La corrupci¨®n ensombrece la pol¨ªtica peruana

Desde febrero, el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) ensaya diferentes explicaciones acerca de la compra de una oficina y una casa en una de las zonas m¨¢s caras de Lima, a nombre de su suegra Eva Fernenbug. Para su infortunio, las revelaciones de documentos y personas involucradas en las transacciones, en las dos ¨²ltimas semanas, nuevamente desmienten al pol¨ªtico. El descr¨¦dito que enfrentan Toledo y su partido Per¨² Posible es similar al del exmandatario Alan Garc¨ªa, cuyo Gobierno (2006-2011) est¨¢ bajo investigaci¨®n de una comisi¨®n parlamentaria que en noviembre entregar¨¢ su informe final. En este contexto, el 71% de los peruanos cree que entre los pol¨ªticos hay m¨¢s corrupci¨®n que en el resto de la sociedad, doce puntos m¨¢s que el a?o pasado.

Seg¨²n el sondeo ¡®Percepciones sobre la corrupci¨®n 2013¡¯, divulgado en agosto, un 58% de peruanos cree que la corrupci¨®n es el principal problema que impide al Estado el desarrollo del pa¨ªs.?

Toledo lleg¨® al poder luego de diez a?os de un Gobierno autoritario y corrupto de Alberto Fujimori y el exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos. Durante su Administraci¨®n se instal¨® una eficiente procuradur¨ªa anticorrupci¨®n que logr¨® repatriar dinero robado del Estado y depositado en Suiza. Hoy la lucha por la democracia que lider¨® Toledo en el 2000 ha quedado desdibujada y cada semana sus palabras son rebatidas. Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera revel¨® hace un par de semanas que las hipotecas de las dos casas que tiene en Per¨² fueron pagadas por Ecoteva, la empresa que form¨® su suegra en Costa Rica en 2012, con capital de Josef Maiman, multimillonario peruano-israel¨ª y amigo del expresidente y de su esposa Eliane Karp. Ni Toledo ni Maiman informaron de esa transacci¨®n en sus declaraciones a la Fiscal¨ªa peruana en julio.

La Fiscal¨ªa investiga a Toledo por posible desbalance patrimonial debido a que, a trav¨¦s de Ecoteva, su suegra compr¨® en 2012 una casa en Casuarinas -una exclusiva urbanizaci¨®n en Lima-, y una oficina en un edificio de lujo reci¨¦n inaugurado, por casi cuatro millones de d¨®lares. El l¨ªder de Per¨² Posible explic¨® en un primer momento que Fernenbug compr¨® esos inmuebles con sus propios ahorros, que ¨¦l no particip¨® de la constituci¨®n de la empresa en Costa Rica, y que las propiedades no eran para ¨¦l. Pero esta semana, el corredor inmobiliario de la casa de Casuarinas indic¨® que Toledo mismo le hizo el encargo de la b¨²squeda, que dur¨® tres a?os, y que no conoci¨® a la suegra del pol¨ªtico. Por otro lado, Javier Silva Chueca, el vendedor de la oficina en el edificio Omega, declar¨® el viernes ante la comisi¨®n de Fiscalizaci¨®n del Congreso que negoci¨® con Toledo la compra de la propiedad.

El vocero de Per¨² Posible, Jos¨¦ Le¨®n, inform¨® la tarde del s¨¢bado que su l¨ªder llegar¨ªa el domingo a Lima para responder las nuevas acusaciones y celebrar el decimonoveno aniversario de la creaci¨®n de su organizaci¨®n pol¨ªtica.

En una encuesta publicada este domingo por el diario El Comercio, un 79% de consultados est¨¢ al tanto del caso Ecoteva, y de ellos, el 69% recomienda que Toledo deje la pol¨ªtica y un 45% sugiere lo mismo a Alan Garc¨ªa. El 90% cree que el l¨ªder de Per¨² Posible s¨ª particip¨® directamente en la compra de inmuebles, a diferencia de lo que afirma el exgobernante.

