Tambores de guerra en la tierra roja

Los dos estaban en estado de alerta. Minutos antes, dos hombres se hab¨ªan acercado a la comunidad, donde el ¨²ltimo a?o tres personas murieron, en circunstancias no esclarecidas. Los individuos aceleraron una moto e intentaron romper el alambre de la cerca para invadir el ¨¢rea. En tono intimidatorio, preguntaron por el cacique. Se fueron tras ser amenazados con un palo. Cuando el EL PA?S lleg¨® al lugar en el coche que llevaba el antrop¨®logo, las marcas de los derrapes de la moto a¨²n marcaban el suelo de tierra batida.

La tensi¨®n en Apyka¡¯i es una peque?a muestra del clima de guerra que se instaur¨® en Mato Grosso do Sul por la propiedad de las tierras. Es una ¡°guerra-fr¨ªa¡±, define un oficial de la Fuerza Nacional, especie de tropa de ¨¦lite formada por hombres de la Polic¨ªa Militar de varios Estados, que fue mandada a la regi¨®n a finales del mes pasado por el Gobierno federal, precisamente para evitar que la situaci¨®n llegue a convertirse en una guerra de hecho. Por cuestiones de seguridad, el Gobierno decidi¨® no revelar el n¨²mero de efectivos enviados.

Por un lado, est¨¢n los cerca de 61.000 indios, la mayor¨ªa de las etnias guarani-kaiow¨¢, guarani-nhandeva y terena, que viven en diez municipios del Estado y reivindican las tierras que pertenec¨ªan a sus ancestros. Ellos tienen como baza estudios antropol¨®gicos que prueban que las ¨¢reas ya fueron habitadas por sus parientes y, por eso, tienen derecho a ellas. Del otro, hay aproximadamente 60.000 hacendados que dicen que las tierras son suyas, y muestran el registro de propiedad para probarlo.

El impasse ocurre porque la Constituci¨®n de 1988 especifica que los pueblos ind¨ªgenas tiene derecho a ocupar las llamadas tierras tradicionales. Pero, en las d¨¦cadas que antecedieron a la Constituci¨®n, el Gobierno de Mato Grosso do Sul, as¨ª como los de otros Estados brasile?os, retiraron a los indios de sus tierras y las vendieron a los terratenientes, que se convirtieron en los propietarios legales. El Gobierno Federal cree que las tierras deben devolverse a los indios y el Ministerio de Justicia ya autoriz¨® la demarcaci¨®n de muchas de ellas. Pero los hacendados, para evitar el desahucio, acuden a los tribunales y afirman que solo se ir¨¢n si se les indemniza por el perjuicio, prolongando la discusi¨®n en los juzgados. El Gobierno del Estado dice que qui¨¦n debe pagar la cuenta es la Uni¨®n, tutora de los ind¨ªgenas en el pa¨ªs. Y la Uni¨®n delega la responsabilidad en el Estado, que vendi¨® lo que no pod¨ªa haber vendido.

¡°La FUNAI (Fundaci¨®n Nacional de los Indios) viene aqu¨ª y dice que esa tierra fue de los indios en 1.500 y quiere que salgamos. ?Por qu¨¦ no va a pelearse con el Estado, que nos vendi¨® esa tierra?¡±, se queja el diputado estatal Z¨¦ Teixeira, uno de los ruralistas m¨¢s activos de la pol¨ªtica brasile?a, que ayud¨® a organizar una subasta, el pasado final de semana, en la que productores rurales recaudaron un mill¨®n de reales (unos 500.000 d¨®lares) para contratar abogados y hacer propaganda de su causa. Las entidades ind¨ªgenas afirman que el dinero servir¨¢ para instalar una milicia armada en la regi¨®n y temen una masacre. Z¨¦ Teixeira lo niega.

Cansados de esperar que todos lleguen a un acuerdo, los indios decidieron resolver la cuesti¨®n por su cuenta. Pasaron a hacer lo que ellos llaman "retomar los territorios tradicionales": ocupan la tierra, montan un campamento y pasan a vivir all¨ª, de forma precaria, hasta que la Justicia determine su salida. Seg¨²n los productores rurales del Estado, hay, actualmente, 80 haciendas ocupadas por los ind¨ªgenas. Solo este a?o, se "retomaron" siete territorios, m¨¢s del doble que el a?o anterior (cuando se recuperaron tres). La mayor¨ªa se llev¨® a cabo, tras la muerte en mayo del indio terena Oziel Gabriel en el ¨¢rea ind¨ªgena de Buritis, en el municipio de Sidrol?ndia. Durante una restituci¨®n de unas tierras, ordenada por la Justicia, Oziel fue alcanzado por un tiro de un polic¨ªa federal. La repercusi¨®n del asesinato llev¨® a la Justicia a suspender la reintegraci¨®n, pero la tensi¨®n con los agropecuaristas se acentu¨®. El ¨²ltimo jueves, d¨ªa 5, otro indio terena sufri¨® un atentado, esta vez en el municipio de Miranda: hombres encapuchados lo colocaron dentro de un coche y prendieron fuego al veh¨ªculo. El indio consigui¨® escapar.

