El Gobierno de EE UU perseguir¨¢ a Snowden por desvelar secretos

El Gobierno de Estados Unidos ha comenzado el proceso para acusar a Edward Snowden, el joven esp¨ªa que desvel¨® programas de vigilancia de las comunicaciones, de graves cargos de violaci¨®n de secretos de estado, lo que podr¨ªa costarle muchos a?os de c¨¢rcel, en caso de que antes pudiera ser detenido y juzgado en este pa¨ªs. Mientras tanto, el caso est¨¢ provocando una reconsideraci¨®n sobre los m¨¦todos de los servicios de espionaje y el manejo de los programas secretos.

La Casa Blanca sigue sin anticipar su estrategia para responder a Snowden o a los informes que desvel¨®. El portavoz presidencial, Jay Carney, se remiti¨® ayer a las declaraciones hechas anteriormente por el director de Inteligencia Nacional, James Clapper, quien advirti¨® que ¡°cualquier persona que tiene acceso a datos de seguridad sabe que tiene la obligaci¨®n de proteger esa informaci¨®n y obedecer la ley¡±.

Snowden, probablemente, firm¨® con la empresa para que la trabajaba, Booz Allen Hamilton ¡ªun poderoso contratista en misiones de espionaje del Gobierno¡ª, un acuerdo de mantener en secreto sus averiguaciones. Pero, aunque no hubiera sido as¨ª, existen numerosas leyes a las que las autoridades podr¨ªan acogerse para procesarle por diversos delitos.

Expertos legales del Departamento de Justicia trabajan junto a especialistas del FBI, seg¨²n medios de comunicaci¨®n norteamericanos, para construir el caso contra Snowden, paso previo a solicitar su extradici¨®n a Hong Kong o a otro pa¨ªs en el que pueda encontrarse. Pese a que Hong Kong es parte de China, mantiene algunas excepciones, como sus acuerdos de extradiciones, existentes desde su tiempo de colonia brit¨¢nica.

Los funcionarios citados en la prensa expresan pocas dudas de que el Gobierno no tiene otra alternativa m¨¢s que la de perseguir a Snowden, y que, seguramente, ser¨¢ castigado de forma severa. Su caso, no obstante, es m¨¢s complicado jur¨ªdicamente que el de Bradley Manning, el soldado que facilit¨® secretos a Wikileaks, ya que tendr¨ªa que ser tramitado por la justicia ordinaria, con m¨¢s garant¨ªas y recursos que la jurisdicci¨®n castrense. Para Manning, el fiscal ha solicitado la cadena perpetua por facilitar ayuda al enemigo, una acusaci¨®n que no ser¨¢ tan f¨¢cil de sostener contra Snowden.

En las revelaciones de Wikileaks podr¨ªa argumentarse que se pusieron en riesgo las vidas de algunas personas que trabajaban en beneficio de la seguridad de EE UU. No se ve c¨®mo puede aludirse a eso en los secretos hechos p¨²blicos por Snowden, que ¨²nicamente tienen que ver con el espionaje de llamadas telef¨®nicas y comunicaciones por Internet en EE UU y otros pa¨ªses del mundo. El propio Snowden afirma en su entrevista con The Guardian que, entre los secretos a los que tuvo acceso, seleccion¨® ¨²nicamente aquellos que no hac¨ªan peligrar a nadie.

Este asunto tiene otras muchas implicaciones que tardar¨¢n tiempo en concretarse. Una de ellas es la de la facilidad con la que un subcontratado de la Agencia Nacional de Seguridad y de la CIA pudo acceder a programas de espionaje que se supone del conocimiento de unos pocos.

Aunque la Direcci¨®n de la Inteligencia Nacional ha iniciado ya una investigaci¨®n para responder a esa inquietud, los expertos anticipan una mayor restricci¨®n de la informaci¨®n clasificada a c¨ªrculos m¨¢s peque?os. Despu¨¦s del 11-S y los errores que se detectaron respecto a la falta de conocimiento de parte de ciertas agencias de seguridad sobre los datos reunidos por otras, se decidi¨® facilitar el intercambio de informaci¨®n y el acceso a los archivos. Lo m¨¢s probable es que ahora los servicios de inteligencia comiencen a moverse en direcci¨®n contraria, lo que no es vaticinio de m¨¢s transparencia sino de m¨¢s secretismo.

Por otra parte, el conocimiento p¨²blico de estos programas de vigilancia ha despertado un debate sobre la necesidad de renovar la arquitectura de inteligencia puesta en marcha por medio de la Ley Patri¨®tica, aprobada tras el 11-S. Tanto el control telef¨®nico como el rastreo en Internet est¨¢ legalmente amparado por esa ley, sobre cuya vigencia quieren debatir varios congresistas, a lo que no se opone la Casa Blanca.

Otro de los instrumentos discutibles que han aparecido sobre la mesa en esta crisis es el del tribunal secreto que firma las autorizaciones para ese tipo de actividades secretas. Ese tribunal, conocido como FISA, por las siglas en ingl¨¦s de Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, no es de la ¨¦poca de George Bush. Fue creado en 1978 para disponer de cierto control judicial sobre los servicios secretos. Los jueces que lo integran est¨¢n permanentemente en servicio para el momento en que un funcionario del Gobierno requiera una autorizaci¨®n para una actuaci¨®n secreta. Formalmente, las peticiones se analizan y estudian, pero, en la pr¨¢ctica, casi siempre son actuaciones urgentes que requieren una autorizaci¨®n r¨¢pida, que casi siempre se otorga. Un grupo de ocho congresistas de ambos partidos ha introducido ahora una ley para hacer p¨²blicas algunas de las decisiones de ese ¨®rgano judicial, lo que incluir¨ªa conocer programas como el Prisma para el espionaje en Internet o el del control de las llamadas telef¨®nicas.