El ¡®caso Clar¨ªn¡¯ provoca tensiones in¨¦ditas entre la justicia y el Gobierno argentino
Varios altos cargos cargan contra los jueces que ampliaron el plazo para que el grupo medi¨¢tico inicie sus desinversiones
Dos jueces de la C¨¢mara Civil y Comercial de Argentina impidieron el jueves el desembarco del Gobierno en los negocios audiovisuales del grupo Clar¨ªn. El 7-D, que fue el ¨¦pico nombre con que el Gobierno hab¨ªa bautizado a la jornada del 7 de diciembre, nunca lleg¨®. La Ley de Medios promulgada en 2009 obliga a decenas de grupos a desinvertir. Clar¨ªn denunci¨® ese mismo a?o ante un juez de primera instancia la inconstitucionalidad de dos art¨ªculos de la norma. El grupo consigui¨® que un tribunal le otorgase una medida cautelar, un tiempo extra, para desinvertir, mientras se estudiaba la constitucionalidad de los dos art¨ªculos, pero la Corte Suprema hab¨ªa determinado que la medida cautelar expiraba el 7 de diciembre.
El Gobierno llevaba noventa d¨ªas explicando en discursos, declaraciones y anuncios de televisi¨®n que ¨¦sa era la fecha l¨ªmite para que Clar¨ªn desinvirtiera en sus negocios audiovisuales. Y si antes de esa fecha no desinvert¨ªa, el Ejecutivo sacar¨ªa a concurso algunas de sus licencias televisivas. El ministro de Justicia, Julio Alak, declar¨® el mi¨¦rcoles que si la C¨¢mara pretend¨ªa extender m¨¢s all¨¢ del 7 de diciembre la medida cautelar, eso supondr¨ªa ¡°un alzamiento contra una ley de la naci¨®n y generar¨ªa un conflicto de poderes¡±. Pero el jueves, los jueces Francisco de las Carreras y Mar¨ªa Susana Najurieta ordenaron una pr¨®rroga de la medida cautelar hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de los art¨ªculos denunciados por Clar¨ªn.
Horas antes de que se conociera el fallo de la C¨¢mara, la Comisi¨®n de Independencia Judicial emiti¨® un comunicado sin precedentes en las relaciones institucionales de Argentina. Este ¨®rgano, que integra a la mayor¨ªa de los jueces federales del pa¨ªs, exigi¨® al Gobierno de Cristina Fern¨¢ndez que respete la divisi¨®n de poderes, que cesen las presiones ¡°directas o indirectas¡± y evite el ¡°agravio personal o familiar¡±. Pero el comunicado no impidi¨® que al d¨ªa siguiente el Gobierno cargara en tromba contra los jueces. ¡°Terminamos de confirmar que la C¨¢mara es el brazo jur¨ªdico del grupo ilegal¡±, declar¨® ayer el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. "Ac¨¢ hay una mafia que se llama [H¨¦ctor] Magnetto [consejero delegado de Clar¨ªn] y su grupo Clar¨ªn que no duda en apretar pol¨ªticos, jueces y empresarios a trav¨¦s de su diario", se?al¨® el vicepresidente del Gobierno, Amado Boudou. Y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicaci¨®n Audiovisual (Afsca) indic¨® a trav¨¦s de un comunicado que la medida ¡°constituye un precedente nefasto y lamentable que pone un manto de sospecha ineludible en el funcionamiento de la Justicia".
Ricardo Gil Lavedra, constitucionalista y presidente del bloque de diputados de la opositora Uni¨®n C¨ªvica Radical, alab¨® ayer la decisi¨®n de los dos jueces. ¡°Han tenido mucha valent¨ªa, porque la presi¨®n ha sido inaudita. Nunca hab¨ªamos visto en democracia una presi¨®n de esta naturaleza. A los jueces los han amenazado, los han recusado, les han dicho que les iban a hacer juicio pol¨ªtico¡ Y han respondido defendiendo su independencia¡±.
El pasado octubre, el juez Ra¨²l Tettamanti, que deb¨ªa pronunciarse sobre la demanda de Clar¨ªn contra la Ley de Medios, renunci¨® a su cargo alegando que hab¨ªa sufrido "violencia moral y un grado de intranquilidad personal y familiar". Despu¨¦s, trascendi¨® en la prensa que desde el Gobierno se le hab¨ªa hecho llegar al juez el mensaje de que su hermano, el vicealmirante Rodolfo Oscar Tettamanti, exjefe de Infanter¨ªa de Marina, podr¨ªa ser juzgado por delitos de lesa humanidad. A mediados de octubre, el Gobierno recus¨® tambi¨¦n a Roberto Torti, sustituto de Tettamanti. Y finalmente, el 5 de diciembre el Ejecutivo recus¨® a todos los jueces de la C¨¢mara Civil y Comercial Federal. Pero la recusaci¨®n no fue aceptada.
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