Con la tensi¨®n creciente en la regi¨®n, el Gobierno Federal acept¨® comprar el ¨¢rea de Buritis, pero a¨²n estudia cu¨¢l ser¨¢ el valor y con qu¨¦ partida del presupuesto lo pagar¨¢. La decisi¨®n llegar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas. Los pol¨ªticos que apoyan a los empresarios rurales en el Congreso Nacional presionan ahora al Gobierno de Dilma Rousseff para que apruebe un Proyecto de Enmienda a la Constituci¨®n que cambie la forma con la que se hace la demarcaci¨®n de las tierras es hecha. No cabr¨ªa m¨¢s al Gobierno federal demarcar las tierras, como sucede actualmente. Esa funci¨®n pasar¨ªa al Congreso, donde diputados y senadores llamados ruralistas tienen mucha fuerza. La presidencia considera que la medida ser¨ªa ¡°desastrosa¡±. Pero, a¨²n as¨ª, los diputados consiguieron crear, el pasado martes 10 de diciembre, una comisi¨®n que estudiar¨¢ el proyecto. La comisi¨®n fue aprobada bajo gritos de ¡°asesinos¡± de los ind¨ªgenas presentes en la sesi¨®n. El conflicto, ahora, promete enquistarse.

La retomada de territorio en Apyka¡¯i sucedi¨® el 15 de septiembre de este a?o, cuando la comunidad ind¨ªgena ocup¨® una peque?a franja de tierra. Con los rostros pintados de rojo y negro, colores que simbolizan guerra y muerte para los guarani-kaiow¨¢, y maracas en mano para dar ritmo al canto de lucha, se instalaron en medio de una plantaci¨®n de ca?a-de-az¨²car. A pesar de sentirse intimidados, afirman que no van a salir. Ni muertos. ¡°Si fu¨¦ramos asesinados, traed una pala para enterrarnos aqu¨ª¡±, declar¨® la l¨ªder de la comunidad Damiana Cavani, de 69 a?os, en un v¨ªdeo registrado el d¨ªa de la retomada de tierras.

En el campamento viven 130 familias que usan un r¨ªo como ba?o y como fuente de agua, lo que de tanto en tanto deja grupos de ni?os enfermos con diarrea. Para cocinar, improvisan una especie de fog¨®n de le?a con pedazos de madera donde colocan directamente las cazuelas con alimentos donados. Para el cuarto de ba?o, hicieron una fosa alejada de sus casas, barracas hechas de madera vieja y cubiertas con lona. Duermen en colchonetas y, algunos, directamente en el suelo.

Los indios saben que, en cualquier momento, la Justicia puede exigir su salida. Pero temen algo peor: que muera alguien. No ser¨ªa nada raro, ya que Mato Grosso do Sul est¨¢ lleva la delantera en una triste estad¨ªstica. Concentra el mayor n¨²mero de muertes de indios de Brasil: 31 de las 51 ocurridas en 2012. Desde 2003, 554 indios brasile?os perdieron sus vidas asesinados, 310 de ellos en el Estado del centro-oeste, apunta el Consejo Indigenista Mission¨¢rio (CIMI).

Sentado en una antigua silla escolar, frente a una barraca de madera vieja, Ava Arandu, de 58 a?os, habitante de la comunidad, agarra del suelo un pu?ado de tierra, lo aprieta con fuerza y suelta, serio: ¡°Mira bien ese color. El color de esa tierra es roja, como nosotros. No es blanca. El invasor aqu¨ª es el hacendado. ?l vino, plant¨® la ca?a, solt¨® el ganado, destruy¨® nuestra vegetaci¨®n. Pero somos nosotros los que tenemos derecho a esa tierra¡±, se indigna, con su penacho de plumas blancas en la cabeza, camisa blanca, pantalones vaqueros y una mirada exhausta.

