¡°En Am¨¦rica Latina la gente ya siente que tiene derechos y que puede ejercerlos¡±

El peruano Diego Garc¨ªa-Say¨¢n termina el 31 de diciembre sus cuatro a?os al frente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Corte) y se ha desplazado a Washington para entregar en la sede de la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA) un informe extraordinario sobre su gesti¨®n al frente de la presidencia que pretende ser un balance de la evoluci¨®n del tipo de casos que ha conocido el tribunal -con fallos hist¨®ricos sobre los derechos de los homosexuales y la fecundaci¨®n in vitro-, y del creciente vigor de una Corte cuya jurisprudencia empieza a ser vinculante en los ordenamientos nacionales. A lo largo de estos cuatro a?os, Garc¨ªa-Say¨¢n ha lidiado con el lastre de dirigir el tribunal internacional con menos presupuesto del mundo; ha debido aplicar la tortuosa reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH); ha asistido a la denuncia de la Convenci¨®n Americana por parte de Venezuela -lo que implica que ese pa¨ªs queda fuera de la jurisdicci¨®n de la Corte- y ha sido duramente cuestionado por el fallo M¨¦moli vs Argentina, que muchos han visto como un peligroso cambio con intenciones pol¨ªticas en la jurisprudencia de la Corte sobre la protecci¨®n de la libertad de prensa.

Con la experiencia y el bagaje de sus a?os en la judicatura y en la vida p¨²blica, ha sido ministro de Justicia y canciller de Per¨², Garc¨ªa-Say¨¢n defiende con vehemencia y, sobre todo, con convicci¨®n un mandato del que se siente orgulloso y soslaya con diplomacia asuntos que la corte podr¨ªa estudiar en breve, como la destituci¨®n del alcalde de Bogot¨¢, Gustavo Petro, que esta semana viajar¨¢ a Washington para presentar su recurso ante la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o su futuro personal, que algunos sit¨²an al frente de la OEA o de otros organismos regionales.

Pregunta. ?Qu¨¦ destacar¨ªa del informe que el mi¨¦rcoles presentar¨¢ ante el Consejo Permanente de la OEA?

La avalancha de denuncias supone una multiplicaci¨®n de la demanda democr¨¢tica y eso es un factor que contribuye a la salud del sistema democr¨¢tico porque significa que los ciudadanos sienten que tienen derechos y que pueden ejercerlos. Eso es una revoluci¨®n de la relaci¨®n entre el individuo y el Estado"

Respuesta. En primer lugar, c¨®mo el SIDH est¨¢ tratando una gama cada vez m¨¢s variada de materias que, en otro contexto del sistema interamericano, hubieran sonado a exquisiteces o sutilezas, comparadas con las matanzas o desapariciones, que eran los casos que m¨¢s se estudiaban hace unos a?os. La avalancha de denuncias supone una multiplicaci¨®n de la demanda democr¨¢tica y eso es un factor que contribuye a la salud del sistema democr¨¢tico porque significa que los ciudadanos sienten que tienen derechos y que pueden ejercerlos. Eso es una revoluci¨®n de la relaci¨®n entre el individuo y el Estado. Adem¨¢s, hay un fortalecimiento notable de las instituciones nacionales que descubren que nutrirse del SIDH les otorga m¨¢s armas jurisprudenciales para la protecci¨®n de derechos humanos. En M¨¦xico, Colombia o Per¨² nuestra doctrina es vinculante lo que? permite a sus jueces resolver casos que, de otro modo, acabar¨ªamos teniendo que ver en la Corte.

Paz con las FARC y destituci¨®n del alcalde de Bogot¨¢

P. Colombia es, precisamente, un pa¨ªs muy respetuoso con el SIDH. Sin embargo, su presidente Juan Manuel Santos, pidi¨® hace unas semanas a la OEA y a la Corte flexibilidad y respeto al proceso de justicia transicional para resolver de manera interna las violaciones de derechos cometidas por las FARC, para no amenazar el ¨¦xito del proceso de paz. ?Qu¨¦ opina usted, como presidente de la Corte?

