La ley de pensiones enfrenta a Evo Morales con los obreros

La ley de Pensiones es el mayor punto de controversia entre la Central Obrera Boliviana (COB), que ha recuperado su poder de convocatoria, y el gobierno del presidente Evo Morales, que ha llevado a las calles citadinas a miles de campesinos y productores de hoja de coca para que defiendan el proceso de cambio y se reste importancia al desgaste pol¨ªtico que le ocasiona uno de los m¨¢s duros conflictos con la clase laboral, su ex aliada.

El gobierno afronta m¨¢s de dos semanas de protestas de asalariados en las calles de las principales ciudades y el cierre de carreteras en casi todo el pa¨ªs; no ha logrado aplacar el conflicto pese a haberlo ninguneado primero, satanizado despu¨¦s, hasta acusar a la COB de conspirar contra la estabilidad democr¨¢tica y, finalmente, reprimirlas protestas. Ahora ha vuelto el di¨¢logo en medio de pausas en busca de un acuerdo entre partes.

El vicepresidente ?lvaro Garc¨ªa Linera acus¨® a los ¡°malos¡± dirigentes sindicales y a grupos radicales como los ¡°trotskistas¡± de gestar un intento de golpe de Estado y, pidi¨® a sus seguidores defender en las calles al Gobierno adem¨¢s de buscar que la COB recupere ¡°su esp¨ªritu proletario¡± y su lucha a favor de los m¨¢s humildes. Garc¨ªa cerr¨® una manifestaci¨®n de apoyo en Cochabamba que congreg¨® a unas veinte mil personas, seg¨²n sus organizadores. Otro tanto se reuni¨® en La Paz y los siguientes d¨ªas se replicar¨¢ en otras ciudades para demostrar el apoyo masivo al gobierno de Morales. Los dirigentes de la COB ordenaron el repliegue de sus afiliados de las calles y a mantener una vigilia mientras duren las negociaciones, con el fin de evitar la posibilidad de enfrentamientos con los seguidores del gubernamental Movimiento Al Socialismo.

La ley de Pensiones fue promulgada por Morales en diciembre de 2010 junto a la anterior direcci¨®n de la COB, entonces af¨ªn al partido oficialista, a pesar de la reticencia de algunos sindicatos sectoriales que, dos a?os despu¨¦s, lograron reflotar sus demandas de modificaciones al texto para lograr una renta de jubilaci¨®n digna con el 100 por ciento ganado, que cubra las necesidades del trabajador pasivo.

La discutida norma legal mantiene la jubilaci¨®n en base al ahorro de los propios trabajadores; un r¨¦gimen no contributivo que comprende una renta de 20 euros mensuales a partir de los 60 a?os y, el Fondo Solidario que aspira a proteger a los retirados con rentas muy bajas o que no hayan cotizado antes al sistema de pensiones y no tengan capital de jubilaci¨®n. Este Fondo se constituye en la manzana de la discordia, pues se financia con aportes de quienes tienen mayores ingresos hasta su retiro, ahora a partir de los 58 a?os en varones y 55, en mujeres madres de m¨¢s de tres hijos.

El reclamo laboral apunta a la ausencia de participaci¨®n tripartita ¨Cde trabajadores, empleadores y el propio Estado- en el financiamiento de las jubilaciones como ocurr¨ªa hasta 1996, cuando se reform¨® la ley y se introdujo la aportaci¨®n individual en las Administradoras de Fondos de Pensiones, vigentes hasta que las Gestoras P¨²blicas, creadas por la actual ley, asuman la administraci¨®n de los fondos.

El Fondo Solidario plantea la disminuci¨®n de la pobreza mediante el mejoramiento de las actuales pensiones (entre 40 y 60 euros al mes) hasta un tope de 260 euros sobre el forzoso aporte de quienes registraron mayores salarios a lo largo de su vida laboral.

¡°Se necesita reestructurar la ingenier¨ªa financiera del Fondo Solidario para superar la mayor fuente de descontento de los trabajadores¡±, ha explicado el economista Alberto Bonadona al hacer notar que con este modelo, ¡°el que gana unos 100 euros tendr¨¢ una pensi¨®n similar o menor al asalariado que ha recibido 40 euros de sueldo los ¨²ltimos 24 meses¡±, despu¨¦s de una actividad econ¨®mica de 25 a 30 anos.

Un an¨¢lisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) destaca que la norma legal ¡°no garantiza el pago de rentas de jubilaci¨®n dignas que cubran las necesidades b¨¢sicas, porque los aportes para la jubilaci¨®n recaen ¨²nicamente en el propio trabajador, liberando a los empresarios y al Estado de contribuciones para esta prestaci¨®n¡±; adem¨¢s, con la pensi¨®n solidaria las rentas se ¡°nivelan hacia abajo¡± con el agravante de que son los trabajadores quienes financian el Fondo Solidario, que estar¨¢ administrado por el Estado sin control de los trabajadores.

El investigador del CEDLA Bruno Rojas ha declarado a la prensa local que solamente un mill¨®n y medio de personas est¨¢ afiliado al sistema de pensiones, del que 550.000 hace aportaciones regulares mientras que el resto registra cotizaciones diferenciadas como consecuencia del cambio de empleo o, de las diversas remuneraciones en su vida laboral. Por ello considera que solamente ¡°un veinte por ciento de la poblaci¨®n podr¨¢ jubilarse con el actual sistema de pensiones y, apenas, un diez por ciento podr¨¢ recibir pensiones dignas en el futuro¡±.

El mayor mal del sistema boliviano de pensiones se encuentra en las aportaciones bajas como consecuencia de salarios escasos y empleos precarios, seg¨²n CEDLA y sus investigadores. Por eso todo el ahorro acumulado en 30 a?os de vida laboral no cubre siquiera el porcentaje que establece la ley de Pensiones: el 60 por ciento del promedio de sueldo de los ¨²ltimos 24 meses de trabajo. De hecho, las rentas actuales no superan el 40 por ciento de sus salarios. Y el otro factor se?alado por los estudios es que ni el empleador ni el Estado ¡°contribuye ni con un centavo¡± el ahorro laboral.