As¨ª lleg¨® el matrimonio homosexual hasta el Supremo de Estados Unidos

Una viuda de Nueva York y dos parejas de California, una de ellas formada por dos lesbianas madres de cuatro ni?os, protagonizan esta semanas dos casos hist¨®ricos que han llegado al Tribunal Supremo tras un largo proceso de denuncias, apelaciones, victorias y derrotas. Son los demandantes que han llevado la Proposici¨®n 8, la eliminaci¨®n del derecho al matrimonio homosexual en California, y contra la ley de Defensa del Matrimonio, que impide reconocer las uniones homosexuales a nivel federal, hasta la m¨¢s alta autoridad judicial del pa¨ªs.

Ambos casos pueden cambiar el panorama del matrimonio gay en Estados Unidos en diferente grado, pero su llegada al Supremo, coincidiendo con el giro en la opini¨®n p¨²blica acerca de los derechos de los homosexuales, ha llevado a definir estos casos como "la lucha por los derechos civiles" del presente en EE UU, como antes lo fue el derecho a voto de la mujer o la igualdad de las minor¨ªas raciales. Sin embargo, cada una de las denuncias ha seguido una evoluci¨®n diferente y, tal y como han sido planteadas, tambi¨¦n pueden lograr resultados distintos.

Edith Windsor, de 83 a?os, y Thea Spyer se casaron en 2007 en Canad¨¢. Su uni¨®n estaba reconocida en el estado de Nueva York, pero no a nivel federal, por el l¨ªmite que establece desde 1996 la ley DOMA al definir el matrimonio como ¡°la uni¨®n entre un hombre y una mujer¡±. Cuando Thea falleci¨® dos a?os despu¨¦s, y tras 44 a?os de convivencia, Windsor obtuvo una herencia por la que, hasta ahora, ha debido pagar m¨¢s de 300.000 d¨®lares. Si una de ellas hubiera sido un hombre, -su matrimonio hubiera sido v¨¢lido entonces a nivel federal-, Windsor no habr¨ªa pagado ni un solo d¨®lar.

As¨ª, un caso relacionado de impuestos puede acabar con la limitaci¨®n federal al matrimonio gay en EE UU. M¨¢s de 1000 regulaciones federales, entre ellas la que establece el porcentaje impositivo a pagar en el caso de una herencia nominal, o por matrimonio, est¨¢n afectadas por DOMA. Windsor alega que el sistema legal incurre as¨ª en una discriminaci¨®n contra ciudadanos como ella bas¨¢ndose ¨²nicamente en su orientaci¨®n sexual.

Los jueces no est¨¢n obligados a declarar que los Estados deban garantizar el derecho al matrimonio para las parejas del mismo sexo o que ¨¦ste sea legal

Sus abogados pedir¨¢n al Tribunal Supremo esta semana que se pronuncie sobre si el Congreso puede definir el matrimonio como la uni¨®n entre un hombre y una mujer dentro de los l¨ªmites constitucionales o si esto supondr¨ªa denegar a parejas gais derechos fundamentales que son avalados para el resto de los ciudadanos. Los denunciantes cuentan con el respaldo de la Administraci¨®n Obama, que hace unas semanas present¨® un sumario ante la corte, argumentando la inconstitucionalidad de la ley DOMA.

Un juez federal ya ha dado anteriormente la raz¨®n a Windsor, reconociendo que la definici¨®n vigente del matrimonio viola los derechos de los ciudadanos gais al discriminarlos con base en su orientaci¨®n sexual. El pr¨®ximo mes de junio, los jueces del Supremo podr¨ªan respaldar a Windsor, revocando la ley DOMA, aunque eso no supondr¨ªa la legalizaci¨®n del matrimonio gay a nivel federal. All¨ª donde a¨²n no ha sido regularizado o est¨¢ prohibido, las parejas del mismo sexo no se podr¨¢n casar.

A pesar de los avances del matrimonio gay en los ¨²ltimos a?os, y del cambio de la opini¨®n p¨²blica norteamericana, en EE UU todav¨ªa hay 41 estados que lo proh¨ªben expl¨ªcitamente. Estas jurisdicciones estar¨¢n pendientes del otro caso -cuya vista se celebra este martes- contra la Proposici¨®n 8 de California. Aprobada en refer¨¦ndum en 2008, deneg¨® por primera vez derechos que ya hab¨ªan sido reconocidos por la c¨¢mara legislativa estatal.

Las dos parejas denunciantes de California, Kristin Perry y Sandra Stier, y Paul Katami y Jeffrey Zarrillo, han puesto en duda si el Estado puede prohibir su matrimonio y al mismo tiempo cumplir con la obligaci¨®n constitucional de proteger el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos. Los nueve jueces del Tribunal Supremo, en su sentencia, deber¨¢n responder por tanto si un Estado tiene competencias para definir el matrimonio como la uni¨®n entre un hombre y una mujer y, de ser as¨ª, si esto violar¨ªa los derechos de los homosexuales.

La decisi¨®n de los magistrados podr¨ªa por tanto declarar ilegal la prohibici¨®n del matrimonio gay, eliminando las regulaciones que existen al respecto en 41 Estados del pa¨ªs. Los jueces no est¨¢n obligados, sin embargo, a declarar que los Estados deben garantizar el derecho al matrimonio para las parejas del mismo sexo o que este sea legal. Pueden limitarse a decir que el Estado no puede prohibirlo. Tradicionalmente reacio a imponer regulaciones a los Estados, el Supremo podr¨ªa optar por dejar que cada Estado apruebe el matrimonio gay individualmente, a trav¨¦s de sus c¨¢maras legislativas y de acuerdo con los avances defendidos por los ciudadanos.