La justicia transicional es perfectamente compatible con la Corte porque forma parte de su jurisprudencia"

R. La justicia transicional es perfectamente compatible con la Corte porque forma parte de su jurisprudencia desde el caso Mozote, el ¨²nico caso de amnist¨ªa vinculado a la salida negociada a una guerra que ha conocido este tribunal. All¨ª se expone un desarrollo de la justicia transicional como un proceso triangular en el que se combinan la justicia, la verdad y la reparaci¨®n, un proceso en el que la ponderaci¨®n de estos tres componentes puede ir generando respuestas que hagan que la justicia no sea un elemento que impida la paz, sino un elemento que la fortalezca.

P. El alcalde Petro ha pedido a Santos que, tal y como contempla la Constituci¨®n colombiana, solicite una opini¨®n consultiva a la Corte sobre la interpretaci¨®n de la protecci¨®n de los derechos pol¨ªticos. En caso de que lo hiciera -el ministro de Justicia ya ha dicho que no- ?qu¨¦ le responder¨ªa el tribunal?

R. Todos los Estados tienen la facultad de presentar una solicitud de opini¨®n consultiva. Si se presentase, la Corte tendr¨ªa que considerarla, pero este no es un proceso de pocas semanas, es un proceso en el que la Corte tiene que velar por que haya el mayor n¨²mero de valoraciones y de opiniones para que no se convierta en un foro sacrosanto.

En la jurisprudencia de la Corte est¨¢ establecido que para el ejercicio de los derechos pol¨ªticos rigen plenamente las pautas establecidas en la Convenci¨®n, incluidas las que ata?en a su limitaci¨®n y suspensi¨®n"

P. Petro sostiene que la decisi¨®n del procurador acerca de su destituci¨®n supone una violaci¨®n de los derechos pol¨ªticos reconocidos en la Convenci¨®n Americana de Derechos Humanos. En el caso de del venezolano Leopoldo L¨®pez la Corte fall¨® que las normas internas no pod¨ªan prevalecer sobre la legislaci¨®n internacional en materia de cargos de elecci¨®n popular y que s¨®lo un juez pod¨ªa destituir a una persona que ocupara un puesto de este tipo tras un proceso con pruebas suficientes. ?Podr¨ªa aplicarse esa sentencia como jurisprudencia en el caso del alcalde de Bogot¨¢?

R. Habr¨ªa que estudiarlo, porque cada caso tiene m¨¦rito en s¨ª mismo y, de momento, no hemos conocido un caso esencialmente igual al de Petro. Pero en la jurisprudencia de la Corte est¨¢ establecido que para el ejercicio de los derechos pol¨ªticos rigen plenamente las pautas establecidas en la Convenci¨®n, incluidas las que ata?en a su limitaci¨®n y suspensi¨®n. En todo caso, conociendo el vigor y el dinamismo de la institucionalidad colombiana, estoy seguro de que sabr¨¢n encontrar una salida que compatibilice un proceso sancionador efectivo contra autoridades, electas o no, con la garant¨ªa de los derechos pol¨ªticos de las personas que fueron elegidas para un cargo p¨²blico.

Denuncia de Venezuela

P. ?C¨®mo ha afectado a la Corte la salida de Venezuela de su jurisdicci¨®n tras hacerse efectiva la denuncia de la Convenci¨®n?

El perjuicio no es tanto para la Corte o para la CIDH, sino para los ciudadanos que viven en Venezuela, pero eso tampoco es el fin del mundo"

R. Venezuela estaba en su derecho de denunciar a la Convenci¨®n, pero ese gesto no ha tenido mayores repercusiones en cuanto a tener un efecto domin¨®, como alguno ya anunciaba. El perjuicio no es tanto para la Corte o para la CIDH, sino para los ciudadanos que viven en Venezuela. Pero eso tampoco es el fin del mundo, hay muchos pa¨ªses miembros de la OEA que no est¨¢n ni han estado nunca sujetos a la Corte y eso no es ni ha sido nunca la antesala del infierno.