Antes de la retomada del territorio, la comunidad viv¨ªa en la cuneta de la carretera, como viven a¨²n al menos otras 30 aldeas del Estado. Se turna entre el ¨¢rea en la que est¨¢ ahora y la orilla de la carretera desde, por lo menos, 1988. En 2002, los indios comenzaron a planear la forma con la que reivindicar las tierras, cuenta Rog¨¦rio Kario de Sousa, 26 a?os, hijo de do?a Damiana. Fue en ese a?o cuando su padre, Hil¨¢rio, entonces cacique de la comunidad, muri¨® atropellado por un coche en aquella misma carretera. Para ellos, el conductor ten¨ªa relaci¨®n con los hacendados, que niegan cualquier ofensiva contra los ind¨ªgenas.

Pero, despu¨¦s de la muerte de Hil¨¢rio, las familias, con Damiana al frente, ocuparon la tierra de Apyka¡¯i. En 2009, el terrateniente que ostenta el t¨ªtulo de propiedad consigui¨® en la Justicia un mandato de reintegraci¨®n de posesi¨®n del ¨¢rea y ellos volvieron al borde de la carretera. En 2010, los indios volvieron de nuevo. Una madrugada, unos desconocidos invadieron el campamento, una india fue violada y golpearon y dispararon a su marido. Los indios volvieron a salir de all¨ª. Las idas y venidas ocurrieron otras dos veces, sin contar con la retomada actual. En ese periodo, tres hijos y un nieto de Damiana murieron atropellados en la carretera. Una anciana, pariente de Damiana, tambi¨¦n muri¨® de forma misteriosa. Para los indios, fue envenenada.

Ant?nio Carlos Parra, delegado regional de la polic¨ªa en Dourados, afirma que las muertes por atropello fueron investigadas y ninguna cont¨® con la participaci¨®n de los hacendados. "No hubo emboscada. Lo que hay es mucho indio borracho, que atraviesa una carretera con cunetas peque?as y camiones grandes que no consiguen parar", dice.

La inseguridad generada por el conflicto, la incerteza sobre el futuro y las precarias condiciones de vida, trajeron a la aldea otro enemigo, esta vez invisible: el alcoholismo. Cuando EL PA?S estuvo en el lugar, el pasado mi¨¦rcoles 5 de diciembre, al menos diez personas estaban extremadamente alcoholizadas, entre ellas un grupo de ancianos y una ni?a de, como mucho, 15 a?os.

La escena se repite en otras aldeas y por las calles de Dourados, donde muchos de los 11.000 indios de la reserva, localizada en lo que se convirti¨® en la periferia del municipio con el crecimiento de la ciudad, suelen ir para pedir dinero, buscar alimentos entre restos de basura y prostituirse. La reserva forma parte de un lote de ocho ¨¢reas creadas por el Gobierno Federal para el asentamiento de indios que hab¨ªan sido retirados de sus tierras entre 1915 y 1928. El concepto de reserva, hoy en desuso, reuni¨® etnias y l¨ªderes diferentes en el mismo espacio, una falta de respeto a la cultura. Las ¨¢reas, con cerca de 3.000 hect¨¢reas, continuaron del mismo tama?o mientras la poblaci¨®n ind¨ªgena se ampli¨®. Hoy, est¨¢n superpobladas, lo que dificulta la agricultura de subsistencia. Se hicieron, en palabras de los propios l¨ªderes locales, grandes favelas. Y viven todos los problemas que existen en espacios de exclusi¨®n: entre ellos, la violencia y el tr¨¢fico de drogas, incluyendo el crack.

En otras tierras retomadas, el veneno usado en las plantaciones por el hacendado contamina los r¨ªos, impidiendo que los indios beban el agua. En Guyraroka, en la vecina Caarap¨®, nueve de las diez vacas mantenidas por los indios murieron envenenadas.

El sufrimiento provocado por la situaci¨®n tambi¨¦n hace que el n¨²mero de suicidios entre la poblaci¨®n ind¨ªgena sea elevado. Seg¨²n Tonico, el antrop¨®logo guarani-kaiow¨¢ que termina un doctorado en el Museo Nacional del R¨ªo de Janeiro sobre recuperaci¨®n de tierras, al menos 1.000 indios se quitaron la vida desde la d¨¦cada de los 80. Algunos, a¨²n ni?os. La mayor¨ªa ahorcados en los pocos ¨¢rboles que a¨²n existen en el ¨¢rea. ¡°Es la falta de esperanza¡±, sentencia ¨¦l.

