¡°Queremos paz y agua para toda la gente¡±

¡°No estamos enfadados¡±, dice tranquilo, por tel¨¦fono y ya en libertad, Pascual Agust¨ªn Cruz, liberado por falta de pruebas este mi¨¦rcoles junto a Jos¨¦ Ram¨®n Aniceto G¨®mez. Los dos activistas ind¨ªgenas llevaban dos a?os y 10 meses en la c¨¢rcel por un delito menor que, de fondo, ten¨ªa un conflicto por el agua en la comunidad de Atla, en el centro de la Rep¨²blica. Pascual, de 49 a?os, y Jos¨¦ Ram¨®n, de 65, se disponen a volver a casa sin decidir si volver¨¢n a la carga por el acceso p¨²blico al agua. ¡°Queremos paz y agua para toda la gente¡±, resume renqueante Pascual (su lengua materna es el n¨¢huatl y la mayor parte del espa?ol lo aprendi¨® en prisi¨®n).

La Suprema Corte orden¨® este mi¨¦rcoles la liberaci¨®n de los dos ¨²nicos presos de conciencia de M¨¦xico ¨Cas¨ª los considera Amnist¨ªa Internacional (AI)-. Los dos ind¨ªgenas, l¨ªderes de esta comunidad nahua, de unos 2.000 habitantes, trabajaban en un programa de universalizaci¨®n del agua potable que chocaba con los intereses de un grupo dedicado a la venta del agua. Tras un confuso accidente en el que, seg¨²n su defensa, unos aliados del cacique del pueblo los intentaron atropellar, ambos fueron acusados del robo con violencia del veh¨ªculo y condenados a cumplir siete a?os en un penal de media seguridad del municipio de Huauchinango, a unas dos horas de su pueblo. La Suprema Corte ha reconocido ahora la falta de pruebas. Aunque la sentencia todav¨ªa no es p¨²blica, en la decisi¨®n tambi¨¦n parecen haber pesado otras irregularidades, como la ausencia de traductores y abogados que hablaran la lengua nativa de los acusados.

El agua es para todos. El poquito dinero de impuestos que estamos pagando es para todos

¡°Esas personas son caciques y no les gustaba que nosotros hici¨¦ramos trabajo para todo el pueblo. El agua es para todos. El poquito dinero de impuestos que estamos pagando es para todos¡±, reivindica Pascual. Frente al acceso gratuito que garantizaban las subvenciones de distintos gobiernos, asegura la abogada, el cacique cobraba a sus paisanos hasta 5.000 pesos (unos 300 euros) por toma.

Ahora a Pascual y a Jos¨¦ Ram¨®n les toca volver a Atla. ¡°No tienen deseo de venganza¡±, subraya Araceli?Olivos, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agust¨ªn Pro Ju¨¢rez (Centro PRODH). Lo primero que har¨¢n, dice Pascual, es ¡°trabajar en la siembra¡±. Porque ¨¦l tiene seis hijos, y Jos¨¦ Ram¨®n, ocho, y durante los tres ¨²ltimos a?os no hubo dinero para ayudar a la familia, de pocos recursos. En la c¨¢rcel, los dos cos¨ªan balones. Cobraban seis pesos (unos 35 c¨¦ntimos de euro) por unidad, y consegu¨ªan hacer dos al d¨ªa. ¡°A veces necesit¨¢bamos jab¨®n, o papel higi¨¦nico, o se nos antojaba un cafecito, o leche. Pero no alcanzaba¡±, recuerda Pascual. ?Y si no alcanzaba, qu¨¦? ¡°Nos daban ranchito, pero no es lo mismo¡±. Pascual dice, escueto, que pasaron hambre. Y que sus familias, que no los pod¨ªan visitar a menudo, ¡°hasta lloraban¡±.

El caso fue llevado ante la Corte Suprema por los abogados del Centro PRODH, quienes presentaron este ¨²ltimo recurso directo de amparo. Amnist¨ªa Internacional, que recogi¨® unas 30.000 firmas por la liberaci¨®n, ha subrayado que ¡°estos tres a?os de injusticia son el reflejo de un d¨¦bil sistema judicial, que lejos de garantizar seguridad y justicia se presta a perseguir a personas ¨²nicamente por el hecho de luchar por sus derechos¡±. "Lo m¨¢s preocupante es que los fallos que caracterizaron este caso, lejos de ser desafortunadas excepciones, parecen m¨¢s bien ser problemas estructurales caracter¨ªsticos del sistema de justicia en M¨¦xico", ha denunciado Alberto Herrera, director ejecutivo de AI M¨¦xico, en un comunicado.

Amnist¨ªa Internacional y el centro PRODH insisten en que el delito no existi¨®. ¡°Un pa¨ªs en donde un caso fabricado de manera tan absurda tiene que llegar hasta la Suprema Corte para aspirar a un veredicto con justicia, es un pa¨ªs donde la justicia es poco m¨¢s que un sue?o. Es momento de que las autoridades mexicanas tomen las medidas necesarias para evitar que esto contin¨²e perpetu¨¢ndose¡±, ha asegurado Herrera, que insta a las autoridades judiciales a que revisen otros casos parecidos. En marzo, sin ir m¨¢s lejos, hubo otra historia similar: una mujer ind¨ªgena, Adela Ram¨ªrez, fue liberada en Chiapas tras siete a?os de c¨¢rcel por un juicio en el que no cont¨® con int¨¦rprete a pesar de que no hablaba espa?ol.