Desde que el presidente Ollanta Humala asumi¨® el poder a mediados de 2011, Per¨² Posible ha sido un aliado informal del gobierno en el Parlamento, sin embargo, la agrupaci¨®n ha perdido cinco esca?os en julio. No es claro a¨²n si el oficialismo respaldar¨¢ las investigaciones al exmandatario. Entre tanto, Carmen Omonte, vicepresidenta de la Comisi¨®n de Fiscalizaci¨®n del Congreso es tambi¨¦n una de las principales voceras del partido de Toledo. ¡°Hacer pol¨ªtica¡± en 2013 significa para Per¨² Posible defender a su l¨ªder de estas acusaciones. Situaci¨®n similar encaran Alan Garc¨ªa y el partido aprista, sujetos a la informaci¨®n que surge de la megacomisi¨®n parlamentaria que investiga su Gobierno (2006-2011).

Las acusaciones que pesan sobre ambos han enrarecido el clima pol¨ªtico del pa¨ªs, haciendo m¨¢s evidente nuestras debilidades institucionales y poniendo en entredicho el real avance del pa¨ªs en estos a?os de democracia¡±, comenta la analista pol¨ªtica Giovanna Pe?aflor a EL PA?S.

"En todos lados la pelea pol¨ªtica se basa en esc¨¢ndalos y acusaciones, pero en Per¨² la pol¨ªtica est¨¢ tan personalizada que el conflicto se concentra en las cabezas de nuestros d¨¦biles partidos.M¨¢s all¨¢ de las acusaciones, que merecen atenci¨®n, estos episodios y la virulencia con que son explotados muestran una forma de hacer pol¨ªtica en la que el objetivo es acabar con potenciales candidatos. Los que asomen la cabeza recibir¨¢n el mismo trato", describe el polit¨®logo y profesor universitario Eduardo Dargent.

¡°La prensa trata de manera distinta ambos casos. La sensaci¨®n es que Toledo dif¨ªcilmente se recuperar¨¢ de las acusaciones. En el caso de Garc¨ªa hay mayor habilidad para enfrentar las acusaciones y ponerlas en un contexto de b¨²squeda de su inhabilitaci¨®n: no aparece excesivamente debilitado¡±, comenta Pe?aflor.

Pe?aflor alude al m¨¢s reciente episodio que ha incomodado al l¨ªder aprista. Hace una semana, la prensa difundi¨® un informe preliminar de la ¡®megacomisi¨®n¡¯ del Congreso. ¡°Est¨¢ pendiente la supuesta interferencia pol¨ªtica en el caso Business Track; una investigaci¨®n de presunto enriquecimiento il¨ªcito de altos funcionarios del Estado, y terminar la investigaci¨®n sobre los ¡®narcoindultos¡¯¡±, a?ade.

El documento filtrado recomienda que el Congreso formule acusaci¨®n constitucional contra Garc¨ªa por haber obstruido la justicia -durante su gobierno- en un caso de supuesto tr¨¢fico de influencias de ministros apristas y empresarios extranjeros. La empresa Business Track realizaba escuchas telef¨®nicas ilegales y luego vend¨ªa la informaci¨®n a sus clientes: se trataba de conversaciones de pol¨ªticos y empresarios. La prensa dio a conocer el esquema en 2008 y, posteriormente, se perdi¨® un USB con evidencias.

El mismo reporte, aun no aprobado por la Comisi¨®n de Fiscalizaci¨®n del Congreso, plantea que podr¨ªa haber responsabilidad del Ministerio P¨²blico en la desaparici¨®n de evidencias (USB). Sin embargo, la exfiscal de la Naci¨®n, Carmen Echaiz, no fue convocada hasta el momento a las sesiones de la comisi¨®n parlamentaria y ha rechazado la imputaci¨®n. Indica que no form¨® parte del Gobierno de Garc¨ªa y no pueden acusarla si no la han notificado de previamente. Estas indagaciones deterioran la figura pol¨ªtica de Garc¨ªa, dos veces presidente, quien quisiera postularse como candidato para las elecciones generales de 2016.