Egipto condena a prisi¨®n a 43 empleados de ONG extranjeras

Un tribunal de El Cairo ha sentenciado a penas de entre 1 y 5 a?os de c¨¢rcel a 43 empleados de ONG extranjeras por haber violado la normativa del pa¨ªs sobre la financiaci¨®n y funcionamiento de este tipo de organizaciones. Casi todos los 25 procesados de nacionalidad extranjera decidieron salir del pa¨ªs, por lo que fueron condenados en rebeld¨ªa y no ingresar¨¢n en prisi¨®n. La sentencia representa un duro golpe contra la sociedad civil de Egipto y puede da?ar sensiblemente las relaciones con Washington, pues buena parte de las ONG acosadas son estadounidenses.

En concreto, de los 43 inculpados, 27 han recibido una pena de 5 a?os de c¨¢rcel, once han sido condenados a un a?o, y los cinco restantes a dos a?os. Entre ellos figura Sam LaHood, el hijo del secretario de Transporte de EE UU, Ray LaHood. Adem¨¢s, la sentencia proh¨ªbe a cinco ONG continuar operando en Egipto y embarga sus propiedades. Se trata de la fundaci¨®n alemana Konrad Adenauer, las estadounidenses Freedom House, y los dos institutos de cooperaci¨®n internacional vinculados a los Partidos Republicano y Dem¨®crata (IRI y NDI respectivamente), adem¨¢s del Centro Internacional Para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en ingl¨¦s).

El proceso se inici¨® a principios del a?o 2012, cuando la Junta Militar que gobernaba el pa¨ªs apelaba al patriotismo frente a las cr¨ªticas de la sociedad civil y las fuerzas revolucionarias. Las ONG acusadas llevaban varios a?os funcionando abiertamente en el pa¨ªs, y aunque no hab¨ªan recibido los permisos pertinentes, eran toleradas por el r¨¦gimen de Mubarak. Seg¨²n Robert Becker, un estadounidense que opt¨® por no abandonar el pa¨ªs en solidaridad con sus compa?eros egipcios y que ha sido condenado a dos a?os de c¨¢rcel, todo el juicio ha estado influido por consideraciones pol¨ªticas.

Entre los condenados se encuentra Sam LaHood, el hijo del secretario de Transporte de EE UU, Ray LaHood

¡°Yo llegu¨¦ al pa¨ªs en 2011, cuando la ONG llevaba funcionando desde el 2005, pero uno de los cargos contra m¨ª es haber fundado la ONG... Este caso ha sido pol¨ªtico desde su inicio, por lo que un veredicto de culpabilidad es posible¡±, declar¨® Becker en un comunicado emitido horas antes de la sentencia. Otro de los inculpados que permaneci¨® en Egipto es Yehia Ganem, ex corresponsal de guerra del diario al-Ahram, y que trabajaba para el ICFJ.

La sentencia ha sido acogida con palabras gruesas por parte de la sociedad civil egipcia. ¡°Esta es un fallo muy severo, que excede las penas m¨¢s altas posibles incluidas en la ley de las ONG. Es injusto, y pedimos que no se aplique¡±, declar¨® a EL PAIS Tarek Zaghlul, director ejecutivo de la Organizaci¨®n Egipcia de Derechos Humanos. ¡°El pa¨ªs debe contar con una nueva legislaci¨®n que garantice la libertad de acci¨®n de la sociedad civil, y que sea acorde con los tratados internacionales suscritos por el Estado¡±, a?adi¨®.

Por su parte, el secretario de Estado de EE UU, John Kerry, expres¨® su ¡°profunda preocupaci¨®n¡± por una sentencia que calific¨® de ¡°pol¨ªticamente motivada¡±. ¡°Esta decisi¨®n va en contra del principio universal de libertad de asociaci¨®n y es incompatible con la transici¨®n a la democracia¡±, declar¨® el jefe de la diplomacia estadounidense a trav¨¦s de un comunicado.

Precisamente, la condena llega justo en pleno debate sobre la nueva ley que debe regular el funcionamiento de las ONG. El gobierno present¨® la semana pasada su borrador al Senado, que debe discutir la introducci¨®n de posibles enmiendas. La propuesta ha sido duramente criticada por las ONG egipcias, que han acusado a los Hermanos Musulmanes de ¡°poner las bases de un nuevo estado policial¡±.

¡°La ley consolida un control administrativo completo de las acciones c¨ªvicas¡±, denuncia una declaraci¨®n firmada por 40 organizaciones, entre ellas varias dedicadas a la protecci¨®n de los Derechos Humanos. Seg¨²n el borrador, se crea un ¡°comit¨¦ de coordinaci¨®n¡± con la capacidad de interferir en la creaci¨®n de las ONG y en la recepci¨®n de financiaci¨®n extranjera. Las organizaciones temen que los servicios de seguridad e inteligencia est¨¦n presentes en el comit¨¦.

¡°Esto plantea la cuesti¨®n de si estos cuerpos de seguridad, que podr¨ªan estar vinculados a violaciones de Derechos Humanos, van a permitir a las ONG recibir financiaci¨®n o dar licencias a organizaciones extranjeras para monitorear abusos de los que ellos pueden ser los responsables¡±, denuncia el texto de las ONG. Por su parte, el gobierno justifica los controles argumentando que todos los Estados supervisan las actividades y financiaci¨®n de organizaciones extranjeras presentes en su territorio.