El defensor del Pueblo advierte del auge de la violencia en Bolivia

La violencia en Bolivia se ha intensificado y se ha extendido ¡°alimentada por la impunidad, la debacle del sistema judicial, la poca capacidad del Gobierno para enfrentarla¡± y la pasividad de la ciudadan¨ªa, concluye el informe del Defensor del Pueblo, que refleja un estremecedor cuadro de la grave afectaci¨®n a los derechos humanos en sectores vulnerables de la sociedad y, en los cuarteles militares.

La infancia, la ni?ez y la adolescencia ¨Cque representa el 31 por ciento de la poblaci¨®n boliviana- es el grupo et¨¦reo que soporta la violencia ¡°de manera insostenible en casi todos los ¨¢mbitos de su vida¡± en sus hogares, las escuelas y en el trabajo. Ocho de cada diez son v¨ªctimas de maltrato f¨ªsico y verbal, de violaciones sexuales, explotaci¨®n laboral y abandono.

Veinte mil peque?os, con familia, se encuentran en hogares de acogida y otros diez mil viven en las calles. Cerca de 1.400 acompa?an a sus padres en las c¨¢rceles mientras que m¨¢s de 800.000 son trabajadores, cita el informe para dar apenas un pantallazo de la dram¨¢tica situaci¨®n y las perspectivas de futuro de un tercio de la poblaci¨®n.

Destaca tambi¨¦n los esfuerzos gubernamentales por reducir la pobreza de las familias, empe?arse en garantizar la educaci¨®n de todos los bolivianos menores de edad, entre otros derechos econ¨®micos, sociales y culturales, adem¨¢s de los b¨¢sicos como el acceso al agua potable, energ¨ªa y alcantarillado.

El otro grupo vulnerable es el de la mujer, que soporta tambi¨¦n grados extremos de violencia. En 2013 se ha registrado el asesinato de 139 mujeres, de estos 50 por inseguridad ciudadana y las restantes 89 se consideran? feminicidios.

El cap¨ªtulo dedicado a la violaci¨®n de los derechos humanos en recintos militares es el que ha generado reacciones cr¨ªticas de parte de autoridades civiles, militares y de la Polic¨ªa, que consideraron ¡°aislados¡± los casos de una docena de conscriptos y militares que terminaron en muerte, seg¨²n detalla el informe del Defensor del Pueblo, Rolando Villena.

El documento menciona el vano intento de reunirse con el comandante de las Fuerzas Armadas, en dos ocasiones, y otra con el ministro de Defensa para considerar ¡°las muertes en recintos militares, los casos de tortura y el uso de conscriptos para trabajos particulares¡±. Tampoco ha tenido respuesta una petici¨®n similar ante la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Villena ya no cuenta con las simpat¨ªas del Gobierno, molesto por sus observaciones en una serie de situaciones que afectan los derechos ciudadanos. El presidente Morales expres¨® su desilusi¨®n y pesar por haber sugerido a los movimientos sociales y a los asamble¨ªstas su apoyo para elegirlo como Defensor del Pueblo en la Asamblea Legislativa.

¡°La gesti¨®n 2013 permiti¨® visibilizar de forma integral y completa la realidad¡± de casos de grave vulneraci¨®n de los derechos humanos en recintos militares ¡°asociados fundamentalmente a la impunidad, a la ausencia de mecanismos de prevenci¨®n, cuidado y protecci¨®n de la vida y, a hechos de tortura y tratos crueles e inhumanos¡±, expresa la Defensor¨ªa antes de plantear la necesidad de impulsar una investigaci¨®n transparente e imparcial sobre los casos denunciados y, a la par, la revisi¨®n y el cambio de normas y conductas que ¡°avalan y protegen estos actos¡± que, dice el informe, ¡°parecen responder a patrones culturales e institucionales que tienden a privilegiar la violencia como m¨¦todo de formaci¨®n¡± y, a subestimar los valores supremos de la vida y la integridad.

El documento detalla las circunstancias en que se produjeron doce muertes entre octubre de 2012 y noviembre de 2013, despu¨¦s de mencionar que desde 2010 a la fecha se contaron veinte muertes.

En el periodo considerado se citan los decesos de dos soldados mientras desarrollaban labores a favor de particulares; de un cadete y un soldado que se ahogaron al intentar sacar una vagoneta arrastrada por una riada, sin ninguna seguridad para su vida.

En declaraciones a la prensa local, la madre del cadete del Liceo Militar de Sucre lament¨® que el due?o del veh¨ªculo, presuntamente un jefe militar, no hubiese medido las consecuencias al pedir a los j¨®venes el rescate del coche.

Dos j¨®venes se ahogaron, el uno en un estanque de una ladrillera de Trinidad y el otro en un r¨ªo en Cochabamba, en su d¨ªa libre, seg¨²n las autoridades.

Otros tres murieron a causa de la mala manipulaci¨®n de armas y, una enfermera fue encontrada sin vida en las instalaciones del Gran Cuartel de Miraflores de La Paz.

Otros dos miembros del Ej¨¦rcito y la Naval fueron abatidos durante una operaci¨®n de erradicaci¨®n de hoja de coca en Apolo. La Defensor¨ªa atribuye falta de precauci¨®n y de protecci¨®n a las v¨ªctimas, una vez que los dirigentes cocaleros advirtieron a las autoridades que pod¨ªa suscitarse enfrentamientos.

El alf¨¦rez Emmanuel Cusi perdi¨® la vida durante un entrenamiento de buceo en el estrecho de Tiquina y el subteniente Ceooly Espinal muri¨® por un traumatismo cr¨¢neo encef¨¢lico en la Escuela de C¨®ndores de Sanandita, en circunstancias a¨²n no esclarecidas.

¡°En ningunos de los casos se?alados u otros anteriores existe una condena judicial y actualmente s¨®lo se tiene el proceso que se sigue contra los presuntos responsables del caso Poma¡±, explica el Defensor.

El subteniente Grover Poma falleci¨®, en febrero de 2011, luego de recibir una ¡°brutal paliza por parte de un instructor y otros camaradas en la Escuela de C¨®ndores de Sanandita¡±, donde se prepara a tropas de ¨¦lite para sobrevivir en condiciones adversas y, a veces, hasta inhumanas, seg¨²n algunos testimonios recogidos en la prensa local.

El proceso judicial de Poma no ha terminado, pese a que fue derivado de la justicia militar a los tribunales ordinarios, por decisi¨®n del Tribunal Constitucional. El padre de la v¨ªctima ha acudido a los medios locales para pedir a los jueces que den por cerrado el caso de su hijo a fin de que, tres a?os despu¨¦s, ¡°haga justicia por propia mano¡±.

El Defensor considera que, adem¨¢s de la permisividad del Estado y la ausencia de mecanismos internos de control, la cultura de violencia dentro de las Fuerzas Armadas genera ¡°un clima propicio para la vulneraci¨®n sistem¨¢tica y recurrente de los derechos humanos, que suele expresarse en diversas formas de tortura y tratos degradantes e inhumanos¡±.

Este a?o, la entidad ha recibido y gestionado 117 denuncias contra varias instituciones de las Fuerzas Armadas. Constituye un avance pues pocos son los que se atreven a denunciar los atropellos, verbales o de hecho, y a¨²n en ese caso, se ven muy presionados por sus propios compa?eros, y a veces hasta los familiares, para volver a sumirse en el silencio y continuar en un inacabable c¨ªrculo vicioso de violencia.