Esa misma falta de esperanza alcanz¨® la aldea Guyraroka despu¨¦s de la muerte a cuchilladas del l¨ªder Ambr¨®sio Vilhalva, de 52 a?os, el primer d¨ªa de diciembre. ¡°?C¨®mo vamos a sobrevivir aqu¨ª sin la persona que luchaba por nosotros?¡±, preguntaba Adilizemari Vilhalva, 22 a?os, una de sus siete hijas. La comunidad ocupa parte de la propiedad del diputado ruralista Z¨¦ Teixeira desde el a?o 2000. En 2009, el Ministerio de Justicia reconoci¨®, con base en estudios antropol¨®gicos, que la hacienda entera pertenencia a los indios, pero el hacendado fue a los tribunales, que permitieron que la aldea se quedara solo en un ¨¢rea de 60 hect¨¢reas de un total de 5.000 mientras el caso llega a la ¨²ltima instancia. Las otros 3.000 hect¨¢reas est¨¢n ocupadas por la plantaci¨®n de ca?a y se alquilan a una f¨¢brica por 1,6 mill¨®n de reales por a?o (unos 700.000 d¨®lares). En cerca de 1.000 hect¨¢reas, se planta soja, que da 1,4 millones de reales (600.000 d¨®lares) al final de cada cosecha de cuatro meses y, en el resto del espacio, se cr¨ªa ganado ¨Cactividad que fue perjudicada en los ¨²ltimos a?os por el avance de la ca?a: solo en el Estado, hubo un aumento del 400% en el ¨¢rea destinada a la plantaci¨®n entre 2002 y 2012, gracias a los incentivos dados por el Gobierno federal a las f¨¢bricas de ca?a.

La familia de Ambr¨®sio viv¨ªa gracias a la cesta b¨¢sica de alimentos que da el Gobierno y de los 550 reales (235 d¨®lares) del subsidio Bolsa Familia, que recortaron el ¨²ltimo mes porque los ni?os faltaron mucho a la escuela, que est¨¢ lejos. El l¨ªder ped¨ªa la construcci¨®n de una escuela en la aldea, pero el edificio donde se iba a instalar no pudo levantarse porque el ¨¢rea est¨¢ en litigio. All¨ª tampoco hay luz, ya que los cables el¨¦ctricos no pudieron llegar hasta all¨ª, pues ten¨ªan que pasar por el ¨¢rea de hacendados que no lo permitieron. Sin energ¨ªa, una estaci¨®n de bombeo de agua construida por el Gobierno para abastecerlos no funciona y dependen del agua del r¨ªo que, a veces, se contamina con el pesticida.

Seg¨²n la versi¨®n de la polic¨ªa, a Ambr¨®sio lo mat¨® el suegro, que estaba borracho. La familia desconf¨ªa de la hip¨®tesis. Dice que ¨¦l ya hab¨ªa sufrido amenazas y relataba, a menudo, que un ind¨ªgena hab¨ªa sido pagado para matarlo y que ¨¦l escap¨® de una emboscada recientemente. El asesinato sucedi¨® en una carretera de acceso a la casa familiar, de madrugada, durante una tempestad.

Golpeado en la cabeza, en el pecho y en el brazo, consigui¨® caminar hasta la caba?a. Entr¨® en mitad de la oscuridad, se apoy¨® en un mueble y, enseguida, cay¨®, sobre dos ni?os que dorm¨ªan en el suelo de tierra batida. Con la casa sin energ¨ªa, la familia solo se dio cuenta de que Ambr¨®sio estaba herido cuando un rayo ilumin¨® el espacio. A¨²n estaba con vida, pero no hab¨ªa a quien recurrir. No hay se?al de celular, ni coche y la lluvia hab¨ªa inundado la carretera. Ambr¨®sio muri¨® all¨ª, durante la madrugada. Solo cuando se hizo de d¨ªa y la lluvia par¨® pudieron llamar a una ambulancia, que ya lleg¨® junto al coche funerario.

La comunidad ahora no sabe como va a sobrevivir. Vive all¨ª, rodeada de las plantaciones que forman una gigante alfombra verde de plantaciones cuando se las ve desde el aire. La parte que le correspondi¨® a Ambr¨®sio de ese latifundio fue una fosa a medida, cavada all¨ª mismo, cerca de la familia. Pero no se sabe hasta cu¨¢ndo. Existe el riesgo de que, en cualquier momento, un tractor pase y revuelva la tierra donde est¨¢n sus huesos, como ya sucedi¨® en otros cementerios ind¨ªgenas localizados en ¨¢reas en litigio en la regi¨®n. Pero la comunidad promete no callarse. As¨ª como su l¨ªder, quiere ver la tierra dividida.