Libertad de expresi¨®n

P. En la sentencia M¨¦moli vs Argentina [los propietarios del diario argentino La Libertad fueron condenados a penas de prisi¨®n y al embargo de sus bienes por denunciar en dos art¨ªculos las irregularidades en la venta de nichos por parte del cementerio y de una sociedad mutual] este verano, la Corte consider¨® por primera vez que una condena penal por difamaci¨®n no afectaba a la libertad de expresi¨®n. El fallo fue duramente criticado por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, que lleg¨® a decir que la Corte ¡°hab¨ªa tirado por la borda la jurisprudencia sobre libertad de expresi¨®n¡±, o la relatora para la Libertad de Expresi¨®n de la CIDH, Catalina Botero, que alert¨® durante las audiencias del proceso de que con la resoluci¨®n ¡°se dejaba en la indefensi¨®n a los periodistas regionales¡±. ?Qu¨¦ opina usted?

Si alguien se someti¨® a un caso que no le sali¨® como quer¨ªa, est¨¢ en su derecho a discrepar, pero de ah¨ª a decir que se cambi¨® la jurisprudencia o que se atac¨® la independencia de los jueces hay una distancia"

R. All¨ª hay un error porque no ha habido cambio en la jurisprudencia. Creo que ¨¦ste es un tema muy raro, es una tormenta en un dedal de agua, porque el Estado fue condenado y los M¨¦moli, al d¨ªa siguiente, titularon en su peri¨®dico: Ganamos, perdi¨® Argentina. Habr¨¢ otras personas que interpretar¨¢n mejor que las v¨ªctimas qui¨¦n gan¨® o perdi¨® pero la sentencia condenaba a Argentina por violaci¨®n de la Convenci¨®n y establec¨ªa que se levantara la congelaci¨®n de bienes que se hab¨ªa decretado contra los M¨¦moli, que era lo esencial del proceso, porque la sentencia penal nunca se lleg¨® a hacer efectiva. Hay que revisar esa afirmaci¨®n. Si alguien se someti¨® a un caso que no le sali¨® como quer¨ªa, est¨¢ en su derecho a discrepar, pero de ah¨ª a decir que se cambi¨® la jurisprudencia o que se atac¨® la independencia de los jueces hay una distancia.

P. Hay quienes tambi¨¦n insin¨²an que detr¨¢s de ese fallo hay cierta intenci¨®n pol¨ªtica para ganarse el favor de Argentina de cara a potenciales apoyos para futuros cargos

R. Cualquier insinuaci¨®n de favoritismo pol¨ªtico me parece inaceptable, sobre todo porque, en lo esencial, el Estado argentino fue condenado.

Futuro en un organismo internacional

P. Dos medios, La Raz¨®n, de Per¨² y Semana, de Colombia, han informado esta ¨²ltima semana de que usted tiene intenci¨®n de postularse a la candidatura de la OEA o de otro organismo regional y que cuenta con el apoyo del presidente Ollanta Humala. ?Qu¨¦ hay de cierto en estas afirmaciones?

R. Si Humala decidiera presentar mi candidatura, estoy seguro de que primero me lo consultar¨ªa a m¨ª.

El efecto que sentencias sobre los derechos de los homosexuales o la fecundaci¨®n in vitro pueden tener en la afirmaci¨®n de los derechos es sumamente importante y enormemente esperanzador"

P. ?Si se lo pidiera, aceptar¨ªa?

R. Como dicen en Colombia, amanecer¨¢ y veremos. De los problemas se habla cuando se presentan. No hay nada y todo de lo que se est¨¢ hablando es mera especulaci¨®n.

