Las claves del caso Clar¨ªn

A continuaci¨®n se detallan los puntos esenciales de la compleja batalla judicial que mantiene el Gobierno contra el mayor grupo medi¨¢tico de Argentina.

?Qu¨¦ es la Ley de Medios?

Oficialmente se denomina ley de Servicios de Comunicaci¨®n Audiovisual. Fue promulgada en 2009 para remplazar la legislaci¨®n que hab¨ªa impuesto la ¨²ltima dictadura de Argentina (1976-1983) sobre radio y televisi¨®n. Surgi¨® a partir de la iniciativa de organizaciones sociales y fue tomada despu¨¦s como bandera por el Gobierno de Cristina Fern¨¢ndez de Kirchner en plena batalla contra el Grupo Clar¨ªn. La ley establece que deber¨¢ dividirse el espacio radioel¨¦ctrico en tres partes iguales entre el Estado, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro (sindicatos, cooperativas, universidades, fundaciones y organizaciones religiosas, entre otras). La norma tambi¨¦n limita la cantidad de licencias de radio, televisi¨®n y servicios de TV de pago. Adem¨¢s, establece que las compa?¨ªas extranjeras solo pueden poseer el 30% de cualquier medio audiovisual. Tambi¨¦n indica que el 60% de lo que se difunde por los canales de televisi¨®n en abierto debe ser producido en Argentina. El 30% de la m¨²sica transmitida por radio tambi¨¦n deber¨¢ ser local.

?Por qu¨¦ algunos defensores de la Ley de Medios han criticado la forma en que el Gobierno la est¨¢ aplicando?

El Partido Socialista y otras organizaciones de izquierda la hab¨ªan apoyado. Pero critican que no se han concedido suficientes licencias a organizaciones sociales. Tambi¨¦n critican que no se trate con la misma vara a Clar¨ªn que a sus competidores, como Telef¨®nica y empresarios argentinos amigos del Gobierno.

?C¨®mo es de grande el grupo Clar¨ªn?

Es el principal grupo de comunicaci¨®n de Argentina. Posee el diario de mayor circulaci¨®n y otros cinco peri¨®dicos. Es due?o del segundo canal de TV abierta en audiencia de Buenos Aires, El Trece. Y en las provincias cuenta con ocho m¨¢s. Dispone del servicio de televisi¨®n de pago m¨¢s grande de Argentina y de nueve se?ales de TV por cable. Es propietario de Mitre, la segunda emisora de Onda Media m¨¢s escuchada de Buenos Aires; cuenta con otras dos en provincias y dos emisoras de FM. Tambi¨¦n es el accionista mayoritario de la f¨¢brica Papel Prensa, compa?¨ªa que vende el papel con el que se imprimen el resto de los peri¨®dicos. El grupo Clar¨ªn compr¨® Papel Prensa tras llegar a un acuerdo con la ¨²ltima dictadura militar de Argentina (1976-1983).

?Es el ¨²nico medio cr¨ªtico en Argentina?

Hay otros peri¨®dicos como La Naci¨®n y el econ¨®mico El Cronista que tambi¨¦n se muestran muy cr¨ªticos con el Gobierno. Tambi¨¦n hay que tener en cuenta alguna que otra emisora de radio como Continental, perteneciente al grupo Prisa. En el panorama televisivo tambi¨¦n hay alg¨²n canal, aparte de los de Clar¨ªn, donde se pueden encontrar voces cr¨ªticas contra el Gobierno. Pero la inmensa mayor¨ªa mantienen una l¨ªnea editorial af¨ªn al Gobierno. Telef¨¦, el canal perteneciente a Telef¨®nica, es el primero en audiencia, pero basa casi toda su programaci¨®n en el entretenimiento. Sus informativos distan mucho de considerarse una molestia para el Gobierno.

?Por qu¨¦ se enfrentaron el Gobierno y Clar¨ªn?

