del sistema¡± en las elecciones presidenciales de 1988 pasando porque el cambio democr¨¢tico lleg¨® por la derecha en el a?o 2000, por citar solo unos ejemplos. Pero tarde o temprano tendr¨¢ que decidir entre la calle y las instituciones.

Su recurso ante el tribunal electoral es perfectamente leg¨ªtimo, pero de momento no solo ha parado el reloj pol¨ªtico de M¨¦xico. Amenaza adem¨¢s con envenenar la atm¨®sfera civil forzando una extrema polarizaci¨®n y con prolongar la desafecci¨®n de buena parte de la opini¨®n p¨²blica progresista de este pa¨ªs con la democracia mexicana por muchas que sean a¨²n sus imperfecciones. Cada pa¨ªs tiene sus ritos y sus tiempos pol¨ªticos pero la globalizaci¨®n ha acelerado el de todos y no espera a nadie. Mientras, M¨¦xico corre el riesgo de hundirse en un limbo.