P. ?Qu¨¦ le seducir¨ªa a usted?

R. No me he puesto a pensar todav¨ªa. He estado tan dedicado a la presidencia que lo que tengo que empezar a hacer es a generarme en el ejercicio de la funci¨®n de abogado y consultor¨ªa. Probablemente los dem¨¢s est¨¢n pensando m¨¢s en mi futuro que yo mismo, lo cual es bueno porque me ayuda a pensar en lo que podr¨ªa hacer despu¨¦s.

Futuro de la Corte y del SIDH

P.?De qu¨¦ sentencia se siente m¨¢s orgulloso en su etapa como presidente de la Corte, cu¨¢l ha sido el fallo que usted ha sentido que iba a marcar un hito en la jurisprudencia latinoamericana?

R. Estar¨ªa dif¨ªcil porque todos los casos tienen un elemento de novedad fundamental. Pero, hay algunos que han sido m¨¢s novedosos porque se salen de la inercia de casos anteriores, como el de no discriminaci¨®n por raz¨®n de la orientaci¨®n sexual [caso Atala vs Chile] o el de la fecundaci¨®n in vitro [caso Artavia Murillo vs Costa Rica], porque a trav¨¦s de ellos tocas la sensibilidad y la realidad de muchos millones de individuos que hoy d¨ªa, si tienen una afectaci¨®n en sus derechos, si son discriminados por su orientaci¨®n sexual, tienen ah¨ª un elemento fundamental de defensa aunque la ley en su pa¨ªs diga otra cosa. El efecto que eso pueda tener en la afirmaci¨®n de los derechos es sumamente importante y enormemente esperanzador.

Yo a la CIDH no puedo darle ninguna? instrucci¨®n de lo que tiene que hacer, pero es ¨²til que se tenga en cuenta que siempre ser¨¢ interesante explorar ¨¢reas novedosas, ¨¢reas sobre las que todav¨ªa no se ha pronunciado la Corte y a cuya jurisprudencia los Estados pueden acogerse"

P. ?Son este tipo de casos de gran calado en los que deber¨ªa centrarse la Corte en el futuro para fomentar su transcendencia y hacerla m¨¢s incisiva?

R. Yo a la CIDH no puedo darle ninguna sugerencia o instrucci¨®n de lo que ellos tienen que hacer, pero es ¨²til que se tenga en cuenta que para un tribunal que nunca ser¨¢ estad¨ªsticamente relevante, siempre ser¨¢ interesante explorar ¨¢reas novedosas, ¨¢reas sobre las que todav¨ªa no se ha pronunciado la Corte y a cuya jurisprudencia los Estados pueden acogerse.

P. La CIDH se lamenta de que la Corte est¨¢ desestimando cada vez m¨¢s casos que les remite y, por otro lado, el tribunal y muchos juristas se quejan de la lentitud con la que la Comisi¨®n resuelve las denuncias que se le presentan. ?Qu¨¦ pueden hacer ambos organismos para conseguir mayor cohesi¨®n, dinamismo y coordinarse mejor?

R. No hay una cr¨ªtica de mi parte hacia la CIDH y, si la CIDH tiene alguna cr¨ªtica hacia la Corte, no la conozco. Pero cada cual tiene sus propias especificidades, son ¨®rganos aut¨®nomos y as¨ª tiene que seguir siendo. Este a?o, despu¨¦s de muchos, hemos tenido una reuni¨®n plenaria entre los miembros de la CIDH y de la Corte. All¨ª no se hablaron de casos pero s¨ª se definieron algunos pasos en materia reglamentaria que fueron acogidos. La comunicaci¨®n es de la mejor y creo que en este ¨²ltimo a?o la CIDH entendi¨® que hablar de reformas o era sin¨®nimo de debilitamiento y que es normal que toda instituci¨®n est¨¦ abierta al di¨¢logo y al cambio. Cuando la CIDH sali¨® del esquema prehist¨®rico de que cualquiera que hablara o pusiera en discusi¨®n sus procedimientos estaba atacando a la CIDH, muchos Estados empezaron a dar sus opiniones demostrando que no exist¨ªa esa especie de alud monocorde de que todos estaban en contra.