Nunca qued¨® del todo claro. Lo que s¨ª es cierto es que la ruptura se produjo a partir de 2008, con la llamada guerra del campo. Clar¨ªn, que hab¨ªa mantenido una estrecha relaci¨®n con la dictadura, supo conseguir licencias para ampliar sus negocios durante los Gobiernos de Ra¨²l Alfons¨ªn (1983-1989), Carlos Menem (1989-1999) y el kirchnerismo (desde 2003). Pero en los tres casos acab¨® distanci¨¢ndose de las autoridades de turno. Fuentes vinculadas a Clar¨ªn reconocen que en 2008 el expresidente N¨¦stor Kirchner pidi¨® al consejero delegado del grupo, H¨¦ctor Magnetto, que lo apoyara en su cruzada contra los colectivos agrarios, pero ¨¦ste se puso del lado de estos ¨²ltimos. El peri¨®dico Clar¨ªn tiene un suplemento semanal sobre agricultura y organiza cada a?o la feria m¨¢s importante de este sector clave en la econom¨ªa argentina. Las fuentes citadas tambi¨¦n admiten que al mismo tiempo Magnetto le pidi¨® a Kirchner que le facilitara la compra de Telecom Argentina (propiedad de Telecom Italia), pero ¨¦ste se neg¨®. Otras fuentes, ajenas a Clar¨ªn, se?alan que hubo desavenencias de orden econ¨®mico entre N¨¦stor Kirchner y H¨¦ctor Magnetto.

?Qu¨¦ otros grupos deber¨¢n desinvertir?

Se calcula que unos 21 grupos deber¨¢n desprenderse de 330 licencias de televisi¨®n, radio y servicios de TV de pago. Unas 150 o 200 pertenecen a Clar¨ªn. Entre los otros 20 grupos figuran Telef¨®nica, la norteamericana DirectTV, el empresario Crist¨®bal L¨®pez (de hist¨®rica relaci¨®n con los Kirchner). Prisa (editora de EL PA?S), present¨® un plan que contempla la transferencia de varias licencias de radio de provincias, a cambio de consolidar su posici¨®n en la cadena Continental en Buenos Aires.

?Qu¨¦ se supone que deber¨ªa haber sucedido el 7-D?

Ese d¨ªa venc¨ªa el plazo que la Corte Suprema hab¨ªa otorgado a Clar¨ªn para realizar las desinversiones exigidas por los art¨ªculos 45 y 161 de la Ley de Medios. Pero los jueces de la C¨¢mara Civil y Comercial de Argentina Francisco de las Carreras y Mar¨ªa Susana Najurieta ordenaron una pr¨®rroga de la medida cautelar hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de los art¨ªculos denunciados por Clar¨ªn.

?Qui¨¦n debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de los dos art¨ªculos de la Ley de Medios?

En Argentina, igual que en Estados Unidos y buena parte de Latinoam¨¦rica, cualquier juez federal puede decretar la constitucionalidad o no de una norma. Por tanto, ahora es el juez de primera instancia Horacio Alfonso quien debe determinar si son constitucionales los dos art¨ªculos de la ley de medios que obligan a los 21 grupos a desinvertir. Si alguna de las partes recurriesen su sentencia, ser¨ªa la C¨¢mara quien deber¨ªa pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma. Y, finalmente, la Corte Suprema.

?Qu¨¦ va a ocurrir ahora?

La Corte Suprema ha ordenado al juez Horacio Alfonso que trabaje incluso en fines de semana y festivos para determinar lo antes posible si los dos art¨ªculos en litigio son constitucionales. Mientras tanto, la batalla jur¨ªdica contin¨²a en otro frente. Tras conocer el dictamen de la C¨¢mara emitido el jueves seis de diciembre, el Gobierno present¨® al d¨ªa siguiente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para revocar la extensi¨®n de la medida cautelar. La Corte tiene que decidir primero si admite o no el recurso del Gobierno. En caso de que lo admita, deber¨¢ estudiar si mantiene o anula la extensi¨®n de la medida cautelar dictada por la C¨¢mara.