La mutilaci¨®n de la libertad de prensa

En Am¨¦rica Latina, el periodismo es una profesi¨®n de alto riesgo. Esa es una de las reflexiones escuchadas en el reciente seminario Libertad de Expresi¨®n, Disidencia y Democracia?organizado por el Senado de M¨¦xico.

Esto no es noticia, pero no por ello deja de ser motivo de consternaci¨®n, sobre todo cuando uno aprecia el cuadro completo. En algunos casos la violencia es cruenta y desnuda. En M¨¦xico mismo, y en Brasil, las organizaciones period¨ªsticas son blanco habitual de los narcos y, en Colombia, tambi¨¦n de la guerrilla y los paramilitares. Los periodistas que investigan actos de corrupci¨®n vinculados con el tr¨¢fico de drogas sufren amenazas, secuestros y asesinatos, y cuando se trata de una reportera mujer, la violencia sexual tambi¨¦n es com¨²n. Los gobiernos son responsables de esta situaci¨®n, sobre todo a nivel subnacional, donde el Estado¡ªsi se lo puede llamar as¨ª¡ªcarece de recursos suficientes para combatir la ilegalidad y termina capturado por organizaciones criminales.

En otras realidades, como Honduras, el clima de intolerancia pol¨ªtica es propicio para la violencia, lo cual desde el golpe de 2009 coloca al pa¨ªs en los primeros puestos del ranking mundial per c¨¢pita de periodistas asesinados. A¨²n con menos sangre, pero no con menos gravedad, el creciente autoritarismo de la regi¨®n se las arregla para silenciar las voces cr¨ªticas en varios pa¨ªses. En Ecuador el Gobierno recriminaliz¨® la difamaci¨®n y la ley de comunicaci¨®n de junio pasado, de hecho, legaliz¨® la censura y cre¨® la figura legal de ¡°linchamiento medi¨¢tico¡±, con la cual se puede sancionar a cualquier periodista que investigue los actos de funcionarios p¨²blicos. En Venezuela, a su vez, la discrecionalidad del Ejecutivo para otorgar, suspender y revocar licencias es ya una realidad institucionalizada, al punto que la proporci¨®n de acceso al aire en la ¨²ltima elecci¨®n fue de 25 a 1 en favor de Maduro.

Estas arremetidas contra la libertad de expresi¨®n requieren de un Ejecutivo que controle f¨¦rreamente al Poder Judicial, por eso frecuentemente ¨¦ste ¨²ltimo se coloniza con jueces que son amigos pol¨ªticos, socios de negocios o, mejor a¨²n, ambas cosas. Y cuando los tribunales gozan de relativa independencia, queda el recurso de los m¨¦todos fascistas: la presi¨®n del poder pol¨ªtico sobre los jueces, la amenaza de revelar aspectos de su privacidad y la intimidaci¨®n a sus familias, entre otros. Todo ello en pos de legislaci¨®n que, seg¨²n se dice desde el poder, solo persigue disolver monopolios, generar competencia y democratizar la informaci¨®n. Muy burdo, en definitiva, porque cuando hay un Gobierno para el cual el fin justifica los medios, ya sabemos en qu¨¦ termina esa historia.

Tal es el caso de Argentina, donde un oficialismo crecientemente impopular se resiste a aceptar la realidad y todav¨ªa intenta controlar la justicia, mutilar la libertad de prensa y as¨ª tal vez concretar el sue?o¡ªseg¨²n los encuestadores, m¨¢s bien el delirio, a estas alturas¡ªde ¡°Cristina eterna¡±. Para ello es imprescindible la destrucci¨®n del grupo Clar¨ªn, la organizaci¨®n informativa m¨¢s importante del pa¨ªs. No se trata de democratizaci¨®n ni de competencia, como lo demuestra el hecho que el ente regulador de comunicaci¨®n audiovisual¡ªAfsca¡ªya distribuye licencias y frecuencias entre amigos pol¨ªticos y socios de negocios, sin concurso ni competencia y a cuenta de las que esperan confiscarle a Clar¨ªn.

Ese es el verdadero objetivo de la Ley de Medios de 2009, hoy bajo amparo y cuya constitucionalidad est¨¢ siendo discutida por la Corte Suprema, mientras el pa¨ªs se prepara para las elecciones parlamentarias de fin de mes. Por esa raz¨®n las presiones del kirchnerismo sobre la Corte se han intensificado, apostando a una decisi¨®n favorable antes de la elecci¨®n, la cual inclusive esperan que podr¨ªa tener efectos electorales positivos. Sue?os o delirios, la gravedad de la situaci¨®n no debe subestimarse. Hace solo un mes, la mayor¨ªa de los magistrados de la Corte se manifestaban p¨²blicamente en contra de la ley, pero seg¨²n algunos rumores, ese consenso parece haberse transformado en un empate. Esto luego de la intervenci¨®n directa de Cristina Kirchner, admitida por los mismos medios oficialistas, aparentemente con una efectiva combinaci¨®n de incentivos y amenazas. Pero eso fue antes de su operaci¨®n y convalecencia, y ahora prevalece la incertidumbre. Tal vez algunos jueces, deseosos de colaborar con su postoperatorio, no quieran cargar con la responsabilidad de obstaculizar su recuperaci¨®n con una decisi¨®n que le desagrade. Si Par¨ªs vali¨® una misa, la salud de Cristina bien puede valer una constituci¨®n.

La democracia es muchas cosas, pero dos condiciones son sine qua non de la propia noci¨®n de ciudadan¨ªa. Una es la independencia del poder judicial, porque no hay democracia en un r¨¦gimen donde el Gobierno nunca pierde un juicio. La segunda condici¨®n es la libertad de expresi¨®n, ya que el derecho a criticar al Gobierno es una t¨¢cita definici¨®n de la democracia. Eso es lo que est¨¢ en juego hoy, en Argentina y m¨¢s all¨¢. En muchos lugares de Am¨¦rica Latina hemos perdido ambas.

Hector E. Schamis?es profesor en la Universidad de Georgetown, Washington DC.